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 Luis Atienza.

El lunes 23 julio, a las once de la mañana, la noche se hizo de repente sobre buena parte de la ciudad de Barcelona. Es muy probable que el próximo martes, a eso de las cinco de la tarde, se produzca una fenómeno meteorológico similar en las sedes de Endesa y Red Eléctrica, aunque esta vez, como es lógico, en términos metafóricos.

Ese día el consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) se reunirá para estudiar sendos informes. Uno elaborado por los servicios técnicos de la comisión y otro por el ponente Sebastiá Ruscalleda, que durante semanas ha analizado lo que pasó durante aquellas jornadas en las que unos 250.000 vecinos de Barcelona se quedaron sin luz. En algunos casos, el apagón duró hasta 60 horas.

Y lo que está ahora sobre la mesa no es otra cosa, según fuentes solventes, que una sanción ejemplar a las dos compañías implicadas en la interrupción del suministro eléctrico. Aunque la cuantía no está todavía perfilada, es altamente probable que vaya en dos direcciones. Habrá una fuerte multa económica para Endesa y Red Eléctrica y, al mismo tiempo, se articularán una serie de medidas regulatorias con las que se pretende evitar sucesos similares en el futuro. Según las citadas fuentes, estas medidas serán de mucho mayor calado que la propia sanción económica, ya que ambas compañías cuentan con la suficiente musculatura financiera para hacer frente a una multa.

Este carácter ‘ejemplarizante’ de las sanciones ha sido en ocasiones sugerido por la propia Generalitat de Cataluña, que es la que más críticas recibe por parte de los ciudadanos cuando hay problemas en el suministro. Y el hecho de que el ponente sea el catalán Ruscalleda -avalado por ERC y CiU- apunta en esa dirección. Sobre todo, si se tienen en cuenta que la propia presidente de la CNE, Maite Costa, es catalana y uno de los consejeros de mayor fuste, Jorge Fabra, también lo es. Otros vocales de la CNE nombrados a propuesta del PSOE están igualmente por la labor de extremar las sanciones.

La importancia que ha dado la Comisión Nacional de la Energía a este asunto puede visualizarse en un detalle. Su consejo de administración se reúne normalmente los jueves, pero en esta ocasión se ha hecho una convocatoria extraordinaria para el próximo martes con carácter monográfico.

Aunque las dos compañías saldrán ‘trasquiladas’en el informe que aprobará la CNE, esas mismas fuentes sugieren que la peor parte se la llevará Red Eléctrica, el gestor técnico del sistema eléctrico, propietaria de la subestación de Collblanch, que se incendió tras desplomarse un cable de alta tensión propiedad de Endesa.

REE, la más castigada

Culpar a Red Eléctrica de que miles de barceloneses estuvieran sin luz durante dos días y medio en plena canícula no es fácil en términos políticos, ya que no hay que olvidar que el Estado continúa siendo su principal accionista, y de ahí que la discusión del próximo martes prometa ser caliente. La Sepi -Sociedad Estatal de Participaciones Industriales- es su máximo accionista (un 20%), lo que le permite elegir presidente, que no es otro que Luis Atienza, ex ministro de Agricultura en el último Gobierno de Felipe González y hombre de gran confianza del vicepresidente Solbes.

Entre algunos consejeros hay un histórico ‘cabreo’ con Red Eléctrica, a quien se considera responsable de muchos fallos e ineficiencias en el suministro. Sin embargo, siempre ha evitado las sanciones debido a su carácter de empresa semipública. Por ley, la participación del Estado no puede bajar del 10%, lo que le da una situación de privilegio, ya que el resto de operadores no puede controlar más allá del 3% de los títulos. El resto está en Bolsa.

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