Antonio Ramírez es un anónimo analista financiero español que desempeña su tarea en una boutique americana especializada en finanzas llamada Keefe, Bruyette & Woods. Sin embargo, en Londres es considerado por sus colegas como la referencia a la hora de calcular las necesidades de capital del sistema financiero español en general y de las cajas en particular. Muchos hablan de 45.000-50.000 millones de euros y lo hacen con base en el análisis por él realizado. Esa es la cifra a la que llega, tras: 

1. realizar sus propios stress tests en los que no incluye una reducción del valor de la deuda soberana española en el balance de las entidades financieras ligada a un impago que él ve improbable a día de hoy (sí lo hace de modo residual para Grecia y/o Irlanda);
2. utilizar como referencia los datos publicados por Banco de España cuya validez defiende pues no en vano ya reconoció que a junio un 41% del crédito ligado al sector inmobiliario y/o constructor estaba en riesgo, 180.800 millones de euros de 439.000 (página 10 de la siguiente presentación oficial), entre morosos (retraso de 90 días en pagos), subestándar (normalmente refinanciaciones), adjudicados y fallidos, esto es: activos problemáticos;
3. establecer un escenario sustancialmente más pesimista para la evolución del negocio operativo bancario y para el resto de la exposición inmobiliaria, valor de las garantías y la recuperabilidad de los créditos dudosos incluidos.

Así se recoge en su último informe publicado el pasado 7 de diciembre y que titula con el juego de palabras “Will Spain kill the Bulls?" en el que dedica a la cuestión de la recapitalización de las Cajas cuatro páginas, de la 10 a la 14, de las que destaca el cuadro de la página 11. En ellas trabaja con las siguientes hipótesis:

1. La pérdida esperada para el subsector de cajas la sitúa en el 10% frente al 7,7% que estima Banco de España. La diferencia principal viene del segmento inmobiliario y/o construcción para el que estima un aumento de los activos problemáticos hasta el 55% del total con un aumento simultáneo de la cobertura hasta el 47%. La pérdida reflejada en balance alcanzaría el 26% del total (47% del 55%). 
2. Como consecuencia del deterioro del margen operativo, el autor contempla una caída del resultado antes de provisiones de las cajas del 50% en 2010-2011 vs 2009 contra el 40% que tenía modelizado con anterioridad. Eso implica que el colchón para hacer frente a las posibles pérdidas vía beneficios se reduce de 24.200 a 21.700 millones de euros en los dos próximos ejercicios.
3. El impacto, neto de efecto fiscal, de ambas estimaciones, en caso de concretarse, sería de 55,817 millones de euros y reduciría el capital Tier 1 de las cajas al 3,3%. Una recapitalización al 6%, excluyendo los desembolsos ya realizados por el FROB y el Fondo de Garantía de Depósitos, requeriría de una aportación de 19,500 millones de euros. Sin embargo, el mercado será mucho más exigente (en Irlanda se ha situado en el 12%). Si asumimos un Tier1 del 9%, estamos hablando de 44.500 millones de euros. Cada punto de Tier1 arriba o abajo, son 8.500 millones más o menos.

¿Cifra suficiente para contentar al mercado? Dependerá de la respuesta a dos cuestiones relevantes:

1. Existen muchos errores metodológicos que llevan a conclusiones equivocadas. En España, por ejemplo, el importe medio de un crédito promotor/constructor respecto al valor de la garantía es del 80%. Por tanto hay un colchón del 20% de partida respecto al deterioro de esta última. Ese ajuste raras veces se ve en los bancos de inversión. Desde este punto de vista, una cobertura del 47% como la por él contemplada permitiría, sobre ese 80%, que los inmuebles afectos perdieran el 58% de su valor (20% más el 47% del 80%) antes de que las cajas incurrieran en pérdidas adicionales. Sólo así se puede percibir la crudeza de sus estimaciones. ¿Lo harán los inversores?
2. El ajuste tendría un coste, en el caso que fuera una recapitalización directa por parte del estado, del 6% del PIB, sumando las aportaciones realizadas al FROB y al FGD y las inyecciones adicionales necesarias. Una contribución más que razonable comparada con la situación que se pretende desactivar y que no supone una entrega a fondo perdido ya que los fondos se podrían recuperar a futuro. ¿Suficiente para unos observadores que han visto el coste que la regeneración de sistemas bancarios similares ha supuesto para arcas públicas de terceras naciones?