Esta semana se ha celebrado el XX Congreso de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, cuyos debates y conclusiones han tenido un amplio seguimiento por los medios.

Según los recortes de prensa que he podido consultar, los inspectores de Hacienda han puesto de manifiesto su preocupación por el elevado fraude fiscal existente, por la falta de conciencia social contra el mismo, se han quejado de la insuficiencia de medios para desarrollar su trabajo, se han detenido en el análisis de las resultados de los actuaciones penales por delitos contra la Hacienda Pública, reclamando cambios normativos (algunos de los cuales ya se ha producido) para incrementar sus capacidades de actuación y para asegurar el cobro de la deuda tributaria en estos casos,  se han felicitado por el éxito en general de sus actuaciones, que han contribuido a alcanzar una cifra de fraude fiscal descubierto en 4 años de más de 40.000 millones de euros, y en particular por intervenciones concretas como las realizadas con relación a los depósitos de residentes españoles en cuentas bancarias en el HSBC de Suiza.

Han reclamado mayor dureza en la lucha contra el fraude, más sanciones, el alargamiento de los plazos de prescripción del delito fiscal y algún cambio en la orientación de las actuaciones inspectoras, consistente en una mejor utilización de los sistemas de información en sus actuaciones investigadoras y en un incremento de las actuaciones directas “saliendo a  la calle”, “haciendo notar su presencia a través de visitas a las empresas con el objetivo de buscar y encontrar bolsas de fraude en aquellos centros donde se realizan actividades económicas”, señalando que “las visitas a los polígonos empresariales así como a los despachos profesionales se van a incentivar a lo largo del próximo año, con el fin de buscar nuevos defraudadores”.  

La visión y el enfoque del problema del fraude fiscal por los inspectores parecen claros, no son nuevos ni sorprenden.  Me imagino que la opinión que nos podrían transmitir un colectivo de árbitros de fútbol sobre su actuación en los campos se centraría básicamente en defender su autoridad y el rigor en la aplicación del reglamento, pero eludirían referirse a los numerosos errores que cometen (y que apreciamos todos las semanas a través de las televisiones) y a los perjuicios que causan.

Pero al igual que el espectador opina de lo que ve,  el contribuyente tiene derecho a tener su propia opinión sobre la actuación de una Administración que, no olvidemos, está a su servicio,  y sería interesante que el debate sobre la lucha contra el fraude no fuese unívoco, teniéndose en cuenta la opinión de colectivos de ciudadanos, empresarios, asociaciones empresariales y profesionales y asesores, que pueden estar tan comprometidos con el cumplimiento de la normativa tributaria como lo está la  Administración y no ser vistos como  meros destinatarios de unas actuaciones de investigación y comprobación, cuando no, como potenciales defraudadores.

La imagen que se quiso transmitir en el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y de la Seguridad Social, aprobado por el Gobierno en la primavera pasada al menos era ésa.

Los pilares de dicho plan se asentaban sobre bases como la colaboración social con las Administraciones y el fomento al cumplimiento voluntario.

Reproduzco a continuación un párrafo bastante ilustrativo de este documento:    

“A través del Plan se ha actuado de forma equilibrada en las dos líneas estratégicas de la Agencia, señalando como objetivo fundamental el fomento del cumplimiento voluntario por los ciudadanos de sus obligaciones fiscales. No debe olvidarse que el gran reto de la Agencia Tributaria no es descubrir mucho fraude, sino lograr que haya cada vez menos fraude”.

La AEAT ha querido avanzar en esta línea, pero posicionamientos frente al fraude como el sustentado por la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda puede restar credibilidad al Plan y evidenciar una falta de coordinación interna en la consecución de los objetivos por los que se dice trabajar desde la AEAT. 

Hoy en día muchísimas empresas y profesionales se encuentran absolutamente alineados con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, acuden al asesoramiento especializado para evitar en riesgo de incumplimientos involuntarios derivados de la aplicación de una normativa compleja y cambiante, adoptan medidas de control interno para evitar incumplimientos propios o de terceros, que no adoptan estos estándares,  con los que rechazan entablar relaciones si no asumen un cumplimiento escrupuloso de la normativa tributaria,  y están dispuestos a colaborar con la Administración asumiendo compromisos especiales.

Es cierto que hay fraude y economía sumergida (aproximadamente un 20% del PIB), un poco más que en la mayoría de los grandes países de la Unión Europea, pero tampoco muy alejados de sus cifras.

Es cierto que todavía el rechazo social contra el fraude no es muy elevado, pero pienso que para ayudar a cambiar esta situación se hace más avanzando en líneas de colaboración y de participación ciudadana que a través de la represión, especialmente cuando esta represión no cumple unos criterios esenciales de proporcionalidad que la hagan merecedora de aplauso.

Quiero referirme con ello a que las actuaciones se realizan más contra quien actúa desde el cumplimiento de la norma que contra quien se sitúa al margen de ella, que las comprobaciones afectan más a contribuyentes cumplidores, cuyo único reproche consiste en haber interpretado una norma en sentido distinto al que lo hace el Inspector, que en las campañas de inspección se da prioridad a cuestiones como la comprobación de incentivos establecidos para favorecer determinadas actuaciones o comportamientos que luego son revisados con criterios restrictivos, que muchas veces se establecen estándares de revisión en vía de gestión sustentados en criterios administrativos discutibles y en ocasiones descontextualizados, que se aplican a modo de plantilla en revisiones masivas. En suma, que se actúa más frente a aquellos de los que se posee datos que frente a quienes están instalados en la opacidad, por obvias razones de información, pero también por que la maquinaria de la comprobación se orienta, planifica y ejecuta sobre esos parámetros.

El resultado de todas estas actuaciones computa como levantamiento de fraude, formando parte de esos 40.0000 millones de euros a los que han aludido en el congreso de los inspectores de Hacienda del Estado,  cuando muchas de las mismas reflejan meras discrepancias interpretativas. El que a un contribuyente que se dedujo un gasto o aplicó un incentivo que entendía le correspondía con arreglo a la Ley se le califique como defraudador en poco ayuda a crear una conciencia social contra el fraude pues el interés en alimentar una estadística desdibuja el sentido del término y acaba por desorientar a todos.