Sevilla, 24 jul (EFE).- Una pareja sevillana que compró una vivienda a la inmobiliaria Aifos ha presentado una denuncia penal en la que pide prisión para el presidente de la empresa y su esposa y que el juez proceda a la intervención judicial de la sociedad.

La pareja compró un piso en la promoción "Ribera del Guadalquivir" de Coria del Río (Sevilla) en el año 2006 y en total pagó 18.000 euros sin que, a día de hoy, la empresa "haya puesto ni un solo ladrillo ni haya llevado a cabo el más mínimo movimiento de tierras", según la denuncia a la que ha tenido acceso Efe.

La denuncia, dirigida al juzgado que corresponda por reparto, solicita la prisión preventiva, sin fianza, para el presidente de la empresa y su esposa y que se les requiera el pago de una fianza de 180.000 euros para hacer frente a las posibles responsabilidades respecto a los cien compradores que adquirieron una vivienda en la misma urbanización.

Aifos se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado 22 de julio y su presidente, Jesús Ruiz Casado, pasó un tiempo encarcelado por la "Operación Malaya" contra la corrupción en Marbella hasta que abonó una fianza de 500.000 euros.

La denuncia asegura que "es evidente" que tanto Ruiz Casado como su esposa, copropietaria de Aifos, "han distraído y desviado, en su propio provecho, el dinero ingresado por todos y cada uno de los compradores" de Sevilla.

Así se desprende del hecho de que las entregas a cuenta "no hayan tenido la más mínima traducción inversora en la construcción, que a día de hoy es inexistente" pues el solar "no ha tenido jamás encima una máquina, ni un solo trabajador u operario con objeto de iniciar obra alguna".

Aifos "ha cerrado todas y cada una de sus oficinas en Sevilla y el dinero de las entregas a cuenta ha desaparecido", en un presunto delito de apropiación indebida por el que, además, la demanda exige que el juez proceda a la intervención de la compañía y a nombrar un administrador judicial.

La empresa "es una sociedad inmobiliaria reconvertida en una máquina de delinquir", según los denunciantes, que por ello piden también que el juez encargue a la Unidad de Estafas de la Policía un informe completo sobre el número de personas que adquirieron viviendas en la promoción Ribera del Guadalquivir, las cantidades entregadas a cuenta, si la promotora ha obtenido licencia municipal de edificación y la existencia o no del obligatorio seguro.

A la Guardia Civil, la denuncia solicita un informe sobre la posible intervención de los denunciados en otras actuaciones delictivas relacionadas con el fraude inmobiliario.

El abogado denunciante, Antonio Moreno Bautista, ha asegurado a Efe que las cantidades entregadas por sus clientes no estaban aseguradas, como exige la ley, y que las viviendas "fueron vendidas sin tener licencia de obras y sin saber de dónde se iba a sacar la energía eléctrica".

Ha añadido que considera "increíble" que Aifos "no haya sido intervenida aún por ningún juez" y por ello entiende que el Estado podría ser responsable civil subsidiario "por haber consentido, a través de uno de sus órganos como es la Administración de Justicia, que estos supuestos estafadores siguieran en la calle". EFE aga/dt/prb

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