En esta España anestesiada en la que nos ha tocado vivir, noticias que deberían ser apertura a cinco columnas en cualquier medio de comunicación medianamente decente, pasan completamente inadvertidas. Tal es el caso de las conclusiones del último informe del Círculo de Empresarios que, en su vigésimo sexta edición, está dedicado al problema de la Economía Sumergida en nuestro país.

El llamado Libro Marrón consta de 267 páginas que buscan analizar el problema en todas sus dimensiones: desde su cuantificación en términos de PIB a las implicaciones laborales, fiscales y sociales de la cuestión. Basten, para situar el post de hoy, tres pinceladas.

1. Que nos estaremos refiriendo a actividades legales pero ejercidas de forma ilícita o no declarada. Si añadiéramos las intrínsecamente delictivas, el importe total se dispararía considerablemente.
2. Que, según los distintos métodos indirectos de estimación, aproximativos por tanto, su volumen se sitúa entre el 19,5% y el 23,5% del Producto Interior Bruto español. España sería, por tanto una quinta parte más rica de lo que las estadísticas oficiales reflejan, hecho que estaría en la base de la escasa conflictividad social que un paro del 20% ha producido a día de hoy. Nación de busquillas ésta.
3. Que una de las causas que permiten su existencia es, en palabras de los autores, “la tolerancia social al fenómeno”. Quien más quien menos acepta como natural la pregunta de “¿con o sin factura?”; entiende como legítima la reivindicación de un trabajador que se va de “¿por qué no me das el paro?” (y te devuelvo bajo cuerda la indemnización para tu caja B); o los cambalaches a la hora de escriturar un piso entre los sobres y la cifra oficial, realizados en gran parte en el propio despacho de los fedatarios públicos.

Tres ejemplos de la vida corriente que son una buena muestra de ese consentimiento -explícito o tácito- a transacciones propias de la economía paralela que tienen como consecuencia inmediata bien una merma de la recaudación para las arcas públicas, bien un aumento de las contraprestaciones del Estado sin razón última que las justifique. Menos ingreso y más gasto que, a día de hoy, coinciden con un déficit de recursos de la Administración.

La suma entre esta realidad y la connivencia con el fraude da un resultado de todos conocido. Más nos valiera pararnos a pensar un poquito en él antes de consentir. Así, aquellos que cumplen con sus obligaciones tributarias tendrán que acarrear con el pesado saco de más impuestos, sea por ampliación del número de hechos imponibles o del tipo de gravamen sobre los ya existentes. Por el contrario, tengan por seguro que los que defraudan no van a renunciar ni a uno sólo de los derechos constitucionales que les amparan y que se sufragan con tributos ajenos: salud, educación y hasta justicia, entre otros.

Un problema cuya solución ha de ser, necesariamente, de arriba abajo a través tanto de aumento de la calidad de y la confianza ciudadana en las instituciones, simplificación y flexibilización del régimen fiscal y laboral, reducción de tramitación burocrática, reforzamiento de los mecanismos inspectores y sancionadores (la mejor inversión que se puede realizar a día de hoy), mayor comunicación y control de transacciones a través de la aplicación de nuevas formas de pago y avances informáticos, monitorización de los flujos de efectivo; cruce de datos entre plantilla y producción en base comparativa, registro centralizado de alquileres y así sucesivamente.

Sin embargo, es igualmente necesario un cambio de mentalidad de abajo arriba. Decía mi madre cuando me casé, en una lección que no he olvidado once años más tarde, que lo que mata a las finanzas familiares son los totales: “total, si son 5 euros; total, si son 10 euros”. Y así, tacita a tacita… Pues bien, lo mismo ocurre con la economía sumergida. Cualquier gesto de complicidad con la misma, por mínimo que sea, es un boomerang que antes o después vendrá a buscarle con fuerzas renovadas en forma de menos renta disponible. Ahorro a corto a cambio de palo tributario a largo. Usted decide.

Concluyo con las palabras escritas por Carmen Alcaide, ex presidenta del INE, en el último párrafo del prólogo a una publicación ésta del Círculo, a mi juicio, de inexcusable lectura: “la existencia de un volumen amplio de este tipo de actividad y el aumento de la misma deben considerarse como un fracaso del sistema económico, político, social, ético y moral de un país y debería llevar a una revisión general de las leyes y normas de funcionamiento del mismo”. Amén.

Buena semana a todos.

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