… para lucrarse con decisiones de las que es arte y parte. O que lo hiciera cualquiera de los miembros de su gobierno. O, por no hacer sangre en la bancada popular, que algún parlamentario o senador de cualquier signo utilizara su conocimiento de los procesos legislativos en curso para anticiparse financieramente a sus efectos y lucrarse con ello. De saberse, la opinión pública les saltaría a la yugular. Se consideraría conducta inadmisible, censurable, condenable y llevaría aparejada escarnio público, obligación de cesar en su puesto e, incluso, consecuencias penales. De cajón, ¿no? Pues, por surrealista que pueda parecer, no lo tienen tal claro en Estados Unidos donde la semana pasada se han iniciado los trámites para la aprobación de la llamada STOCK Act, acrónimo de Stop Trading on Congressional Knowlegde, nombre que requiere de poca explicación adicional.

Alucina vecina. Pero es que la historia tiene su aquél. Resulta que ya en 1995, hace la friolera de 17 años, surgieron las primeras informaciones en prensa sobre operaciones sospechosas realizadas por determinados representantes públicos. Fue entonces cuando un profesor universitario, de nombre Alan Ziobrowski, decidió analizar más de 6.000 transacciones con el loable fin de salvaguardar el buen nombre de los integrantes del poder legislativo en general y del Senado en particular. Un estudio que abarcaba datos de 1993 a 1998 y que no pudo publicar hasta 2004. Cuál no sería su sorpresa al descubrir que, uno, que el nivel de desglose era bastante pobre, por no decir paupérrimo, lo que facilitaba la impunidad, y dos, que la “intuición” de los legisladores que invertían en bolsa superaba con creces a la profesionalidad de cualquier gestor que en el universo hubiera: eran capaces de batir al S&P500 en 12 puntos porcentuales… cada año. Ni Warren Buffett, vaya.

Posteriormente extendió sus pesquisas a más de 10.000 trades realizados por congresistas entre 1985 y 2001 y llegó a la misma conclusión con la única diferencia que, al ampliar la muestra temporal, los resultados caían a un más 6% anual. Vaya. Aunque existen documentos que incorporan conclusiones en sentido contrario, sus autores cuestionan en cualquier caso la legitimidad de congresistas y senadores para operar en los mercados financieros en tanto sus cargos se mantienen en vigor y advierten del coste que, en términos de higiene democrática y confianza ciudadana, tiene su tolerancia. ¿A ustedes les afecta en algo? Pues a los interpelados tampoco. Total, para qué las prisas. Dejaron morir hasta tres intentos -en 2006, 2007 y 2009- de que se estudiara una regulación ad hoc que limitara esta lucrativa actividad, sin permitir siquiera su tramitación preliminar. La presión popular, tras la denuncia en noviembre del programa “60 minutos” de la CBS, ha sido la responsable de que, finalmente y a instancias un Obama en busca de argumentos éticos para su campaña, tenga lugar.

De momento la STOCK Act ya ha contado con la aprobación previa del Senado con solo tres votos en contra de un total de 99. Sin embargo, parece que tal diligencia tiene truco. Los juristas consultados por los medios estadounidenses cuestionan el borrador de una norma que choca con la legislación para el corriente de los mortales en esta materia, al limitar su aplicación a unos casos restringidos que dejan demasiado espacio sin cubrir. Algo que aparentemente se puede resolver en fase congresual. Veremos. Sea como fuere, lo sorprendente es que en la meca financiera se haya aceptado como normal ese vacío legal en el uso de información privilegiada por parte de los representantes públicos en términos de operativa, comunicación y alcance a terceros. Más cuando han abundado en el sector privado los castigos ejemplares en fechas recientes, caso de Galleon. Uno no puede dejar de pensar, llegados a este punto, que cuando Inside Job suena… Pues eso.