El mercado no es responsable de que la Generalitat de Cataluña necesite un préstamo urgente de 150 millones de euros para pagar los compromisos salariales de sus funcionarios el mes de diciembre. Tampoco de que las farmacias de las comunidades de Valencia o de Castilla La Mancha decidan ir a la huelga por los retrasos en los pagos de sus respectivas administraciones autonómicas. Ni siquiera de que el Gobierno de las Islas Baleares recurra a una línea de crédito extraordinaria del Banco Santander para poder afrontar sus gastos corrientes. El mercado hace negocio, los políticos son el cliente.

Ha sido uno de los mantras más repetidos en vísperas de las elecciones. La llegada al poder de una casta de tecnócratas, todos ellos financieros con oscuro pasado profesional en bancos de negocios como Goldman Sachs, era la confirmación de que la política vive supeditada a la tiranía del mercado. Estas manos negras que antes controlaban la marioneta ahora han dado un paso al frente y a cara descubierta rigen los destinos de importantes países occidentales atrapados en la espiral de la crisis, a las puertas de un horizonte de recesión. Unos salvadores que, como claman algunos, son meros liquidadores del estado del bienestar.

Como todo cuadro de brocha gorda, este retrato comete groseras tergiversaciones. Es cierto, no cabe duda, los acreedores de estos países en ruina han bendecido la llegada al poder de los tecnócratas, aunque su proceso de designación ha seguido el cauce parlamentario correspondiente. Simplemente, confían en que los nuevos programas políticos permitan recuperar la mayor parte del dinero prestado a esas economías. Otra cosa es durante cuánto tiempo tardarán y cómo quedarán esos mal pagadores, que durante los años de dinero barato tiraron de euros prestados para alimentar sus necesidades de gasto público.

Olvidado ya el espejismo de la década prodigiosa, el debate llega a un punto crucial. ¿Gastamos más de lo que podíamos permitirnos? Parece una evidencia. Sobre todo desde el momento en que no generamos la confianza de que creceremos lo suficiente como para seguir pagando. Y mientras tanto, en otros lugares del mundo, otras potencias emergentes crecen a pasos agigantados, convirtiéndose en destino preferido del dinero existente en el mercado. El capital busca la máxima rentabilidad con la mayor certidumbre posible. En este escenario, la languideciente Europa ya no es preferencia de nada. Sólo un lugar de reclamaciones por impago.

El mercado manda tanto como han querido que mande los políticos, los gestores de la vida pública elegidos por nosotros, los anestesiados contribuyentes. Si disfrutamos de más de lo que pudimos permitirnos es porque alguien nos prestó esa riqueza por adelantado. En lugar de pedir cantidades razonables, asumibles en base a la riqueza capaz de generar entre todos y, por lo tanto, a gastar en base a los ingresos recaudados vía impuestos, recurrimos al dinero de terceros convencidos de que la contrapartida, la garantía, era algo accesorio por lo que nunca tendríamos que responder. Ahora que ha llegado ese momento, nos acordamos de la letra pequeña.

Durante una década, la percepción del riesgo desapareció. Tanto por el que prestaba como por el que tomaba. Como ciudadanos, sin embargo, nuestro celo debe recaer sobre los políticos, que administran el dinero ajeno sin la cautela que tendría cada uno con el propio. ¿Sirve como ejemplo Madrid? Porque cuando toca pagar esas deudas, vuelven a ser los políticos, esta vez con traje de tecnócratas, los que no dudan en subir impuestos, vender bienes públicos y recortar prestaciones para poder pagar la cuenta. En su descargo, los gestores de lo público dicen que es una situación extraordinaria y sobrevenida para justificar la felonía.

Fruto de todo este despropósito, que en nuestro país adquiere un tinte especial por las singularidades políticas de nuestra organización territorial, no sorprende que muchas comunidades autónomas hayan tenido que recurrir a la emisión de bonos patrióticos para sacar adelante sus cuentas. Toca acudir al mercado minorista, al del ciudadano de la calle, para cuadrar un círculo vicioso que los inversores profesionales han rechazado. Y cuando lo han hecho, ¿ha sido a cambio de nada? Me temo que no, pero luego diremos que la culpa es del mercado y que se privatizan bienes comunes porque es más eficiente. Mentira, es sólo para pagar deudas.