Cualquiera de las encuestas entre empresarios previas al 20-N establece como una de las prioridades para que España pueda salir de la crisis la implantación de una amplia y profunda reforma laboral. En el horizonte, el anhelo de una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo. No se trataría de facilitar el despido, como insiste el trasnochado discurso sindical, sino de mantener la máxima cantidad de empleo en el tiempo, arbitrando los instrumentos legales, fiscales y empresariales para que así sea. Como referencia, el modelo alemán, capaz de mantener en circunstancias tan adversas como las actuales un paro inferior al 7%, un tercio del que sufrimos en España.

Entre los principios esenciales que facilitan tal milagro se encuentra la primacía de la negociación individual entre empresarios y trabajadores frente a la colectiva para cada sector. Y de ésta versus la estatal, prácticamente inexistente. La Administración se limita a fijar un marco mejorado, en muchos casos, por los acuerdos privados. De este modo se facilita la pronta adecuación corporativa al entorno y la conservación sistemática de puestos de trabajo, a través de rápidas variaciones en horarios, salarios o ambos a la vez. Sin embargo, y por paradójico que parezca, este sistema está a punto de cambiar. Y, más sorprendente aún, la propuesta que está encima de la mesa acerca la regulación germana a la situación existente, entre otros estados, en España.

En efecto, como un nuevo guiño encaminado a recuperar el voto de centro izquierda, similar al del cese de la producción nuclear en 2021 anunciado la pasada primavera, Angela Merkel va a proponer en el Congreso del conservador CDU, que tendrá lugar del 13 al 15 de noviembre en Leipzig, la imposición por ley de un salario mínimo interprofesional de modo tal que se eviten situaciones de precariedad remuneratoria que afecta especialmente al trabajo temporal desarrollado por trabajadores procedentes del Este de Europa, algunos de los cuales cobran menos de 5 euros por hora. Entre los argumentos que esgrimen apenas se encuentran apelaciones a la justicia social. El pragmatismo teutón lleva a razones tales como el aumento de la demanda que se derivaría de la mayor renta disponible del empleado o el menor coste asistencial de suplir sus necesidades con servicios públicos (Financial Times, Merkel switches to back mínimum wage, 01-11-2011).

Y es que no hay que olvidar que esta circunstancia no es nueva en el país. Basta con releer el imprescindible Cabeza de Turco, publicado antes de la Caída del Muro en 1985 por el periodista de investigación Günter Wallraff. Eslavos frente a otomanos como única diferencia. Ahora el debate se centra en saber cuál es el umbral mínimo a fijar, dada la variedad de realidades que encierra el país y las divergencias entre su zona oriental, más pobre y subsidiada, y la occidental, rica y emprendedora. Se habla desde 6’89 a 8’5 euros la hora, esto es: entre un 40% y un 70% que el coste actual. Algo que, para muchos analistas, supone una subida innecesaria ya que el proceso de convergencia salarial se está produciendo de forma natural. No en vano, y de acuerdo con Eurostat, el incremento año sobre año de los sueldos en la industria manufacturera alemana ha sido del 6’1% y cercana al 3% en servicios, construcción y restauración (Wall Street Journal, Plan to lift wages stirs german feud, 01-11-2011). Algo que puede ir en su contra vistos los recientes datos de pedidos y producción industrial, con una caída esta última del 2,7% solo en el mes de septiembre.

El hecho de que se perciba como una triquiñuela política que amenaza el statu quo actual ha movilizado tanto a la clase dirigente empresarial como a los dos socios de coalición de la Canciller, con el Partido Liberal en la cabeza de la manifestación opositora a la medida, cuya concreción es aún difusa. Con objeto de templar los ánimos, desde el propio CDU se aboga por la subsidiaridad de la norma, especialmente en aquellas industrias o corporaciones en los que no exista convenio privado en vigor. Algo defendido públicamente la semana pasada por la misma Ministra de Trabajo. Sea como fuere, el envite está ahí. Hay quien dice, no sin razón, que los cambios mejor en tiempos de bonanza, lección fallida en la España de las dos legislaturas anteriores a la actual que ahora concluye. Y quien arguye, sin que le falten motivos para ello, que alteraciones a peor, las justas, más en un entorno de debilidad de las finanzas públicas y dependencia de la iniciativa privada como el corriente.

Alemania queriendo parecerse a nuestro país. El mundo al revés. En fin…