Ha tenido que llegar el final de la legislatura para que los integrantes de ambos lados de la bancada parlamentaria se caigan del guindo, unos más que otros, y descubran que, por mucho que se implanten políticas de austeridad, sin ingresos fiscales es imposible que la máquina administrativa funcione. Y que, para conseguirlos, tiene menor coste social luchar contra el fraude que freír a los atribulados ciudadanos con nuevos impuestos y tasas. Así, Rajoy habla de ampliar la base de contribuyentes, eufemismo gallego que quiere decir leña al mono que es de goma. El candidato Rubalcaba, por su parte, promete crear una Oficina para Combatir el Fraude Fiscal, ramalazo de esa burocracia intelectual a la que tanto apego tiene, pese a su novedoso aire de profesor condescendiente. Menos mal que nos queda Portugal... oh, wait!

Sea como fuere, parece implícita en la propuesta de ambos líderes una voluntad firme de luchar contra la evasión de fondos y la economía sumergida, doble cara de la misma moneda. Mientras que el popular mantiene el rasgo de indefinición que, hasta hoy, caracteriza la gran mayoría de sus postulados políticos, Rubalcaba apuesta por el cruce de datos y las sanciones ejemplarizantes. Sin embargo, centrarse en exclusiva en el elemento punitivo sería un craso error. Como en tantas cosas en la vida, es preferible prevenir que curar, esto es, quitar argumentos a los que quieren defraudar y fomentar su actividad dentro del sistema ya que, de lo contrario, volverán a salirse del mismo tan pronto como les sea posible. Es necesario abordar el tema en su complejidad, lo que pasa por una reforma fiscal de calado que vaya más allá de las pinceladas que han dado unos y otros, y, sobre todo, por un ejercicio eficiente de la gestión pública que inspire confianza.

Dos requisitos de largo plazo que no resuelven el problema inmediato de tensionamiento de las finanzas soberanas o de falta de crédito privado. La situación de emergencia plantea la necesidad de adoptar decisiones inmediatas e imaginativas que ayuden a que España pase del modo más airoso posible por la actual coyuntura, en la esperanza de que finalmente escampe. La posibilidad de una amnistía, a la que nos hemos referido aquí ya en varias ocasiones (¿Es hora de una amnistía fiscal en España?, 06/03/2008), cobra especial relevancia, por más que el debate actual esté más en la calderilla de castigar conductas o patrimonios impropias o indecentes antes que en buscar ingresos de verdad, excepcionales primero y recurrentes después. A grandes males, grandes remedios aunque estén en las antípodas del discurso oficial demonizador. Más si las soluciones se articulan de modo tal que permitan afrontar los dos problemas a los que hemos hecho referencia al inicio de este párrafo.

Supongamos una propuesta como la siguiente para todos aquellos que quieran aflorar/repatriar patrimonios ocultos. Una sanción, llamémosle tasa para que pueda ser finalista, del 10% de saque, que no está muy lejos de lo que se está pactando en privado para los patrimonios no justificados entre la Agencia Tributaria y esos contribuyentes que, necesitados de liquidez, deciden desandar en secreto senderos pasados de vicio tributario y perdición impositiva. El dinero se destinaría al pago de las facturas pendientes de la Administración, con la distribución que dentro de ella se determine. De este modo se conseguiría aliviar la situación de muchos proveedores tanto directamente, ya que podrían mantener empleos y continuar con sus actividades -más recaudación, menos coste de Seguridad Social-, como indirectamente, ya que la mejora de su balance y fondo de maniobra les ayudaría a conseguir financiación.

El resto se habría de colocar necesariamente en una emisión especial de deuda pública a un tipo, por ejemplo, del 1% anual a cinco años, 350 puntos básicos por debajo de donde cotiza en la actualidad, indisponible durante el periodo por parte del tenedor. Esta medida permitiría, en función del éxito de la propuesta, cubrir vencimientos de renta fija soberana y abaratar el pago de intereses. Su potencial uso como garantía para operaciones crediticias facultaría a sus titulares la obtención de fondos corrientes con un coste limitado a la diferencia entre la rentabilidad del activo y el tipo aplicado por la entidad. De este modo se podría conseguir una cierta reactivación de la actividad bancaria y, con ella, de la inversión.

Decía ayer Howard Schultz, fundador de Starbucks, que es necesario aplicar la innovación en el modo en el gobierno de las naciones. La idea que hoy traemos a colación ni siquiera es novedosa ya que son fórmulas aplicadas en el pasado incluso en España. Pero no queda otra que quitarse prejuicios y darle al coco porque la cosa está malita pero tenemos recursos para sanarla. Si fuésemos capaces de meter en el circuito oficial un 5% del PIB, esto es: 55.000 millones de euros, el Estado ingresaría 5.500 que entrarían a chorro en la economía real; dejaría de gastar financieramente otros 1.800 al año ó 9.000 al final del quinquenio; cubriría una parte importante de sus necesidades inmediatas de financiación; al 80% de loan to value, permitiría a los ex defraudadores acreditarse por más de 40.000 millones y así sucesivamente. No suena mal, ¿no creen?

P.S. Hoy mi particular Alimento para el Cuerpo del Rincón Gastronómico diario de Vanitatis aterriza en la Fonda Santiago en El Bonillo, pueblo donde se crió María Dolores de Cospedal.