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 Pedro Solbes, ministro de Economía y Hacienda (Efe).

El Gobierno ha abierto un nuevo frente en su eterna batalla contra el Partido Popular: el fiscal. Con nulo ruido mediático pero con gran repercusión económica, la Inspección de Hacienda ha lanzado una ofensiva en toda regla contra los dos últimos pilares de la política fiscal del Gobierno de José María Aznar, una política caracterizada por una tributación muy favorable de las inversiones. Se trata de la deducción por reinversión en el Impuesto de Sociedades (ver noticia) y de las sociedades patrimoniales.

En ambos casos, está detrás el mismo leit motiv: son instrumentos fiscales que permitían a los grandes patrimonios acceder a una tributación mucho más baja que la estándar por las plusvalías generadas en distintos activos. Así se cumple con la vieja aspiración socialista de subir los impuestos a los ricos, aspiración que ya se pudo ver en la ofensiva contra las sicavs de 2005 y, hasta cierto punto, en la reforma fiscal que subió el tipo único de las ganancias patrimoniales del 15% al 18% (aunque el 15% sólo se aplicaba a las generadas a más de un año).

En el caso de la deducción por reinversión, permitía que esas plusvalías tributaran al 15% en vez de al 35% (32,5% este año) al volver a invertir el dinero en una serie de activos, con lo cual fue una práctica que utilizaron todas las empresas, entidades financieras y grandes patrimonios. Ahora, la Inspección está estudiando qué hay detrás de esos vehículos y cuestionar todas las deducciones aplicadas hasta ahora, lo cual ha creado una inseguridad jurídica muy fuerte.

En cuanto a las sociedades patrimoniales, aunque el importe afectado es menor, el vehículo era todavía más escandaloso: "Un verdadero coladero", según un experto fiscalista que asegura que los propios responsables fiscales del Gobierno anterior así lo reconocían. Estas sociedades servían para lo mismo que la deducción por reinversión, es decir, para que las plusvalías tributasen al 15% en vez de al 35%.

Históricamente, en España había sido mejor para los ricos tributar por Sociedades (al 35%) que por Renta (hasta el 56% antes de la llegada del PP al poder). Pero eso cambió con la reforma fiscal del PP que introdujo el citado tipo único de las plusvalías a más de un año en el Impuesto sobre la Renta al 15%. Para equilibrar, el 2003 se introdujo la figura de las sociedades patrimoniales, que tributaban como una persona física: tipo fijo del 40% para los rendimientos del capital (intereses, dividendos, alquileres, etc.) y del 15% para las plusvalías. Con una ventaja añadida: ese pago era definitivo, es decir, si la sociedad repartía su beneficio como dividendo, sus propietarios no tenían que volver a pagar como ocurre con las sociedades cotizadas, por ejemplo.

Este auténtico chollo popularizó enormemente las sociedades patrimoniales, que alcanzaron las 600.000 en 2005 (y probablemente sean muchas más en la actualidad). Pero la reforma fiscal del PSOE que entró en vigor el 1 de enero de este año acabó con esta figura, si bien permitió su disolución con cierta neutralidad fiscal. Así las cosas, ahora la Inspección se ha puesto a revisar las sociedades que generaron plusvalías de cierto tamaño para tratar de que paguen al 35% en vez del 15%.

El argumento utilizado por la Inspección, según distintas fuentes consultadas, es que la sociedad en cuestión no era patrimonial, sino una empresa normal dedicada a una actividad. Y lo cierto es que hay una gran zona de sombra: "Al PP le daba vergüenza este instrumento y no quiso regularlo demasiado, con lo que no está nada claro qué requisitos deben cumplirse para ser sociedad patrimonial", asegura una de estas fuentes.

En teoría, si hay algún tipo de actividad económica, la sociedad no se puede considerar patrimonial. Y ahí está el gran caballo de batalla, porque el PP aplicó los criterios de la legislación anterior a 2003, cuando se trataba de favorecer la tributación por Renta (al 56%); en consecuencia, se pretendía que el grueso de las sociedades fueran consideradas patrimoniales (el propietario tenía que imputarse en el IRPF las ganancias de este tipo de sociedades). Ahora, el objetivo de la Inspección es el opuesto: considerar sociedades con actividad a la mayoría de las patrimoniales.

Un ejemplo es que los inspectores de Hacienda están interpretando que todo lo que toque el suelo es actividad económica -alquileres, compraventa de inmuebles, etc.-, mientras que hasta ahora la norma exigía unos requisitos como tener un empleado a tiempo completo dedicado a estos negocios y un local afecto a la actividad.

Otro campo de batalla es si el activo vendido -que generó la plusvalía- estaba afecto o no a una actividad económica. La norma decía que bastaba con tener descompensado el balance 90 días -es decir, sin imputar la plusvalía a beneficio ni a reservas- para que la sociedad se considerara patrimonial. Pero la Inspección también está cuestionando ese criterio. Igualmente, considera ahora que las ventas de participaciones superiores al 5% en una compañía también es actividad económica.

Con estas dos ofensivas simultáneas de la Inspección -que la Agencia Tributaria reconoce, aunque niega que se trate de una persecución a estos vehículos y lo achaca a las sospechas de fraude-, el Ejecutivo ha sembrado el pánico entre los grandes patrimonios, como hizo en su día con las sicavs. Los bancos privados y los bufetes de abogados trabajan a marchas forzadas para hacer frente a estas inspecciones. Y, como siempre en estos casos, el sector considera que el Gobierno está jugando con fuego y que puede conseguir que todos esos patrimonios se vayan fuera de España.

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