MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas (CEPYP) pedirá a la Comisión no Permanente del Pacto de Toledo la eliminación de las penalizaciones económicas que afectan a los trabajadores que tuvieron que jubilarse involuntariamente de manera anticipada, a fin de que a partir de los 65 años puedan cobrar el 100% de su pensión.

Esta situación afecta, según sus cálculos, a más de 1,5 millones de personas en España. CEPYP argumenta que la inmensa mayoría de los trabajadores prejubilados como consecuencia de procesos de ajuste empresarial reciben hasta un 40% menos de la pensión que le correspondería de haberse jubilado a los 65 años, a pesar de que superan el tiempo máximo de cotización exigido por la Seguridad Social.

La reducción que se aplica actualmente oscila entre el 8% y el 6% por cada año que falta hasta alcanzar la edad oficial de jubilación (65 años).

En opinión de CEPYP, la aplicación de coeficientes reductores "desproporcionados e injustos" a la jubilación anticipada refleja el incumplimiento de la imprescindible relación entre lo que se ha contribuido al sistema mediante cotizaciones y lo que se acaba percibiendo como pensión.

"En la Seguridad Social, con 15 años de cotización, se cobra el 50% de la base reguladora, mientras que con 45 años de permanencia en el sistema, y por el mero hecho de haberse visto obligado a jubilarse cinco años antes de tiempo, se percibe el 60% de la base reguladora durante el resto de la vida", subraya CEPYP.

La asociación de prejubilados precisa que el coste de eliminar estos coeficientes reductores no superaría los 3.000 millones de euros anuales, "cantidad perfectamente asumible por la Tesorería de la Seguridad Social, que concluyó 2008 con un superávit de más de 14.000 millones de euros".

De acuerdo con sus estimaciones, cuatro de cada diez trabajadores que accedieron a la pensión de jubilación en 2009 no habían cumplido los 65 años, por lo que no cobrarán el 100% de la prestación. CEPYP denuncia que, en la última década, más de 1,7 millones de trabajadores se han visto obligados a abandonar las empresas a edades tempranas, "condenándoles a vivir con pensiones muy por debajo de las que les corresponden por su larga contribución al sistema".

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