Se hacía eco ayer Expansión de cómo la disputa entre notarios y registradores está limitando la eficacia de una de las medidas anti crisis del ejecutivo socialista: la creación telemática de compañías. Ni la Administración, ni ninguno de los cuerpos antes citados, se hacen responsables de la falta de diligencia en tal proceso, limitándose, en palabras del periodista que firma la información, Yago González, a “acusarse mutuamente en fuego cruzado”. Mientras los unos mantendrían “estructuras decimonónicas”, los otros pondrían exigencias “a espaldas de la realidad”. Los burócratas, por su parte, reclamarían “pasos superfluos, innecesarios y poco acordes con la agilización que se quiere impulsar”. Compendio de lindezas, vaya. ¿Perjudicados?, los de siempre: el fomento de la actividad empresarial en general y los emprendedores en particular.

Sin embargo, aun siendo importante esta batalla, no es ni mucho menos la más relevante en la guerra que mantienen los distintos depositarios de la fe pública nacional. Así, tiene más trascendencia la que se libra en las trincheras de la calificación registral, área en la que los notarios reclaman su más absoluta indefensión ante la, a su juicio, reiterada falta de diligencia de los registradores. Una conducta que, para su sorpresa e indignación, el Tribunal Supremo ha revestido de los ropajes de la impunidad (¡ah, amigos! lex dura sed lex). En efecto, el órgano jurisdiccional superior declaró, en Sentencia del pasado tres de enero, la nulidad de las resoluciones de recursos recaídas fuera del plazo establecido en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria. Una decisión que da carta de validez a las calificaciones originariamente emitidas por los registradores lo que, en opinión de los notarios, genera “una grave situación de indefensión para el ciudadano”. No en vano, en la actualidad prima el silencio negativo en el proceso de apelación (denegación en ausencia de respuesta) frente al positivo (lo contrario). ¿Ley frente a razón, principio de legalidad convertido en arbitrariedad?

Las perlas que en su editorial dedica a sus vecinos de enfrente el último número de la revista del notariado madrileño, publicación a la que corresponde el entrecomillado anterior, no tienen desperdicio (Indefensión, El Notario del Siglo XXI, marzo-abril de 2010). Aquí tienen un ejemplo, comienzo del antepenúltimo párrafo: “Es responsabilidad urgente del legislador reparar el dislate cometido y crear de una vez por todas un recurso que coloque en la práctica a la calificación registral dentro de la normalidad, es decir, del control y de la responsabilidad, y no como ahora, convertida tras esta sentencia en una decisión inatacable casi de carácter divino. Y ello en interés no sólo del usuario y de la fiabilidad de nuestro Estado de Derecho, sino en el del propio cuerpo de registradores, pues sabido es que las situaciones de impunidad terminan en la práctica generando reacciones que, por excesivas, resultan de escaso interés para los que provisionalmente las han ostentado.” Alegato que, a continuación, va acompañado de la exigencia a la DGRN de las oportunas medidas disciplinarias contra los “perezosos”.

Más allá de que el editorialista del bimensual se haya desatado en esta edición -el viaje que le mete al nuevo Presidente del Colegio General es de los de agárrate y no te menees- es cierto que si hay algo que no se puede permitir a día de hoy nuestro país es que, gremios  que son garantes de la seguridad jurídica de buena parte de los actos civiles y de las transacciones mercantiles que en su territorio tienen lugar, anden a la gresca entre ellos, actuando aparentemente más en la defensa de sus propios intereses que en el de los ciudadanos a los que están llamados a servir, como funcionarios que, en definitiva, son, los únicos. por cierto, que aún se rigen por aranceles. Más cuando su convergencia futura parece inevitable.

Se trata de un acto de responsabilidad, primero, vistas las consecuencias que lleva aparejadas y que se han enumerado muy parcialmente en este post, y de supervivencia después: en los tiempos que corren, dar excusas que justifiquen que te vilipendien, como ha ocurrido en el pasado no tan reciente gracias al oportuno populismo gubernamental, es poner la mecha para que alguien encienda la llama, con consecuencias nefastas para los propios “pirómanos”. Que se lo pregunten, si no, a los controladores. De ahí que, por el bien de todos, ciudadanos y profesionales, es hora de que la DGRN tome cartas en el asunto de forma contundente y decisiva, primando eficacia y servidumbre pública frente a derechos de clase y conflictos pueriles. No es que sea mucho pedir aunque con el paso del tiempo uno va escarmentando...

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