Hay un doble problema que la Reforma Financiera aprobada por el gobierno el pasado viernes quiere cercenar. Son cuestiones recurrentes no solventadas por los distintos intentos de canalizar la deteriorada situación del crédito promotor que, desde la Administración, se han intentado desde el inicio de la crisis. Su perpetuación en el tiempo busca ser evitada por el nuevo titular del flamante Ministerio de Economía y Competitividad. Condición necesaria para dotar de aires de éxito a sus propuestas.

Vayamos con ellas. La banca está, sigue, ocultando parte de su exposición al ladrillo en otros elementos de su balance, sociedades participadas por ejemplo, por una parte, y continúa capitalizando intereses de la deuda más vulnerable, incrementando el importe del principal, por otra. Fruto de tales maniobras es que su riesgo global no cae y, en tanto que la inversión crediticia total se contrae, el peso de la partida promotora crece. Puede provisionar ad infinitum, minorando de este modo el valor neto del activo, pero el problema sigue ahí. Trampas bancarias que hacen trizas cualquier intento de mayor transparencia de la autoridad política.

No lo dice un servidor con ganas de amargar la fanfarria mediática que siempre acompaña iniciativas como estas -una de tres a la espera de lo que suceda con la administración y el mercado laboral- sino que tal reflexión surge de las propias cifras manejadas por Luis de Guindos el pasado jueves y refrendadas por el Banco de España en su más que interesante presentación a analistas del sábado, que se encuentra colgada en la web del supervisor.

De acuerdo con el Cuadro 4.18 del Boletín Estadístico de la institución gobernada con discurso de hierro y guante de seda por Miguel Angel Fernández Ordoñez, el pico del crédito promotor en España se dio en el segundo trimestre de 2009 con 324.664 millones de euros. Dos años más tarde esa partida se había reducido a 308.425 millones. Sin embargo, los adjudicados elevan los cálculos a efectos de la Reforma a 323.000 millones, página 1 de la presentación del Ministro y 4 del BdE, 175.000 problemáticos y 148.000 normales.

Dos años más tarde estamos, pues, como estábamos. Mucho movimiento para permanecer, al final, en el mismo sitio salvo por el nivel de provisionamiento que ha subido al 29% sobre los primeros y hasta el 15% sobre el total. Y mira que en todas las memorias bancarias se hace referencia a la actividad destinada a reducir peso en esta línea de su balance. Sin embargo, las liquidaciones de participadas, con la consecuente adjudicación de bienes, y el aumento del principal derivado de refinanciaciones han impedido que así fuera.

Para abordar ambas materias el gobierno ha querido, uno, establecer una provisión genérica que, dirigida a los activos no problemáticos, tiene alcance suficiente, 10.000 millones de euros, como para cubrir las sorpresas que del apartado Acciones y Participaciones pudieran surgir. La lucha contra las segundas se realiza a través del uso como prioritario del concepto “subestandar” que convierte en discrecional del supervisor la viabilidad de una determinada financiación. Se acabó lo que se daba.

Ambos elementos deberían meter presión a las entidades para liquidar posiciones a derribo y resolver el problema principal que teóricamente impide a la banca ejercer su tarea tradicional de intermediar entre el ahorro y la inversión. Una quimera. Alguien se ha olvidado de que algo tienen que ver en ese parón el exceso de endeudamiento del sistema, las exigencias de mayor capital, internas y externas, y factores tan poco sospechosos como la exposición a la deuda soberana y sus contingencias, de moda en 2011.

Sea como fuere, parece que en este caso la banca lo tiene complicado para no llevar a cabo el ajuste definitivo que los inversores internacionales exigen. La presión es brutal. La posibilidad de beneficiarse de un trato preferencial, en plazo, contabilización de pérdidas y ayudas públicas, a los procesos de fusión facilitará igualmente la mejora operativa. Ambas limpiezas, de balance y cuenta de resultados, pueden colocarlas en la senda de la viabilidad en un proceso que se prolongará al menos dos años. Entonces, Dios dirá. ¿Por fin un  paso en la buena dirección? Esperemos.