Fue en el verano de 2009 que nos hicimos eco de un reportaje de la revista Rolling Stone que había circulado con fuerza por los mentideros financieros de Estados Unidos. Lo firmaba Matt Taibbi y denunciaba la excesiva influencia de, el trato de favor generalizado hacia y las prácticas dudosas en Goldman Sachs, considerado por aquel entonces como uno de los grandes vencedores en la crisis. El autor se atrevía a romper el velo de silencio que rodeaba la acción del banco de inversión y provocaba una conmoción en el seno, no solo de la firma financiera, sino de la cándida, cuando quiere, sociedad estadounidense. Más de uno se cayó del guindo en aquel momento, almas cándidas de Dios. (Valor Añadido, Goldman Sachs, vampiro del Capitalismo I y II, julio de 2009)

Pues bien, Taibbi ha vuelto a la carga dos años más tarde con una acusación de calado que, sin duda, ha tenido su influencia en el devenir de los mercados a lo largo del último mes, especialmente en la primera economía del planeta. En el centro de la diana, la SEC (Securities & Exchange Commission), supervisor bursátil equivalente a la CNMV española. ¿Los cargos? Su actuación como tapadera para los “crímenes de Wall Street”, cita literal de un titular que no es moco de pavo: directo al hígado (Rolling Stone, Is the SEC covering Wall Street crimes?, Matt Taibbi). ¿Conclusión? Éramos pocos y parió el periodista al poner en tela de juicio uno de los pocos asideros de respetabilidad a los que se podían agarrar los inversores locales, dada su desconfianza sobre la deriva económica de Obama y su recelo ante la expansión sin precedentes del balance de la Reserva Federal.

“En las últimas dos décadas, la agencia ha destruido sistemáticamente pruebas de los casos preliminares ya cerrados. Este blanqueo de historiales ha impedido a toda una generación de investigadores federales conocer acusaciones pretéritas de información privilegiada, fraude y/o manipulación de mercados contra instituciones como Goldman Sachs, Deutsche Bank o AIG. Miles de evidencias acumuladas contra ellas durante años desaparecieron para siempre a golpe de ratón”. La práctica se remonta a 1993 pese a la obligación administrativa de la SEC de mantener los datos por un mínimo de 25 años y la prohibición legal de destrucción unilateral de los mismos. Actuaciones contra Madoff, Lehman Brothers o SAC Capital, llevadas a cabo mucho antes de que su colapso o la floración de sus actuaciones irregulares se produjeran, quedaron en el olvido con las consecuencias ya sabidas.

La fuente es un antiguo oficial de la propia SEC -de acuerdo con el WSJ especialista en destapar escándalos (WSJ, SEC lawyer blew whistle before, Jenny Strasburg),  que no limita a este hecho sus acusaciones sino que se ha soltado la lengua hasta un punto que parece haber trabajado más en la Sodoma y Gomorra del Cohecho que en un organismo supervisor. Relata casos explícitos de paralización de procesos por parte de directivos que acababan enrolándose en las filas de las entidades cuya falta de diligencia beneficiaba directamente, el uso de subcontratas legales para determinadas pesquisas que recaían precisamente en firmas que eran proveedores principales de las firmas sujetas a escrutinio, o los frecuentes soplos, comilonas y encuentros demasiado cordiales con empleados de las instituciones sujetas a tutela. Tal cúmulo de irregularidades daría sentido a la paradoja denunciada por un senador republicano de que “el responsable de investigar sea quien se deshaga de las evidencias fruto de su trabajo”.

En países donde estas cosas se toman en serio, el impacto sobre la credibilidad del conjunto del sistema en cuanto falla alguno de los pilares sobre los que se asienta es inmediato. Es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. La noticia ha caído como una bomba en los cimientos de su ya cuestionada economía financiera. De hecho, autores como Nassim Thaleb llaman abiertamente al boicot a la compra de acciones o deuda bancarias (CNN, The Great Banking Robbery, 2 de septiembre). La sospecha sobre las actuaciones potencialmente criminales en el seno de la SEC no ha evitado la sorpresa por su alcance. Lo que revela Taibbi es un estado permanente de corrupción en el que el interés individual se sitúa claramente por encima del colectivo, sin importarle las consecuencias. Una perversión del servicio público que se traduce en indefensión del que denuncia, protección del denunciado, merma a la transparencia y deterioro en la formación de precios, exactamente lo contrario de lo que se espera de la agencia estatal. Su impacto en la confianza de los inversores es inevitable.

Veremos en qué queda esto. De momento a este circo no paran de crecerle los enanos. Aquí y allá.