Natalia Kidd Buenos Aires, 14 feb (EFE).- El debate sobre la evolución real de los precios en Argentina se ha reavivado, con renovadas sospechas sobre la fiabilidad de los datos oficiales de inflación y un impacto seguro en las negociaciones salariales que se avecinan.

La polémica se suscitó hace unos días, cuando grupos de consumidores alertaron sobre fuertes alzas en los precios de los alimentos, particularmente en la carne de res, producto "estrella" de la mesa de los argentinos.

Pero el debate se reinstaló definitivamente el viernes pasado, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó de que la inflación en enero pasado fue del 1 por ciento, menos de la mitad de lo proyectado por consultoras privadas.

Éste es un tema sensible entre los argentinos, quienes aún tienen presente la "hiperinflación" de 1989, cuando el coste de vida creció el 5.000 por ciento, y el alza del 41 por ciento en 2002, tras el estallido de una de las peores crisis económicas del país.

Para ahuyentar los "fantasmas", el ministro de Economía argentino, Amado Boudou, intentó calmar las aguas asegurando que en el país no hay "un proceso inflacionario" sino un "reacomodamiento de los precios relativos".

Este sábado el jefe del Gabinete de ministros, Aníbal Fernández, dio su propia explicación del fenómeno: las alzas de precios no se deben a "las complicaciones históricas que ha sufrido Argentina" sino a "un mejoramiento en la distribución" del ingreso.

Según Fernández, a partir de medidas de inclusión social, como la asignación por hijo que el Gobierno comenzó a otorgar en los últimos meses a padres desempleados, muchas familias comenzaron a "percibir un nivel de ingresos que antes no tenían" y que "es dinero que va al consumo".

"Todo ese consumo hace inexorablemente que exista una demanda que a veces no se puede satisfacer, y cuando no se satisface esa demanda, forzosamente tienden a subir los precios", argumentó.

Según las estadísticas oficiales, Argentina tuvo en 2009 una inflación del 7,7 por ciento, mientras que para las consultoras privadas la evolución real fue de entre el 15 y el 17,3 por ciento.

La fiabilidad de las cifras oficiales está bajo sospecha desde que en enero de 2007 el Gobierno introdujo cambios metodológicos en la medición de los precios.

Economistas y los propios empleados del Indec, que cada mes realizan un abrazo simbólico a la sede del instituto en señal de protesta por la intervención gubernamental a una institución que otrora gozaba de gran prestigio, han advertido en los últimos años sobre las consecuencias de haber roto el "termómetro" oficial sobre los precios.

"La intervención del Indec ha sido costosa: la falta de un indicador objetivo de la evolución de los precios deja sin referencia a los actores económicos y termina desatando mayores expectativas de inflación", advirtió la consultora Ecolatina en un informe que difundió hoy.

El lado más evidente es, quizá, el de la negociación salarial, que tradicionalmente se guió por las cifras oficiales de inflación para ajustar sueldos, pero que desde 2007 sigue un rumbo algo azaroso.

Luego de que en 2009 se concedieran aumentos promedio del 16,7 por ciento, los sindicatos se aprestan a reclamar alzas salariales de entre el 20 y el 25 por ciento en las negociaciones paritarias que iniciarán en marzo próximo.

Para Hugo Mpyano, el titular de la Confederación General del Trabajo, la mayor central obrera del país y aliada del Gobierno de Cristina Fernández, la evolución de los precios "no es para alarmarse".

Sin embargo, en declaraciones publicadas hoy por el diario porteño Página/12, reconoce que los sindicatos no negociarán salarios a partir de las cifras oficiales de inflación sino a partir de la evolución de los precios en los supermercados.

"Tomamos los precios que se dan en los supermercados porque en muchos casos hasta el 90 por ciento del salario se utiliza en comida. Quizá la inflación general es más baja que la inflación que se da en los precios de los alimentos. Pero lo que el trabajador consume masivamente son alimentos", afirmó.

Según una encuesta realizada por el portal Trabajando.com entre 3.000 empresas de todo el país, el 79 por ciento de los empleadores argentinos espera otorgar un aumento de sueldo este año; seis de cada diez empresas planea conceder alzas de hasta un 20 por ciento.

Ecolatina advirtió de que "el fuerte incremento de los precios de los alimentos en los meses previos a las paritarias puede avivar los reclamos de incrementos por parte de los trabajadores".

"El problema es que si se convalidan subas nominales elevadas, aumentan las presiones inflacionarias. Pero si la suba de precios supera el incremento de los sueldos, entonces cae el poder adquisitivo de los asalariados y por ende el consumo", señaló la consultora.EFE nk/ik

Otras noticias de Agencias