La semana pasada,  Alberto Ruiz Gallardón entró en campaña esgrimiendo el florete de la fiscalidad y lo hizo, desde mi punto de vista, con habilidad política y con acierto tanto por circunscribir su discurso al ámbito territorial que le corresponde (el local), por suscitar un debate social poniéndose al frente de la manifestación en defensa de los más desfavorecidos y por hacer una oferta electoral cuyo cumplimiento queda necesariamente condicionado a que se lleve a cabo una reforma de la Ley de Haciendas Locales, trasladando  con ello la presión al Gobierno y, por tanto,  a su oponente en la lucha por el poder, al reprochar a la Moncloa que no sólo no haya tomado la iniciativa de esta reforma, sino que la haya frenado, pues, según argumenta, se trata de una petición no atendida planteada desde el Ayuntamiento de Madrid desde hace algún tiempo.  

La cuestión que el Alcalde de Madrid y candidato del Partido Popular a repetir mandato ha puesto sobre el tablero electoral es la adaptación del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles para que el mismo module su presión fiscal en función del nivel de renta de sus contribuyentes, de modo que los tipos impositivos sean más reducidos para los propietarios de inmuebles con rentas más bajas y más elevados para quienes las tengan más altas. Consiste en dar entrada al principio de progresividad en este impuesto, haciendo, además depender la intensidad del gravamen de un factor no indirecto de la capacidad de pago, como es  el valor catastral del inmueble, si no de un índice directo de la misma, como es la renta. 

La propuesta, que personalmente me parece muy bien orientada, puesto que este impuesto se está convirtiendo en muchos casos en una carga difícilmente asumible por personas de escasos recursos, no es el tema en el que quiero centrarme, sino solo del que quiero valerme,  para que sirva de contraste con lo que se está haciendo por parte de otros candidatos con relación a las propuestas electorales en materia fiscal.

Me he interesado en ver los programas marco del PSOE y del Partido Popular, así como los programas que, en desarrollo de éstos,  se van haciendo públicos en Comunidades Autónomas y Municipios, y la temática fiscal o no aparece o está planteada con un enfoque muy genérico y en términos más propios de unas elecciones generales.

Por lo que respecta al PSOE,  he buscado las palabras “impuesto” o “tributo” o referencias a la política fiscal de este partido y en las 76 páginas del Programa Marco Municipal y en la 22 del Manifiesto Autonómico apenas he encontrado un  par de propuestas sobre la reducción de los impuestos para los coches eléctricos o que utilicen energías limpias y otra sobre la reducción del IBI en viviendas de más de 50 años en las que se emprendan obras para la mejora del acceso o para la eficiencia energética e hídrica, amén de alguna iniciativa para facilitar el pago de los tributos mediante el fraccionamiento de las cuotas o el uso de una tarjeta de pago.   

En estos documentos, del gran número de propuestas que se plantean, que necesariamente implican una intensa actividad de fomento, y del llamamiento a una política de austeridad y control del gasto, se desprende que las fuentes de financiación (entre ellas los tributos) y su adecuada gestión constituyen cuestiones clave en el desarrollo de las políticas previstas, pero que no es un tema que de forma expresa haya querido abordarse, con lo cual al ciudadano le quedará la duda de si es que no se contemplan cambios en los actuales sistemas tributarios local y autonómicos, no se tienen estudiados o es que no se le ha querido hacer partícipe en las decisiones sobre los mismos. 

Por lo que respecta al PP, tanto en su Programa Marco Local como en el de las Comunidades Autónomas, se reserva un espacio destacado a la problemática de la financiación  de estas administraciones territoriales,  con propuestas de revisión completa del sistema tributario, llamamientos a la coordinación entre administraciones, al sistema de asignación y distribución de los recursos y alguna referencia concreta a tributos específicos, como es el caso de la imposición al turismo o el mayor recurso a las tasas.

Se trata, por tanto, de un enfoque estructural, que en la mayor parte de los temas tratados exige necesariamente de una acción coordinada entre administraciones y, que sin una visión unívoca y una orientación común, difícilmente podrá llevarse a término.

Como decía, en este punto se observa que el planteamiento del Partido Popular tiene más que ver con unas elecciones generales que con las elecciones para las que se ha preparado. Alude más a las reformas que corresponde impulsar desde el Estado que a las que pueden llevar a término las Comunidades Autónomas o los Municipios y mira más a una reforma completa del sistema tributario que a plantear cambios en los ámbitos autonómico y local.

No se alude, quizá para no comprometer las políticas específicas de cada comunidad autónoma en la coyuntura actual, si se van a introducir bonificaciones o reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en aquellas Comunidades en la que no gobernado el PP, la política respecto de este impuesto ha sido de mantenimiento o de establecimiento de mínimos exentos. Tampoco se dan directrices sobre la posibilidad de introducir cambios en la tarifa del IRPF del tramo autonómico, ni sobre otras medidas concretas correspondientes al ámbito competencial de estas administraciones territoriales.

Mi impresión es que el debate fiscal se ha eludido. Realmente no está presente en estas elecciones, pues los problemas de déficit presupuestario lo convierten en un debate incómodo. El PSOE lo ha obviado y el PP lo resuelve tirando por elevación al 2012, por ello no creo que tengamos que esperar grandes cambios y que los próximos años van a ser años de duro esfuerzo fiscal para todos.