No sé por qué se me vino esta expresión a la cabeza al leer la noticia de apertura del Expansión de ayer. Una información completada por medio de editorial, desarrollo interior a toda página y opinión adyacente. Cumplimiento exacto de los cuatro ingredientes que, en la prensa de papel, determinan la máxima jerarquía de una pieza. “Los alcaldes amenazan con expropiar suelo a la banca”, era el encabezamiento. El objetivo de esta acción municipal sería “forzar a los bancos a construir para recaudar y crear empleo”, activando “los suelos sin urbanizar y los solares sin edificar”. De lo contrario “podrán ser expropiados a valor rural”. Una bomba si no fuera porque, en la coyuntura actual, no tiene ni pies ni cabeza. Qué se le va a hacer. Ni por la parte de los sujetos, ni por razón del objeto, ni siquiera por los efectos o la norma que la ampara. Que la salud financiera de los Ayuntamientos esté de moda y que tengan que buscar fórmulas para salvar la cara no implica que puedan suceder imposibles. La vida es así.

En efecto, que las arcas municipales están más tiesas que la mojama no es ninguna novedad. Pero es precisamente ese hecho el que invalida su capacidad para poder iniciar actividad alguna sujeta a desembolso monetario de cualquier especie, por oportunista que pueda parecer (salvo que el proceso expropiatorio se haga con carácter de urgencia de forma suficientemente justificada, que no es el caso, donde vale para la toma de posesión con una señal). No sólo eso. Son muchas las ciudades y pueblos que no pueden siquiera desarrollar urbanísticamente terrenos que les han sido graciosamente cedidos, ante la imposibilidad de financiar su puesta en marcha. O que, habiendo completado la edificación con fines electorales mediante la construcción de VPO, el resultado final ha sido deficitario por los excesivos costes asociados a una obra que busca contentar al votante. Si es así con lo que no cuesta, cuánto más con aquello que viene con un precio, aún reducido, debajo del brazo. Se da, además, la paradoja de que su acción iría dirigida contra una banca que es, en muchos casos, la que está aportando recursos para salvar el día a día de las corporaciones, nóminas y gastos corrientes. Atreverse a morder de este modo la mano que te da de comer resulta, cuanto menos, improbable.

Hay un segundo aspecto que llama poderosamente la atención. Y es el pensar que la ausencia de gestión en aquellos suelos y solares susceptibles de ser expropiados es consecuencia de la mala situación de sus primigenios titulares, primero, y la falta de diligencia de la banca después. Un hecho que pasa por encima de aquel cambio normativo del Banco de España en virtud del cual tienen menos requerimientos de provisiones los créditos vinculados a pisos terminados que a inmuebles en desarrollo o solares. Si hay alguien, por tanto, interesado en que se completen promociones destinadas a ser primera vivienda en zonas ya urbanizadas son las entidades financieras. Y cuando no ha quedado más remedio que incorporar suelos al balance ha sido, o bien por ser rústico (en cuyo caso el cambio de uso municipal post expropiación sería susceptible de reclamaciones indemnizatorias), o bien por ser urbano pero no estar urbanizado (en cuyo caso el municipio requeriría financiación para acometer tales obras), o bien porque cumpliendo todos los requisitos para empezar a construir no hay salida para los inmuebles. Pensar que lo que queda en el balance de bancos y cajas son joyas de la corona de fácil rentabilización no deja de ser ilusorio.

Existe, por último, un condicionante legal. En el proyecto de Ley de Economía Sostenible se contempla una modificación del Texto refundido de la Ley del Suelo que, atendiendo a las circunstancias actuales del sector y teniendo en cuenta que la finalidad de eliminación de la especulación que se pretendía con la medida ya no tiene sentido, contempla el alargamiento del plazo de tres a seis años para que un propietario de suelos urbanizables comience a edificar antes que vuelvan a ser considerados como rústicos con el consiguiente desplome de su valor. En caso de aprobación final de la norma nos encontraríamos con que las actuaciones de los Ayuntamientos chocarían con una legalidad sobrevenida, en trámite parlamentario hoy día, que podría traer tras de sí un galimatías jurídico de cuidado. Una incertidumbre que invalida cualquier viso de concreción final de la amenaza.

Mal enemigo, por tanto, se están buscando los Ayuntamientos si ahora deciden ir contra bancos y banqueros. La pregunta que surge de inmediato es ¿por qué entonces? Hombre no me sean cándidas almas de Dios que ya todos somos mayorcitos. Si expropiaran directamente a los promotores se llevarían la deuda consigo y no está el horno para esos bollos. Además, hay que aprovechar el sentimiento negativo contra la institución bancaria, gran culpable de la presente crisis para el pueblo llano. Por otra parte, cualquiera se arriesga a que alguno de los adjudicados parcelarios ahora amenazados con la retirada de las licencias y de la propiedad decida tirar de la manta de cómo fue el procedimiento de asignaciones. ¿Sorprendidos? Es la España que tenemos… y que tenemos que desterrar para siempre. Con su colaboración y la mía. A por ellos que son pocos y cobardes.

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