Los sistemas fiscales evolucionan constantemente y lo hacen, fundamentalmente por tres circunstancias:

- Para adaptarse en cada momento a la realidad socioeconómica de las comunidades que los establecen (su nivel de riqueza, grado de distribución de la misma, necesidades y aspiraciones).

- Para ayudar a satisfacer los fines políticos que los justifican, que en nuestro caso (como en la de la mayoría de los sistemas tributarios modernos) se concretan en un ideal de justicia, que se especifica en el mantenimiento de un sistema de contribución universal, igualitario, redistributivo y que no imponga gravámenes más allá de ciertos límites que se considerarían confiscatorios.

- Por obsolescencia. Como sucede con todo, las normas envejecen ante realidades evolutivas como las estructuras organizativas públicas, la familia, el comercio o la empresa y necesitan un permanente reestyling para adaptarse a semejantes cambios.

Los ajustes que demanda un sistema tributario se acometen al ritmo que imponen las necesidades o la dinámica de los proyectos políticos y suelen acontecer paulatinamente. Se reservan las grandes reformas para coyunturas singulares o encrucijadas en las que la revisión de lo establecido se convierte en prioridad urgente.

Los tiempos que estamos viviendo parece que se corresponden con este tipo de situaciones. Tras una larga etapa de fulgurante crecimiento económico, nos hemos parado en seco y todo parece venirse abajo, mientras contemplamos nuestro atroz balance sobrecargado de activos ficticios y pasivos ocultos, con la caja vacía y sin crédito que nos permita tomar una nueva senda basada en otros principios.

Nuestro sistema tributario era consonante con el entorno: la hiperactividad dejaba buenos réditos en el erario público, permitiendo no sólo presentar presupuestos expansivos sino además acometer significativas rebajas fiscales y disponer de los impuestos como moneda de cambio electoral. 

Pero el cambio de rumbo nos ha venido a dejar en una posición sumamente compleja: un Estado benefactor que tiene asumido demasiados compromisos a los que se suman otro nuevos derivados de la crisis, del que dependíamos en buena medida para tirar de la economía y el empleo, cuya principal fuente de ingresos no sólo no está adaptada a esta situación de precariedad sino que además tiene mermadas las bases sobre las que incidir y que tiene serios problemas de crédito.

Parece obvio que tenemos que cambiar de rumbo y que el cambio tiene que afectar a un gran número de ámbitos, siendo el tributario uno de ellos.

La concreción de los objetivos, que está por realizar, puede no ser el mayor de los problemas, pues en circunstancias como las actuales, la racionalidad suele imponerse, y ya sean unos u otros, lo lógico es que estén bien orientados y persigan el bien común.  Lo verdaderamente complejo va a ser cómo alcanzarlos en el menor plazo de tiempo posible, sin sucumbir en el intento, dado los estrechos márgenes de actuación con los que contamos.

Me gustaría contribuir a esta reflexión y aportar algunas ideas sobre posibles medidas que podrían ayudar a adaptar el sistema tributario al nuevo entorno en el que nos encontramos y orientarlo hacia a un objetivo de recuperación.

Para ello considero que procede, en primer lugar, identificar los fallos y carencias del sistema, hecho lo cual, puede pasarse a evaluar los modos alternativos con los que operar. A lo primero dedicaré lo que resta de este post, y a lo segundo, el próximo.

Las mayores debilidades que aprecio en nuestro sistema tributario son las siguientes:

- Insuficiencia del conjunto de los recursos tributarios para atender las necesidades de los diferentes niveles de administración territorial

Como hemos indicado, la reducción de la actividad y el alto nivel de desempleo han provocado una sensible caída de los ingresos públicos,  resultando  insuficientes para cubrir los gastos comprometidos que,  pese a los recortes realizados, se han visto incrementados por los derivados de las atenciones sociales consecuencia de la crisis y el coste de financiación de la deuda.

El déficit se ha tratado de frenar con medidas drásticas, como la subida del IVA, la congelación de las pensiones o la reducción del salario de los funcionarios, pero los objetivos comprometidos con la Unión Europea parecen difíciles de alcanzar.

Algunas administraciones, como la autonómica y la local, acusan además su excesiva dependencia de los sectores inmobiliario y constructor y sus políticas tributarias electoralistas, que les han llevado a suprimir tributos o introducir rebajas en los mismos o a hacer depender una parte importante de su recaudación de gravámenes dirigidos a grandes contribuyentes empresariales, que, aunque no votan, disponen de mayores medios y recursos para oponerse a los tributos exigidos.  

- Ineficacia de los tributos para servir de instrumentos al servicio de la política económica.

En muchos tributos el margen de actuación sobre los tipos de gravamen es muy estrecho o nulo, pues tan contraproducente es para la recaudación subirlos como bajarlos. 

Hemos llegado a un punto en el que las subidas de tipos de gravamen de muchos tributos pueden tener el efecto paradójico de provocar una menor recaudación al afectar negativamente a la producción, a la inversión y al consumo, y al ocasionar, también, el desplazamiento de actividades al ámbito de la economía sumergida.  Por su parte, y como refería en mi último post, las bajadas de tipos, no llega a provocar el denominado “efecto laffer”, cuyo última consecuencia es el incremento de la recaudación, ya que en la actual coyuntura de profunda incertidumbre es poco probable que propicie reacciones activadoras de la economía.

A esta situación se ha llegado, desde mi punto de vista, entre otras razones, por la paulatina reducción de la clase media, por la generalización del fenómeno del “mileurismo”, el estrechamiento de los márgenes empresariales, que ha conducido a la desaparición de gran número de PYMES, la concentración de la riqueza y el desmesurado endeudamiento privado.

Desde 2007 se viene reduciendo la renta per capita de los españoles, situándonos ya en el 99% de la media europea, cuando veníamos de 105%. El cierre de empresas es galopante, cifrándose en 500.000 las desaparecidas en los últimos tres años.

No solo somos más pobres, sino que la redistribución de la riqueza, que permite disponer de bases más sólidas de tributación, se ha visto afectada en este proceso.

Efectivamente la riqueza ha tendido a concentrarse. No ha crecido, pero sí se ha acumulado en menos manos, que paradójicamente, cuentan con un tratamiento fiscal especialmente benévolo y, además, no vinculado a la creación de riqueza productiva, resultándoles fiscalmente más ventajoso la realización de actividades pasivas que empresariales.  

- Injusta e inadecuada distribución de la carga tributaria

La evolución del sistema tributario en los últimos diez años ha estado marcada por una significativa reducción de la progresividad y por un claro alejamiento del principio de capacidad de pago.

De las tres figuras progresivas del sistema tributario, dos (el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) han sido objeto de reformas que han supuesto su supresión o reducción. La tercera, el IRPF, ha asumido un modelo dual, por el cual una parte de las rentas gravadas (las del capital mobiliario y las correspondientes a plusvalías)  dejaron de tributar de  forma progresiva. Quizá para compensar, se eximió una parte relevante de la renta, en concepto de mínimo de subsistencia,  con lo cual la foto de este impuesto queda como sigue:

o   Los niveles más bajos de renta están desfiscalizados, tributando exclusivamente esta renta en el momento de ser consumida, a través de los impuestos indirectos.

o   Existiendo mecanismos de diferimiento de la tributación de las rentas del capital y siendo su tributación (cuando llega) un porcentaje fijo de las mismas, se posibilita que los contribuyentes de mayor nivel de renta tengan una fiscalidad especialmente laxa. Cuando estas rentas son el retorno de inversiones empresariales directas al menos han soportado el Impuesto sobre Sociedades, pero cuando provienen de inversiones pasivas esta circunstancia, cuando menos, es discutible. Se pone al alcance del rentista la mejor de las fiscalidades posibles sin exigírsele que asuma riesgo empresarial: no paga impuesto sobre el patrimonio (no se ha pagado en los últimos años), ha podido no pagar impuesto sucesorio, difiere la tributación de la renta sine die  y cuando tributa lo hace al 21% y todo ello por el puro valor del capital como recurso financiero, sin vincularlo a actividades determinadas.

o   La progresividad cae con todo su peso sobre las rentas medias, las correspondientes a empleados más cualificados, profesionales o pequeños empresarios que, porcentualmente cada vez menos en número (y con poco peso electoral, por tanto) soportan un altísimo porcentaje del coste del IRPF.  

Social y económicamente esta configuración del gravamen de la renta no puede ser más injusta e inadecuada:

Permite que una parte importante de la sociedad se haya acostumbrado a recibir más del Estado que de las empresas para las que trabaja. Su remuneración en gran medida la obtiene en forma de servicios sociales (sanidad, educación, transporte y ocio, principalmente). A cambio, la renta que obtiene está prácticamente desfiscalizada, aunque no la que consume (que es toda, pues su capacidad de ahorro es nula). La empresa valora poco el factor trabajo y el trabajador tiene una escasa motivación para tratar de progresar en la empresa, pues al esfuerzo que habrá de emplear en conseguirlo tendrá que sumar el coste fiscal que acompaña a alcanzar el éxito.

La clase media, que cada vez es menos, soporta una desproporcionada participación en la financiación del estado del bienestar, del que además, muchas veces saca un relativo poco provecho. Pero cuanto más se reduzca en número menos podrá  contribuir a aportar recursos al sistema y más consumirá de los mismos.

Las rentas más altas, pueden quedar desfiscalizadas sin que ni siquiera se plantee como compensación una especial aportación a la generación de riqueza productiva.

En resumidas cuentas el sistema solo parece querer ser igualitario por la vía del  gasto, desincentiva la creación de valor productivo, fomenta la pasividad y las manos muertas y es tremendamente injusto con quien pone más esfuerzo. 

- Ineficaz persecución del fraude fiscal

El fraude fiscal es elevado y su persecución no es eficaz. La Administración se ha dotado de buenos medios técnicos y jurídicos para poder combatirlo pero en el ámbito de la investigación y la comprobación tiene todavía mucho que avanzar. Se comprueba mucho más que se investiga. Es decir, más que perseguir el fraude oculto se discute el criterio interpretativo del contribuyente conocido. A este se le aplica toda la fuerza, no proporcionada, de una maquinaria prevista para perseguir el fraude pero se echan de menos cauces eficaces de control del trabajo inspector que verifiquen la idoneidad de su labor en favor de unos fines que sean diferentes  al  mero interés recaudatorio.

Las regularizaciones con acuerdo son escasas y el desplazamiento de los conflictos a los tribunales enorme, contribuyendo con ello a sobrecargar y ralentizar la acción de la Justicia.  

Hay bastantes más, pero desde mi punto de vista estos cuatro aspectos son de los más destacables si lo que queremos es identificar los factores sobre los que habría que actuar para conseguir cambios estructurales que favorezcan un nuevo modelo de sociedad y economía verdaderamente sostenible.