Nos hemos vuelto locos. Definitivamente. Los medios de comunicación los primeros. El modo en el que se ha abrazado a las teóricas maravillas del techo constitucional de gasto al calor del texto propuesto pone los pelos de punta. Más allá de la necesidad de la medida, la única bondad formal cierta que el tontolhaba de McCoy puede encontrar al mismo es la capacidad de los dos grandes partidos políticos de ponerse de acuerdo por fin en un tema sustancial. Desgraciadamente, ha tenido que empezar a desprender olor el cadáver del zapaterismo, y ser insoportable la presión de los “socios” europeos, para que así fuera. Todo lo demás, incluida la redacción preliminar, es un brindis al sol de enorme fanfarria legal y escasa sustancia real. Para este viaje, no hacían falta tan leguleyas alforjas.

¿Una exageración? Veamos el nuevo artículo 135 de la Constitución, en el tenor en el que será presentado a su aprobación en las Cámaras, y me cuentan:

1. Hay un primer término que chirría por redundante. Hablamos de “estructural”. Si el objetivo es la estabilidad presupuestaria, no puede haber déficit. Y si éste existe, y además es estructural, entonces no puede haber equilibrio en las cuentas públicas. No sé si me entienden. Eso sí, meter el epíteto así de gratis queda de un fino en la oratoria política que mata. No les vamos a quitar ese gusto a nuestros parlamentarios. Sobre esto volveremos en nuestra cuarta apreciación.
2. Supongamos que aceptemos generosamente su inclusión y la interpretemos como aquella diferencia entre ingresos y gastos no debida a la acción del ciclo económico. Bien, surge aquí otra cuestión: ¿qué es coyuntural y qué es permanente –por ejemplo, un paro del 7%, del 15%, del 20%- en un entorno global donde las cosas cambian tan rápido? No olvidemos que estamos fiando su cumplimiento a 2020, año de moda por cierto en Europa para fijar toda suerte de objetivos. ¡Cuán largo me lo fiáis!
3. Sorprende que el límite constitucional al déficit vaya acompañado de una remisión a Maastricht por lo que al techo de deuda se refiere. Por dos motivos: uno, da validez y fuerza vinculante al Tratado de Funcionamiento de la Unión (TFU) en el caso del endeudamiento –hasta el 60% del PIB-, cuando la realidad prueba que no es así para ningún estado miembro, empezando por la propia Alemania, ¿en qué quedamos?; dos, si la financiación de cualquier agujero público requiere de la emisión de títulos soberanos, ¿por qué se renuncia a fijar constitucionalmente un máximo a su volumen sobre Producto Interior Bruto? En la Carta Magna de Estados Unidos, como hemos padecido recientemente, lo tienen claro: en situaciones extremas, sin la gallina de la restricción a la financiación, en este caso absoluta no relativa frente a la riqueza nacional, es imposible el huevo de la contención presupuestaria.
4. Lo del punto cuarto del artículo único es el acabose y deslegitima prácticamente cualquier rigor de la iniciativa al abrir la puerta a que ése 0,4% del que se habla -0,26% para el Estado, 0,16% para las regiones y un milagroso 0,00% para los ayuntamientos, en peregrinación desde ya a Fátima- pueda incrementarse, entre otros supuestos, en aquellas situaciones de recesión económica que escapen al control del ejecutivo y perjudiquen la situación financiera o la sostenibilidad económica o social de España. Vamos a ver, ¿es que nadie se acuerda del discurso de ZP sobre la culpabilidad de los mercados financieros hasta hace un par de días?, ¿no podrían haber justificado políticamente el presidente saliente y sus aliados parlamentarios que se daba el caso si la nueva redacción hubiera estado en vigor? El gozo de los ortodoxos de nuevo en el pozo de la arbitrariedad del gobernante de turno. Vaya. Si además es verdad que la cifra admitirá revisiones en 2015 y 2018, apaga y vámonos.
5. Queda por último la ausencia de cualquier referencia a las consecuencias del incumplimiento. Espero anhelante la Ley Orgánica para saber qué conejo se sacan de la chistera los legisladores. Es evidente que cabe un proceso sancionador de la Administración Central contra las Comunidades Autónomas, vista la corriente de flujos financieros entre ambas. Pero ¿del Estado contra sí mismo? He cerrado los ojos y me he imaginado por un segundo la sujeción de los miembros del aparato público a responsabilidades administrativas pero me temo que… El escaso impacto y la abstracción punitiva de las sucesivas leyes de estabilidad presupuestaria hacen temer lo peor. ¿Delegar tal potestad en Europa? Como diría aquél, ¿pa qué, pa cagal-la? Si es papel mojado. Lean el 123 del TFU, en relación con el BCE, y verán a qué me refiero…

No entiendo por tanto que se desborde un entusiasmo que me da que va a ser “champanero”, efervescente pero muy, muy limitado en el tiempo, salvo improbables sorpresas positivas en el desarrollo normativo. Debe ser la novedad legislativa que enfervoriza a las masas pero aporta pocas garantías adicionales a los inversores sobre la solvencia de los títulos españoles a día de hoy pues la prelación de pago era un hecho. Viva la locura colectiva. Porque del dicho, por muy constitucional que sea, al hecho media un gran trecho. Partimos de un 9,2% de déficit a cierre de 2010 vs el 3,3% de Alemania que adoptó una medida similar en 2009, al fijar un límite del 0,35% para 2015. Casi nada.

Racionalización del gasto, no menos sino mejor, y lucha contra el fraude frente a subidas de impuestos, para cubrir ese problema dramático de recaudación tributaria que padece España –diez puntos por debajo de la media comunitaria- al que hizo referencia Carlos Sánchez el viernes, son las recetas que siempre hemos defendido desde estas líneas. Quedan servidas una vez más. Y, si no, siempre quedará la creatividad a la que aludía la Lex Column del sábado del FT. En fin. Buena semana a todos.