El Banco de España ha publicado su Informe Anual de 2010, en donde se ofrece un análisis de la evolución de la economía española en este período, exponiendo las diferentes circunstancias que determinan nuestro actual estado de crisis.

Se le otorga una gran importancia como factor que lastra el crecimiento de la economía al desequilibrio presupuestario y se refieren las dificultades tanto para financiarlo como para ajustarlo. La falta de confianza de los mercados en nuestra recuperación ha provocado un encarecimiento de la remuneración de nuestra deuda, lo que conlleva la necesidad de incrementar el volumen de ésta. Por lo que respeta a las dificultades de ajuste, en un escenario recesivo los ingresos tributarios, que en su mayor parte dependen de la renta y del consumo, se reducen mientras que los gastos aumentan por el efecto, entre otros aspectos, de la mayor intervención de los sistemas de protección al desempleo. La circunstancia añadida de una población que envejece incrementa la partida de gastos en pensiones, sanidad y dependencia.    

Las medidas de consolidación fiscal se han adoptado tanto por el lado de los gastos como por el de los ingresos. Por lo que respecta a los primeros, las principales partidas afectadas han sido la remuneración de los funcionarios y las pensiones, aunque se han impuesto recortes y medidas de austeridad con carácter generalizado. Por lo que respecta a los ingresos, las iniciativas para aumentarlos se han centrado fundamentalmente en la subida de los tipos general y reducido del IVA y en la subida del IRPF, mediante la eliminación de gastos fiscales, como la devolución de 400 euros que se aplicó con carácter generalizado para la practica totalidad de los contribuyentes de este impuesto. 

No obstante, uno de los grandes problemas para conseguir ajustar con agilidad el déficit presupuestario deriva del nivel de descentralización de la Administración en España y de la autonomía financiera de los entes territoriales que la componen, razón por la cual deben imponerse normas de disciplina presupuestaria en todos los ámbitos de las Administraciones territoriales.

Se han iniciado reformas estructurales como la del sistema de pensiones o la reforma laboral para intentar hacer sostenible el sistema de previsión público y para mejorar la productividad de nuestra economía.

Todas estas medidas parecen necesarias pero el Banco de España estima que tan sólo sirven para iniciar una muy lenta recuperación y con la espada de Damocles de riesgos e incertidumbres que, en cualquier momento, nos podrían volver a poner en situación de desequilibrio y dificultades de financiación. Por ello, considera que habría que implementar  nuevas medidas, apuntando como posibles modificaciones adicionales en el modelo del sistema de pensiones que vinculen más el importe de las prestaciones al de las cotizaciones; incorporación de un sistema de precios en el ámbito de la sanidad pública, unido a un mayor control de los proveedores y de la eficiencia en la prestación de estos servicios; reajustes adicionales en los salarios del personal al servicio de las Administraciones Públicas; reforma de la negociación colectiva; racionalización de los proyectos de inversión públicos; reducción de las subvenciones y reordenación de las políticas de empleo, otorgando un mayor peso a las denominadas políticas activas.

Adicionalmente, y por el lado de los ingresos, se apunta a la conveniencia de la subida del IVA, tanto mediante el incremento de tipos como con la eliminación de supuestos de aplicación de tipos reducidos, los impuestos especiales y los medioambientales, y a la eliminación de gastos fiscales en otros impuestos.

Como resumen, se termina diciendo que “en definitiva, la política fiscal debe priorizar en los próximos ejercicios la realización de un ajuste enérgico que permita sanear las finanzas públicas de manera rápida y sólida. En paralelo, las actuaciones que se adopten, tanto por el lado de los gastos como por el lado de los ingresos, deben reforzar la contribución de la política fiscal al crecimiento potencial de la economía, lo cual exige una mejora de la eficiencia en la acción pública”.

La pregunta que procede realizarse es si existe otra alternativa. Las recetas del Banco de España no difieren de las exigidas por parte de la Unión Europea a Grecia o Portugal y a nosotros mismos, la diferencia es que los lusos y los helenos las tienen que implementar necesariamente como condición a las ayudas financieras recibidas y nosotros podemos todavía imponerlas en uso de nuestra soberanía.

En estos países se han levantado voces críticas contra las medidas por ver en las mismas más un conjunto de garantías para facilitar el cumplimiento del pago de la deuda a sus acreedores, que empobrece a la población,  que un mecanismo para avanzar  hacia una estela de recuperación.

Sin duda alguna el ajuste que se propone es severo y afectaría de manera generalizada a una población en la que hay sectores en los que su capacidad de afrontarlo es muy limitada. Además, se trata de una población poco preparada para semejante recorte, no por falta de responsabilidad, sino porque se le ha venido ocultando la insostenibilidad de nuestro sistema y, además, porque se ha acostumbrado a un modelo en el que gran parte de las necesidades básicas se cubrían desde la Administración. Muchos jóvenes se conformaban con remuneraciones escasas, porque gran parte de sus necesidades las veían cubiertas y el sistema no incentivaba que tomasen iniciativas de mejora en sus vidas y progresión en sus aspiraciones personales y sociales.

Se han provocado diferencias sociales, pues a ese conformismo alentado por la subvención hay que unirle una política fiscal escasamente redistributiva en la parte de los ingresos.

La población pasiva ha ido en aumento como consecuencia de un envejecimiento de la población y de la reducción de la natalidad que también encuentra sus causas en razones sociológicas y económicas.

Adicionalmente el crecimiento desmedido de las Administraciones Públicas ha reducido la iniciativa empresarial y ha generado un volumen excesivo de empleo público, que además de provocar una estructura irracional de la distribución del empleo, le acompaña como consecuencia la mayor de las rigideces por el carácter vitalicio de la condición de funcionario.   

Lo que el Banco de España apunta como solución va a ser muy difícil de vender para quien lo tenga que vender.

Apuntaba hace una semana uno de los miembros del Jurado del Premio Jaime I, el Premio Nobel de Economía Erik Maskin, que frente a esta crisis había que reaccionar como en tiempos de guerra, en que los que  surge un espíritu patriótico en la población que le lleva a hacer sacrificios de forma voluntaria porque entiende que está en juego su nación.

Pienso que la clave de la recuperación ha de venir ya no tanto por las medidas que se adopten sino por la actitud ante las misas y por el modo en el cual se expliquen y apliquen.

En primer lugar es necesario que los políticos recuperen una credibilidad que ahora mismo tienen cuestionada, y deben hacerlo en algún momento, y cuanto antes mejor, sobre la base del consenso;  en segundo lugar ha de saberse explicar a la sociedad y antes que a nadie a sus interlocutores la necesidad de un ajuste que de no realizarse nos puede conducir a una situación mucho más grave; en tercer lugar las medidas han de aplicarse atendiendo de una manera lo más ajustada posible a los niveles de renta; en cuarto lugar hay que buscar fórmulas que desde el compromiso social faciliten la asunción de los ajustes (por ejemplo, entiendo que puede ser más fácil de aceptar tener que trabajar una hora más para mejorar la productividad que no tener que soportar un recorte en los ingresos o fomentar el voluntariado para atender las necesidades de personas dependientes y así ahorrar costes al sistema).