Hacía tiempo que no se producía una polvareda empresarial como la que ayer levantaron Carlos Hernanz y Daniel Toledo con su información sobre la posible aplicación de un nuevo entorno tarifario, menos favorable y con efecto retroactivo, a la industria de las energías renovables, con especial énfasis en la fotovoltaica, segmento más primado. Mientras que el recorte de precios era contemplado por el sector como algo no sólo factible sino incluso razonable, resultado de esa curva de aprendizaje que permite mejorar la tecnología y abaratar el coste de generación, el hecho de que se trate de modificar el statu quo de las instalaciones ya en funcionamiento trae de la mano tantas y tan malas lecturas que, sinceramente, creo que la propuesta se quedará en una suerte de globo sonda más, como tantos que se han lanzado en los últimos meses, sin efecto final alguno. Tal interpretación se vería refrendada por el hecho de que, a día de hoy, el Ministerio de Industria carece siquiera de un borrador susceptible de negociación con las partes interesadas, de modo tal que la resolución normativa final puede estar más lejos de lo comúnmente esperado. Una tesis dilatoria que comparte nuestro insider, El Quinto en Discordia, en este interesante análisis de su columna de hoy.

Partamos de un hecho cierto. Todo esto es fruto de un disparate administrativo que revela indudables lagunas de planificación y gestión achacables al ejecutivo socialista, el mismo que ahora quiere cambiar las reglas de juego. Hasta el punto de que se puede decir, sin temor a equivocarnos, que España ha perdido una oportunidad histórica de situar nuestra economía como líder en un segmento de tanto potencial como el de las fuentes alternativas de energía simplemente por hacer las cosas mal. Cegada por el oropel de sostenibilidad medioambiental que las mismas ofrecían, la Administración estableció una serie de incentivos que ejercieron un indudable efecto llamada, precisamente, por su garantía tarifaria. Una disposición exagerada que convirtió en financiero lo que debería haber sido un negocio operativo, puerta de entrada  para defraudadores y especuladores. No sólo eso. Delegó en los entes más corruptos del Estado, los municipios, la decisión de implantación, sin atender al más mínimo criterio de racionalidad y ofreciéndoles una sustancial fuente de ingresos adicional sujeta a la misma arbitrariedad teórica que la inmobiliaria. Por último, estableció una primacía en el vertido a la Red de la electricidad generada de este modo frente a la convencional atendiendo, ¡qué locura!, a sus características de falta de uniformidad e irregularidad y la necesidad de aprovechamiento inmediato. Generación preferente y primada. Como para resistirse.

Y, claro: la gente no se resistió y el modelo ha reventado ayudado de varios motivos más recientes que responden a factores de oferta y demanda. El consumo de electricidad en España ha caído, lo que ha provocado que sólo las fuentes subsidiadas fijen el precio marginal que resulta de aplicación a toda la industria, dándose la paradoja de la entrada en el pool del contaminante carbón nacional antes que el ciclo combinado. El resultado es que gran parte de las inversiones que de esta última modalidad -que usa el gas como combustible principal- se han realizado en los últimos años, a razón de medio millón de euros el megawatio, apenas funcionan el total de horas suficiente como para… cubrir costes de explotación. De recuperar la inversión, que huele preocupantemente a coste hundido, ni hablamos. Mientras, las especiales circunstancias climatológicas del último año han disparado la producción de energía eólica, acentuando aún más el problema debido a su preeminencia de volcado en la Red. El sobrecoste se ha disparado en un entorno de escrutinio internacional de nuestras cuentas públicas y las alarmas ululan por los pasillos de las dependencias gubernamentales. Pese a que en la nueva Ley de Economía Sostenible se mantienen los objetivos formales de crecimiento adicional hasta 2020, aunque ya superamos con creces la media de las naciones desarrolladas en porcentaje productivo sobre capacidad total instalada, la sensación general es de que “Houston, tenemos un problema” y a ver cómo salimos de él.

Llegados a esta situación, la solución no es fácil. Como me comentaba ayer un banquero bien informado sobre la cuestión, “en un momento dado, el gobierno decidió entregar un Porsche Cayenne en forma de proyecto renovable a aquél que se lo solicitara. Por su cuenta y riesgo. Un modelito a estrenar que venía con todos los extras, incluido el mantenimiento (primas), seguro (prelación y capilaridad de la red eléctrica) y coche de sustitución (en forma de centrales de gas back-up o alternativas para el consumo de lo producido en horas valle como las hidráulicas inversas o ese coche eléctrico que te podrás enchufar al llegar a casa). Como no podía ser de otra manera, fueron muchos los que decidieron aprovecharse del chollo, haciendo uso con carácter general de la abundancia de crédito para recurrir a recursos ajenos en modelos cerrados de project finance. Si los socialistas modifican de modo unilateral las condiciones, esto puede quedar hecho un solar plagadito de Cayennes sin uso productivo alguno y con una financiación asociada importante. Sería demoledor y traería de la mano un torrente de acciones legales. Pero ni siquiera es lo más importante. No hay que olvidar que España es el centro del universo renovable a día de hoy, hecho al calor del cual han acudido a nuestro país numerosos inversores foráneos que han comprado activos ya en funcionamiento sobre la base de una normativa looking forward y unos parámetros financieros. Sólo nos faltaba, con la que tenemos encima, transmitir una imagen de inseguridad jurídica como ésta. Pan para hoy y poco más”. La posibilidad de adjudicaciones masivas a la banca y de liquidación acelerada de las mismas por parte de ésta es real.

Es verdad que la tentación para el ejecutivo es enorme. La retroactividad es una medida que va directamente al debe de las cuentas públicas, reduciéndolo, y puede ser usada demagógicamente como un instrumento de lucha contra la especulación mediante la adecuada tergiversación de los datos, algo en lo que algunos son unos profesionales. De ahí que los tres principales lobbies –eólico, termosolar y fotovoltaico- se estén moviendo entre bambalinas para frenar la iniciativa, siendo el último el que potencialmente tendría más que perder por el carácter patrimonial de una parte sustancial de su propiedad. Sin embargo, no teman, no va a salir, no puede salir. Un despropósito nunca soluciona otro. Sería añadir sal a la herida de esta España suya, esta España nuestra de un modo tan torpe y con unas consecuencias tan imprevisibles que lo convierte en un melón muy difícil de abrir. Veremos una reducción de la tarifa; una adecuación a los nuevos precios de aquellas instalaciones que hayan incumplido la norma en su creación y/o en su explotación (que son muchos como ya comentáramos en su día); se favorecerá la concentración geográfica y la centralización administrativa, adecuando rentabilidad y escalabilidad; aumentarán los mecanismos de control y de sanción; se buscarán vías de sustitución de los modelos privados de Project Finance por créditos blandos que mantengan el esquema de rentabilidad razonable al que alude el Tribunal Supremo; se fijará una penalización tributaria a los excesos, y así sucesivamente. Hay mil alternativas. Sólo hay que echarle un pelín de imaginación y hasta ganas de trabajar.

En cualquier caso, sería un buen momento para introducir un debate serio sobre el modelo energético nacional: asignación de fuentes, eficiencia productiva, distribución adecuada, comercialización en competencia, ahorro público y privado y así sucesivamente, en el marco de esas reformas estructurales que siempre están por llegar. Ese es el verdadero problema y no el que aquí se plantea. Reparar una grieta cuando lo que está en peligro es el edificio es absurdo. Construyamos, por tanto, desde los cimientos, de una maldita vez. Mientras tanto, es verdad: el río suena. Y el hecho de que tanta renovable quiere salir a bolsa a múltiplos growth sobre valor en libros ahora que hay permisos dados para aburrir pero no financiación, hace que se tenga la impresión de que viene repletito de agua. Ojalá el Ministerio de Industria sea capaz de utilizarla desde la defensa del bien colectivo y no de forma demagógica. Novedad de novedades sería esto. Pero ya saben, la esperanza es lo último que se pierde…

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