Colonial se defiende y recuerda que hay un proceso judicial por tentativa de estafa contra Bifasa
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Efe. Madrid. - 08/06/2007 12:16h Actualizado: 08/06/2007 14:01h
Inmobiliaria Colonial se defiende de las acusaciones realizadas por el administrador de la inmobiliaria Bienes Familiares (Bifasa), José María Maldonado Nausía, en las que aseguraba haber denunciado a Colonial ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por "grave infracción" contable por no haber reflejado en sus cuentas una reclamación judicial por un edificio.
En una nota de prensa, Colonial se defiende alegando que el edificio en cuestión, situado en Madrid, "es propiedad de Colonial desde el 17 de febrero de 1999 según declaró el laudo arbitral de fecha 29 de febrero de 2000, dictado por la CIMA y confirmado por la Sentencia dictada por la Sección 13 Bis de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 4 de febrero de 2003".
Colonial recuerda que hay un proceso judicial por tentativa de estafa, por supuestos delitos de alzamiento de bienes y por presentación de documentos falsos en juicio contra Bifasa.
"D. José Mª Maldonado Nausía se ha negado a otorgar en escritura pública dicha compraventa a favor de Colonial y, cuando esta compañía, previa consignación judicial del precio pendiente (21.798.709,03 €), solicitó del auxilio judicial para el otorgamiento judicial de la escritura, el citado D. José María Maldonado Nausía procedió a cambiar la titularidad registral del inmueble, y a dicho respecto, figura imputado, junto a otros, por unos supuestos delitos de alzamiento de bienes, presentación de documentos falsos en juicio y tentativa de estafa procesal, que se tramita en los Juzgados de Instrucción de Madrid", explica Colonial.
Maldonado mantiene que Colonial no recogió en sus cuentas de 2005 y 2006 que Bifasa le había reclamado judicialmente la propiedad de un inmueble en Madrid, lo que, a su juicio, debería haber sido registrado como "pasivo contingente".
Bifasa señala que la sanción a Colonial podría alcanzar hasta el 5% de los recursos propios de la inmobiliaria y una multa de hasta 300.000 euros a cada uno de sus consejeros. Asimismo, explica que denunció judicialmente a Colonial al considerar que había incumplido el contrato de compraventa del inmueble por no haber pagado el importe íntegro, sino sólo una señal de 1,8 millones de euros.
Agrega que Colonial ha recibido durante este tiempo más de veinte veces esa cantidad mediante el cobro de las rentas de alquiler del edificio a la empresa Telefónica Data.
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