El pasado 22 de julio nos hacíamos eco en esta misma columna de un estudio publicado por los profesores del Instituto de Empresa Francisco Marcos y Juan Santaló sobre el impacto negativo que, sobre la iniciativa privada y la productividad de las comunidades autónomas, tiene el exceso de regulación regional. Advertíamos entonces que “es ésta una de las consecuencias del absurdo modelo de estado español, en el que la ambición regional por acaparar competencias se ha convertido en un obstáculo para la unidad de mercado y la diferenciación económica como nación, hándicap que ya se puso de manifiesto con la trasposición de la Directiva de Servicios de la UE. Un proceso de difícil vuelta atrás que condena a nuestro país a un tiempo de dificultades más extenso que la de otros estados de nuestro entorno, salvo reversión improbable, claro está. En fin, es lo que hay.”

Me ha parecido oportuno rescatar hoy esa pieza. ¿A cuento de qué?, se preguntarán ustedes. Dos son las razones. Una primera hace referencia al consenso creciente entre la ciudadanía sobre la necesidad de racionalizar la estructura y tamaño de las distintas administraciones si no se quiere poner en peligro el estado del bienestar y las prestaciones básicas que lo definen. Por mucho que algunos dirigentes autonómicos se echen las manos a la cabeza, parece, en contra de lo que afirmamos hace ahora medio año, inevitable. Sería imperdonable desaprovechar esta inercia. Pero es que, además, coincide dicha corriente con la publicación en WSJ por parte de Barack Obama de una columna que ha tenido escasa difusión en nuestro país y que gira, precisamente, alrededor de la necesidad de mantener el equilibrio entre regulación y fomento de la iniciativa privada (Hacia un sistema regulatorio del Siglo XXI).

Una colaboración de imprescindible lectura que alguno puede interpretar, erróneamente en mi modesta opinión, como una Oda al Liberalismo. Juicio equivocado, entre otras cosas, porque hay a lo largo del texto un severo reconocimiento de errores tanto por efecto como por defecto (“en ocasiones, hemos fallado en nuestra responsabilidad básica de proteger el interés público, con desastrosas consecuencias”, afirma en relación con la crisis bancaria). Sin embargo, centrar el debate en tales disquisiciones sería una oportunidad perdida de profundizar en una serie de mensajes esenciales:

1. La necesidad de hacer un repaso normativo completo que “elimine aquellas disposiciones trasnochadas que dificultan la creación de empleo y restan competitividad a nuestra economía”. Nada es inmutable y hay que revisarlo todo en función de ese objetivo último. No en vano añade más adelante: “eliminaremos las leyes que entren en conflicto con esa meta, cuya relación coste beneficio sea negativa o que hayan quedado trasnochadas y hayan simplemente devenido absurdas”. Y concluye: “miraremos el sistema en su conjunto con el fin de asegurarnos que evitamos la regulación excesiva, inconsistente y redundante”. Envidia de la sana.
2. Un proceso que “incluirá la supresión de reglas que son fruto de las acciones de lobbies en Washington durante décadas”. Si esto se materializara de verdad, que lo tienen que ver mis ojitos, sería una ruptura con el establishment tal y como está ahora estructurado. No en vano la independencia del poder legislativo en Estados Unidos respecto a determinados intereses no responde en ocasiones ni a un criterio formal. La mujer del César fue enterrada hace tiempo. En cualquier caso, sería una reforma igualmente necesaria en esta España de las componendas.
3. Sigue con cuestiones procedimentales al advertir que “en la redacción de las normas han de jugar un mayor papel tanto expertos como compañías afectadas y ciudadanos. Es hora de aprovechar la sociedad de la información para informar a los consumidores de sus alternativas en lugar de restringirlas”. Una apuesta por la transparencia que difícilmente puede casar con el desiderátum recogido en el apartado anterior y que es uno de los elementos de más difícil aplicación práctica de la propuesta por el conflicto de intereses. Aprovecha, en cualquier caso, para recordarnos que estamos en el siglo XXI: “eso significa tener, como la sociedad, una mayor presencia online: eliminar trámites y papeleo que hacen perder tiempo y dinero”. En este último punto hemos recorrido, cierto es, una parte del camino.
4. El párrafo final es Obama en estado puro. No me resisto a reproducirlo literalmente: “esta es la lección que nos ha dado nuestra historia: que nuestra economía no es un juego de suma cero. Legislar tiene un coste; hemos de preguntarnos como nación si está o no justificado. Pero lo que sí está claro es que el equilibrio es posible. Podemos hacer más fuerte nuestra economía, más competitiva, mientras cumplimos con las obligaciones mutuas que Estado y ciudadanos tenemos contraídas”. Se me saltan las lágrimas.

Veremos a ver en qué queda todo esto. Pero que una economía flexible y abierta como la estadounidense sea capaz, a estas alturas de la película, de hacer un planteamiento tan ambicioso como éste pone aún más en evidencia la cortedad de miras de nuestra clase política y su falta de ejecución, factores ambos que condenan a nuestra economía, si no se corrige esta deriva, a más años de penurias de las imprescindibles. Concluyo como lo hiciera en mi post de entonces, con la esperanza de provocar que alguno por las alturas se caiga del guindo y empiece a tomar las decisiones adecuadas: "hay una percepción errada de que es el nivel de competencias el que determina la aceptación de los ciudadanos respecto a su clase política regional. Pues no, lo es la buena gestión. Y muchas veces ésta pasa por admitir errores, desandar parte de lo andado y construir la casa desde los cimientos y no desde el tejado. Hace falta determinación y valentía. ¿La habrá? Me temo que no pero por decirlo que no quede". Pues eso.

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