Madrid, 16 feb (EFE).- El Gobierno y la Xunta de Galicia confían en que mañana miércoles llegarán a un acuerdo sobre la ley de cajas regional que permita posteriormente al Ejecutivo central retirar el recurso de inconstitucionalidad, pero ello se hará cuando el Parlamento gallego apruebe la modificación de la norma.

En rueda de prensa tras una reunión entre ambas partes, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, explicó que posiblemente mañana se pueda "perfilar" el borrador con las modificaciones que la ley de cajas necesita antes de retirar el recurso judicial.

La intención del Estado, insistió, es quitar el recurso en cuanto se trasladen esas modificaciones al proyecto de ley de cajas aprobado por el Parlamento de Galicia.

De esta forma parecía aclarar a la Xunta que el recurso pasa por modificar la normativa, ya que minutos antes, en el mismo acto la consejera gallega de Hacienda, Marta Fernández Currás, consideraba que aún no se había "aclarado" si se está hablando de "modificar la ley o de matizar preceptos".

En cualquier caso, las dos partes parecieron optimistas con la posibilidad de que se llegue a un acuerdo tras la reunión de más de tres horas mantenida esta tarde entre el Estado y la Xunta.

El secretario de Estado encabezó la representación del Ejecutivo nacional, en la que también participó el delegado del Gobierno en Galicia, Antonio Louro, mientras que por la parte gallega estaban entre otros el consejero de Presidencia, Alfonso Rueda y la consejera de Hacienda, Marta Fernández Currás.

Tras la discusión punto por punto de la decena de preceptos cuestionados por el Ejecutivo central en su recurso judicial, la Xunta y el Gobierno decidieron volver a reunirse mañana con la esperanza de lograr ya "acuerdos sustanciales".

Horas antes, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, mostraba en Bruselas su confianza en que la Xunta modificaría la ley de cajas regional para "adaptarla" a la Constitución.

La base de la discusión es que para el Gobierno central, nueve artículos y una disposición transitoria de esa normativa son contrarios a la LORCA, la Ley estatal de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros sobre la que deben basarse las autonómicas en esta materia, lo que propició el recurso judicial.

Para el Ejecutivo la norma regional atribuye competencias que no corresponden a la Comunidad Autónoma a la hora de determinar la solvencia y la naturaleza de las cajas como entidades de crédito (en este caso, Caixa Galicia y Caixanova).

En Galicia, los principales partidos interpretaron que con el recurso se trataba de impedir la creación de una gran caja, fruto de la fusión entre las dos existentes, pero Zarrías pidió hoy que no se tiña de tintes políticos esa decisión.

A las discrepancias sobre la constitucionalidad de la ley de cajas gallega, se unía que desde hace meses la Xunta cuestionaba el Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria (FROB), aprobado por el Gobierno desde el verano pasado para reforzar la solvencia de las entidades financieras y propiciar las fusiones y que a finales de enero recibió el visto bueno de Bruselas, en principio hasta el 30 de junio.

En concreto, la Xunta esgrimía que el FROB, en su artículo 8, concedía al Banco de España la decisión de autorizar fusiones entre entidades, algo que chocaría con el Estatuto de Autonomía de Galicia, que le da a su consejería de Hacienda competencias "exclusiva" en materia de cajas de ahorros, explicaron a Efe fuentes del Ejecutivo regional.

Pero a pesar de las diferencias de criterios, ambos Gobiernos mostraron su disposición de llegar a un acuerdo, y hoy en mayor medida.

Las negociaciones han sido intensas, porque esta mañana la consejera gallega de Hacienda participó en la Comisión Bilateral entre el Estado y la Xunta para exponer sus dudas acerca del funcionamiento del FROB, y posteriormente, por la tarde, mantuvo el encuentro con el Gobierno para explicar punto por punto la norma de cajas autonómica. EFE mbr/ap (foto)

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