A través de la siempre interesante columna de los lunes de John Dizard en el suplemento de Fondos de Inversión del Financial Times descubro un documento extraordinariamente revelador: el acuerdo firmado por el Ministerio de Sanidad griego y las compañías farmacéuticas acreedoras para liquidar la deuda hospitalaria pública del país. Una cuantía que, como se puede ver en la página 3 del informe adjunto, había pasado de 1.230 millones de euros a finales de 2006 a 3.520 apenas tres años más tarde en la contabilidad primigenia. Un incremento cercano al 300% que vino acompañado de un aumento del periodo medio de pago de los 13,4 meses a los 36,1 en el mismo lapso de tiempo. Lo insostenible de la situación aconsejaba una solución de compromiso, como ha sido el caso.

¿Cuáles son los términos del pacto? Se liquidan todos los pagos pendientes anteriores a 30 de junio de 2007 por un importe de 1.740 millones de euros. El resto es sustituido por unos bonos cupón cero con vencimiento a dos, tres y cuatro años en función de que el devengo se produjera en 2007, 2008 y 2009, por un total de 5.260 millones. 7.000 millones sumando ambas categorías que chocan con las cifras antes mencionadas. Cosas de las revisiones contables en Grecia, capaces de doblar partidas como quien no quiere la cosa, aunque estas modificaciones supongan, sólo en este caso, 600.000 millones de las antiguas pesetas. Una barbaridad. El Estado todavía pero…  ¿dónde escondían estos saldos de clientes las firmas privadas? En fin, quizá esto explique algunas cosas.

A partir de este punto, el documento, de una sola página, subraya que caben dos opciones.

1. Que la nueva emisión permanezca en el balance de las compañías sanitarias acreedoras. En ese caso se entiende que la oferta es por el nominal y lo que hay es conversión de deuda comercial por financiera y un mero diferimiento de pago, sin ningún tipo de remuneración al tenedor.
2. Que salga del balance de las mismas gracias al prepago de un tercero, banco, compañía aseguradora o similar. En ese caso, se ofrece al comprador de la nueva deuda un descuento medio de emisión, que varía en función de los plazos, del 19% sobre lo adeudado a las farmacéuticas en forma de rendimiento implícito. De hecho se vincula prepago a descuento.

Una medida que extiende la situación de debilidad del deudor al acreedor, cuya difícil situación de capital circulante (mercancía vendida y no cobrada) prácticamente le obliga a elegir la segunda opción. De ser así: uno, estaría aceptando una quita de facto de sus derechos de cobro cercana al 20% (oscila entre el 12% y el 32% en función de los plazos); dos, con casi total seguridad, su obligatoriedad de encontrar un adquirente para la deuda hospitalaria a fin de materializar su cobro anticipado, provocará una presión a la baja adicional en el descuento solicitado por los potenciales compradores; tres, y más cuando no está tan clara que la banca quiera sustituir deuda de multinacionales que generan flujo de caja recurrente por renta fija soberana griega por más que pueda ser utilizada como colateral para recibir financiación del BCE.

Acabo con tres reflexiones:

1. ¿Cuál es la situación en España? Servidor se tiró ayer la tarde intentando encontrar documentación sobre el particular y, entre la descentralización autonómica y el látigo de su indiferencia con que me castigó el equipo de prensa de Farmaindustria, me fue imposible recopilar información. Sí que sabemos que es éste un problema al que nuestro estado del bienestar no es ajeno. 
2. ¿Es posible una solución similar en nuestro país? Puede, pero sería peligroso toda vez que se pasa de un riesgo Administración interno a un riesgo Estado internacional. Cuidado. Uno tiene que saber muy bien dónde está la lupa que analiza tu viabilidad.
3. Lo cierto, en cualquier caso, es que Grecia ya está reestructurando sus deudas a través de un proceso de conversión de sus proveedores por adquisición de bienes y/o servicios en bonistas, descuentos por pronto pago incluidos. ¿Hasta qué punto se puede extender a sus emisiones de deuda? Ustedes mismos.

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