Viernes, 6 de julio de 2007 (Actualizado a las 11:14)

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Náuseas me da el ver cómo se intenta hacer política familiar a base de chequera. Sean 2.500, ó 10.000, los euros que se abonen por cada criatura que venga al mundo a partir de cuando sea. Insultante me parece el afán por jugar al “yo más” en el que, sobre esta materia, está envuelto el discurso de los dos principales actores del escenario político patrio. Vergüenza ajena, y severa preocupación, me produce el comprender que, de ninguno de ambos, podemos esperar una cierta altura de miras sobre el conjunto de decisiones que afectan al núcleo esencial de cualquier sociedad que es la familia, base de su supervivencia. Vivimos en el “Mi reino por un voto”. País, que diría Forges.

Porque traer hijos al mundo es, ante todo, un ejercicio de responsabilidad y no el resultado de un trapicheo económico que, en este caso concreto, seguro que es pan para hoy y hambre para mañana. De hecho, si hiciéramos un análisis ‘bottom-up’ de los hijos como activo en el que invertir, el resultado sería natalidad cero, aun con las ayudas del gobierno. Los hijos vienen con un pan debajo del brazo derecho... y con una plétora de facturas bajo el izquierdo. Los flujos de caja son claramente negativos y el escenario temporal, ante la perpetuación de las criaturas en el hogar parental, se acerca a la famosa g a la que hacen referencia los modelos de descuento de cash flows. La natalidad requiere de incentivos económicos, cierto, pero dentro de un marco de política familiar ambiciosa. Los parches acaban cediendo si la bola se sigue hinchando.

La familia se convierte en una inversión enormemente rentable cuando se analiza desde una perspectiva ‘top-down’, esto es: si se contemplan los beneficios que la estabilidad y el crecimiento del núcleo familiar, aportan para el conjunto de la sociedad. Se trata de un ejercicio a largo plazo, de una apuesta cuyos frutos no nos corresponden y, por tanto, de un activo en el que los réditos dependen de las decisiones de hoy pero se manifestarán mañana. Obviamente estas tres consideraciones les alejan de cualquier atractivo para la clase política actual donde la gestión de la “cosa pública” ha pasado, de guiarse por los principios de la mejora de las condiciones de la ciudadanía, a la búsqueda de la forma de eternizarme en el poder.

Resulta curioso como en una sociedad cada vez más desestructurada familiarmente, como la nuestra, la realidad económica parece querer indicar justamente las bondades de lo contrario. El consumo se ve favorecido por el trade-off o la relación de intercambio de hijos, menos, por tiempo libre o capacidad de gasto, más. La pléyade de separaciones y divorcios ha dado sostén al mercado inmobiliario y ha permitido crear una cultura, la del single, impensable hace unos años y que ha encontrado en el ocio compartido una vía indudable de expansión. Hay toda una economía sumergida de “cuidadoras”, legión extranjera, que permite a muchas parejas, bajo la excusa de realizarse, trabajar a destajo para mantener unos estándares de vida artificialmente creados a costa del tiempo que dedican a su progenie. El envejecimiento de la sociedad ha permitido la explosión del lucrativo negocio de las residencias de la tercera edad, aparcamiento, muchas veces por voluntad propia, cierto es, de aquellos que sólo pueden aportar a la sociedad el pasado que han ayudado a construir. La conclusión es una sociedad más rica pero menos humana, en el sentido más profundo del término. Y no hay nada peor que le pueda pasar al hombre que la pérdida de su naturaleza.

Los valores de la familia son incuantificables desde el punto de vista económico y, precisamente por ello, exigen una comprensión global por parte del legislador. En muchos casos, de hecho, requieren de políticas de restricción que, paradójicamente, son las que ofrecen mayor libertad. No es más libre el que tiene más caminos para elegir, sino el que sabiendo por dónde quiere ir, sabe cuál de ellos es el correcto. Lo contrario produce angustia e incertidumbre. Y entramos aquí en un debate de enorme calado social que ni mucho menos debemos considerar superado. El hombre nace, fomento de la natalidad, aplicación estricta de las leyes que la restringen; crece, ayudas a la educación en todos los niveles, conciliación entre vida profesional y familiar, incentivos a la compra de la primera vivienda, subvenciones a las familias numerosas; se reproduce, establecimiento de marcos que favorezcan la estabilidad matrimonial; y muere, subsidios para el cuidado de personas mayores, cambio del régimen de Seguridad Social de reparto a capitalización.

Aunque suene a eslogan electoral, invertir en familia es invertir en el futuro de la sociedad. España es el país donde más ha caído el porcentaje de menores de 14 años en Europa en los últimos 25 años... y donde más ha subido el porcentaje de mayores de 65 años; tiene una tasa de natalidad de 1,34 hijos por mujer, muy lejos de lo que exigiría el reemplazo generacional, siendo España el país de Europa donde más tarde se tiene el primer hijo (casi con 31 años); su crecimiento poblacional es debido principalmente a la inmigración que está cambiando la estructura social; ha vivido un crecimiento del número de abortos del 75% en los últimos 10 años, cantidad que sube al 326% cuando de divorcios se trata (es verdad, partiendo de bases de comparación más bajas); y hasta ahora destinaba sólo el 0,68% del PIB a gasto familiar. Desde ese punto de vista cualquier medida es bienvenida. Pero es momento de hacer política y no demagogia. Aplíquense el cuento.

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