Que Telefónica es una compañía privada no deja de ser una verdad a medias. Técnicamente sí, pero es tan reciente tal situación que condiciona su pasado y su futuro. Ocurre que en su día a alguien se le ocurrió que las telecomunicaciones y el petróleo tenían carácter estratégico y deberían ser monopolios controlados por el Estado. Ese movimiento de nacionalización y concentración, por ejemplo, está en el origen de la fortuna de unos Carceller que ahora se refuerzan en Sacyr como vía indirecta de invertir en Repsol, su competidora. Se mantuvieron públicas durante décadas hasta que José María Aznar, con el fin de cuadrar las cuentas de la Administración, procedió durante su mandato a la colocación en bolsa de las acciones titularidad del Estado. En el caso de las Matildes, dicho procedimiento fue acompañado de una apertura del mercado, más teórica que real dada la posición de dominio de la compañía otrora estatal que, al menos por lo que a la telefonía fija se refiere, controlaba la red y podía hacer valer su músculo financiero. Hasta que no nace la movilidad, de voz primero y de datos después, no ve amenazada realmente su posición. Ahora se encuentra en una encrucijada histórica en la que la herencia anterior actúa, paradójicamente, en su contra.

Todo negocio no deja de ser rotación por margen o, lo que es lo mismo, volumen por ingresos netos. En compañías del perfil de Telefónica cobra una importancia especial, además, tanto la inversión en nuevas infraestructuras y/o el mantenimiento de las antiguas, como la gestión del balance. Sobre este último aspecto no me voy a extender pero sí sobre los otros dos. Pues bien, lo que nos encontramos a día de hoy es con una pérdida de clientes y merma de rentabilidad en los segmentos que tradicionalmente lideraba, fundamentalmente telefonía fija y móvil. En relación con la primera, la paulatina desaparición de su uso convencional, la mayor competencia tarifaria en los servicios de valor añadido, el éxito relativo de las nuevas propuestas comerciales emprendidas, ligadas a la integración con contenidos, o el nacimiento de sistemas de habla a través de la línea, de facturación ajena a la sociedad, son algunos de los factores que inciden negativamente sobre la firma. A ello se une un consumo intensivo de red que no puede rentabilizar y que sitúa el foco no tanto en la “carretera” como en el “coche” que se usa para transitarla, llámese este Google, Youtube o Facebook.

Ocurre lo mismo en el caso de la telefonía móvil donde su posición de partida es aún más vulnerable ya que no existen tantas barreras de entrada físicas como en el supuesto anterior, más allá de tupir la red de antenas suficiente como para que la cobertura sea la mayor posible. Lo único realmente importante es hacer un modelo de negocio que permita rentabilizar el coste del espectro. Pues bien, esta área de Telefónica no sólo participa en términos de amenazas de los problemas de base de clientes y facturación unitaria que aquejan a la división fija sino que se ve igualmente en peligro por, entre otros, la proliferación de redes privadas de comunicación que giran alrededor de los dispositivos y no de las compañías, por el boom de la movilidad que satura el espectro pero no produce ingresos incrementales o por el éxito reciente de las aplicaciones que en breve, si no ha ocurrido ya, venderán más que las empresas de telecomunicaciones que facilitan sus descargas. Un panorama sombrío que necesariamente ha de llevar a reinventar la compañía.

Decía antes que Telefónica es esclava de su pasado. Porque ahora que necesita la flexibilidad necesaria para adecuarse al nuevo entorno, carece de la capacidad de hacerlo. De ahí que el modelo de crecimiento pase por repetir, en nuevas áreas geográficas, viejos paradigmas de actuación. La compra de Vivo y su integración con Telesp busca replicar lo hecho en España en su día, sin que haya un cambio sustancial de políticas que permitan augurar un posicionamiento global mejorado en el futuro. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, de modulación más lenta en el tiempo y sujeto a mayor incertidumbre como, por ejemplo, su entrada en el ámbito financiero. China es otro tanto de lo mismo: masa crítica frente a nuevo perfil. Sorprende que, en mercados maduros, haya renunciado a crecer por la vía de nuevas fuentes de generación de ingresos y se haya centrado en la actuación sobre los costes, especialmente de mano de obra. Es pan para hoy y hambre para mañana que, ni mucho menos, resuelve el trágico problema estratégico de fondo de la empresa. Si ésta es la propuesta que la primera sociedad mercantil de este país tiene que hacer a sus ciudadanos en términos de competitividad, creo que debería darse de baja en el Pacto que ella misma lidera y que gira, no se me caigan de la silla, sobre el concepto de Responsabilidad Social Corporativa. Bonita forma de entenderla. Puede que la medida sea necesaria para su futuro inmediato pero es, sin duda, decepcionante para la sociedad, contraste entre interés particular y bien común. Y más cuando se aprovechan los resortes legales para hacer a todos los ciudadanos corresponsables, financieramente hablando, de la jugada.

Se cumple matemáticamente que, cuando una firma deja de estar en manos del Estado, pasa a estar al albur de los inversores que son los dueños de la misma. En este entorno, el Investor´s Day, se circunscriben las declaraciones de la semana pasada de Telefónica. Están encaminadas a mostrar que el bicho se mueve. Ahora les toca decidir a ellos, sus propietarios, si es en la correcta dirección. De ser así, la acción lo reflejará. Lo importante no son tanto sus 10.000 millones de beneficios, comprados en una buena parte a golpe de talonario con la correspondiente asunción de riesgos, si no la probabilidad de su sostenimiento en el futuro. De ahí que, del plan de opciones para directivos, tan reprobable ex ante como su cuantía o la obscena y errada coincidencia en el tiempo con el anuncio de despidos masivos, sea que no se vincule al comportamiento absoluto y no sectorial de la compañía, como ocurría en el pasado. Si se activara, por ejemplo, cuando la cotización supere los 22 euros, ese 25% de revalorización desde los 17,75 actuales, equivalente a 20.000 millones de euros de “creación” de valor, haría que pareciera incluso "razonable" la retribución establecida. Pero tal “bondad” se pierde cuando basta con ser el menos malo de la clase y, además, poniendo a gente en la calle, aunque pueda ser impepinable y los trabajadores puedan estar encantados con la medida. Pero insisto, los accionistas mandan. Desgraciadamente o no, son ellos los que dan carta de validez a cómo los gestores llevan la firma. Cosas del mercado.

Buena semana a todos.  

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