Hace un año escribimos un post con tan osado encabezamiento en el que nos hacíamos eco de la difícil situación del empresariado español que contrata con la Administración Pública ante la falta de pago de ésta en tiempo y forma, por una parte, y la impotencia para reclamar frente los órganos administrativos y jurisdiccionales por la amenaza de represalias, por otra. Doce meses más tarde la situación sigue igual o peor. Los últimos datos que se han filtrado hablan de cerca de 50.000 millones, cifra que, de confirmarse, supondría un 30% más de la reconocida hace un año, 38.000. Un desastre que afecta fundamentalmente, de manera directa e indirecta, a pequeñas y medianas compañías y autónomos, base esencial del espectro emprendedor privado nacional.

Ahora que se inicia un nuevo proceso electoral, se hace más perentorio que nunca abordar esta cuestión. No hay que olvidar se ha producido por el camino un incremento sustancial del endeudamiento público para cubrir, como ha quedado demostrado, necesidades de carácter corriente y asistencial. Nuestra propuesta ha sido siempre apostar por una emisión ad hoc que permita liquidar este saldo pendiente, equivalente a un 4,5% del PIB. El efecto multiplicador que una medida como ésta tendría, superaría con creces cualquier ayuda puntual que se quiera hacer a la ciudadanía. Permitiría, a su vez, hacer frente a los pagos a sus proveedores, conservar empleo -y mejorar la recaudación por IRPF, IS y cuotas sociales y reducir las prestaciones a cargo de la Seguridad Social-, favorecer el consumo -con un impacto positivo sobre el IVA-, facilitar la liquidación ordenada de las deudas de los particulares -evitando situaciones de deshaucio-, reducir costes financieros de las corporaciones por financiación de circulante, evitar la fuga de talento a otros estados, invertir en I+D+i y así sucesivamente... ¿Entonces?

Me van a permitir que les recuerde lo que escribíamos el 18 de octubre de  2010. Desafortunadamente, poco o nada ha cambiado. Mensaje que queda para el gobierno entrante. Feliz y corta semana a los que han  disfrutado del Puente de Todos los Santos, a los que por cierto, falta hace encomendarnos. Vaya que sí.

“En recientes conversaciones con amigos y conocidos vinculados a la economía real se repite un lamento recurrente: el impago por parte de las Administraciones Públicas de las facturas emitidas contra ellas. Un hecho que está provocando la asfixia financiera y el cierre precipitado de muchos negocios, con independencia de su tamaño: desde pequeñas contratas municipales a gabinetes médicos privados que aliviaban las listas de espera de la Sanidad Pública Regional; de grandes proveedores de equipos informáticos a constructores de infraestructuras. Nadie se libra.

Me dirá alguno de ustedes que a buena hora McCoy se cae del guindo, que el problema es recurrente desde hace tiempo. Cierto. Pero se ha producido en los últimos meses una novedad esencial: del mero retraso, excusado o no, en el pago a proveedores del pasado reciente, se ha pasado al terrible reconocimiento de la ausencia de fondos para hacer frente a lo debido. De donde no hay no se puede sacar y el poco dinero disponible se dedica a hacer frente a los gastos corrientes imprescindibles, léase plantilla y suministros básicos (agua, luz y teléfono). Una situación trágica para muchos empresarios de la que se desprenden dos grandes cuestiones y un deprimente corolario final.

1. Sobredimensionamiento de la Administración que implica ineficiencia, es decir: ineficacia y derroche o exceso de gasto superfluo. El saco de lo “corriente” es demasiado grande en un entorno de recursos escasos como el actual, lo que exige su pronto adelgazamiento. ¿Cómo? Dejando a un lado los aspectos relacionados con la recaudación fiscal, cuestión a la que dedicamos el post de hace un par de lunes,  se me ocurren a bote pronto las siguientes iniciativas: reducción del número de ministerios, consejerías y concejalías; eliminación de dualidades administrativas con las Comunidades Autónomas; concentración de Ayuntamientos; minimización de cargos de confianza; adelgazamiento de las plantillas de funcionarios a todos los niveles; racionalización del patrimonio inmobiliario; informatización de las gestiones administrativas e integración de bases de datos para mejorar la información cruzada; potenciación de los servicios de video y teleconferencia; sustitución de concursos por subastas telemáticas en los contratos de aprovisionamiento cualquiera que sea su importe; privatización y/o reconversión de infraestructuras ineficientes y así sucesivamente. Adecuación de estructura y operativa a los tiempos que corren de escasez y virtualidad. 
2. Fomento de la actividad productiva a través, no tanto de la adopción de medidas de carácter arbitrario y/o populista sujetas a tutela pública –como los 6.000 millones de menor recaudación de los infames 400 euros o el dispendio de 8.000 millones del Plan E, en total un 1,3% del PIB-, sino mediante el pago en tiempo y forma, de acuerdo con la Ley de Morosidad de reciente modificación que pretende reducir el periodo de abono a 30 días en 2013, de lo adeudado a los proveedores privados. En un momento de incertidumbre con la actual, en el que coinciden la trampa de liquidez con la paradoja del ahorro, se trata de una de las pocas vías válidas para conseguir que el dinero tenga un efecto multiplicador sobre el conjunto de la economía y, por ende, sobre la confianza de los ciudadanos en la misma. Estábamos hablando, a principios de julio, de 38.000 millones de euros, más de dos veces y media el importe de las dos iniciativas antes mencionadas. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de dedicarse el Gobierno y el resto de las Administraciones a dar migajas financieras y/o a habilitar nuevas y absurdas instalaciones -cuyo coste recurrente a futuro será inabordable para los presuntos beneficiados-, hubiera dedicado tales fondos simplemente a saldar lo debido? Nunca lo sabremos, pero visto el resultado a día de hoy de sus ocurrencias, parece fácil intuir que había bastantes papeletas de que el desenlace fuera distinto y… sustancialmente mejor.

Queda, por último, la penosa conclusión, que enlaza directamente con el encabezamiento de este post, cita literal de un interlocutor cercano, empresario en dificultades para mantener a flote su negocio, precisamente, por el impago, en este caso, de la Comunidad Autónoma en la que está presente. Ante mi pregunta de por qué no se acoge a la literalidad de la Ley que faculta la reclamación administrativa, primero, y judicial después de lo facturado, importe principal más los correspondientes intereses de demora, una respuesta absolutamente desoladora. “¿En qué país te crees que vives, macho? Aquí el que se mueve no sale en la foto. Pero no ahora, sino por los siglos de los siglos. Ay de aquél a quien se le ocurra. ¿Conoces a alguien que haya recurrido a esta vía? Yo tampoco. No merece la pena si quieres optar el día de mañana a un contrato público o a una subvención. Este es un país de despachos, no de derechos. Somos empresarios cogidos por los huevos de unos políticos que muestran todas sus bondades de cara a fuera y toda su miseria en la gestión de los recursos de todos. Esa publicidad negativa no la van a tolerar. No seas soñador. Puedo sacrificar el presente pero no condenar mi futuro”. Y ante eso… ¿qué más puede uno añadir? Pues eso. Se abre el foro para que puedan contar su caso”.