La semana pasada expuse que, desde mi punto de vista, existían determinadas circunstancias en nuestro sistema tributario que ayudaban poco a  resolver los problemas presupuestarios que nos acucian, y que, básicamente, eran consecuencia de una evolución del mismo acomodada a planteamientos políticos y económicos cortoplacistas, frívolos y en gran medida ignorantes de los principios constitucionales que lo sustentan.

Me emplazaba a continuar esta reflexión acompañándola de alguna propuesta concreta de medidas que pudiesen contribuir a adaptar el sistema tributario al nuevo entorno en el que nos encontramos y orientarlo hacia a un objetivo de recuperación.

Anticipo que entiendo que una sociedad debe ser ambiciosa y fijarse metas elevadas que orienten su marcha y sirvan de estímulo a los esfuerzos que para la consecución de las mismas se demandan. Creo que no me equivoco al presuponer que una gran mayoría cifraría estas metas en el bienestar económico, la seguridad y la libertad de actuación.

Alcanzarlas de manera sostenible se está demostrando que es complejo en un mundo competitivo y abierto como el que vivimos.

Nos está resultando muy duro observar cómo lo que creíamos garantizado se ha convertido en inseguro y nos resistimos a admitir una reducción en nuestras aspiraciones, que las concebíamos como derechos, levantando  la mirada a quienes considerábamos sus garantes, exigiéndoles una reacción, sin darnos cuenta que las reglas del juego han cambiado y que en gran medida no está en su mano satisfacer nuestras pretensiones. En el mundo se toman decisiones todos los días que nos afectan, que tienen en cuenta lo que valemos y lo que valen otros y no podemos ser ajenos a esta realidad, sino adaptarnos a ella.

Pienso que no debemos dejar de aspirar a lo más, pero para conseguirlo tendremos que hacer las cosas de tal modo que la relación entre lo que producimos y consumimos sea, por lo menos superior a uno. Personalmente apuesto porque encaminemos nuestros esfuerzos a superar la filosofía del conflicto, que preside gran parte de nuestras relaciones (el empresario y el trabajador, la Administración y el ciudadano, los profesores y los alumnos, etc.); tengamos presente que es imposible el estado de bienestar sin la generación de riqueza y dediquemos mucho esfuerzo a ser más eficientes en todos los órdenes y más competitivos.

Adaptarse exigirá cambios estructurales en muchos ámbitos. Últimamente se habla mucho de ello pero hay que darse cuenta que acometerlos requerirá de una gran claridad de ideas, de liderazgo político, de inversión de recursos y de tiempo.

El problema es que esta súbita alteración del statu quo nos ha pillado con el paso cambiado. Nuestro destino ha empezado a estar en manos de terceros cuando más débiles y vulnerables somos (quizá por ello se ha producido el cambio). El impulso de grandes reformas se hace necesario cuando menos capacidad de reacción tenemos, menos recursos y menos tiempo.

No queda más remedio que establecer prioridades, asumir que vamos a sufrir, que en una primera etapa vamos a estar muy condicionados en nuestras decisiones, que en gran medida nos vendrán impuestas,  y que el proceso lo normal es que sea lento.

La primera exigencia que parece claro que tenemos que atender es satisfacer los objetivos de déficit presupuestario derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pues el coste de nuestro endeudamiento parece que está  directamente relacionado con la consecución de este objetivo.

El esfuerzo que se exige es grande y además difícil de cumplir, ya que los recortes en la cuenta de gastos, una vez que se agote la eliminación de lo superfluo, afectarán negativamente al crecimiento y al empleo.

Por la vía de los ingresos, ya advertimos en el post de la semana pasada que se dispone de poco margen tanto en la bajada como en la subida de tipos impositivos de gran parte de los impuestos.

No obstante, si llegara el caso, considero que quedan ciertos ámbitos de actuación en los que puede haber recorrido, bien porque se trataría de esfuerzos muy repartidos, bien porque afectarían a contribuyentes que tienen capacidad de pago.  Antes de decidir su uso deben valorarse cuidadosamente los posibles efectos negativos derivados de operar sobre los mismos.

Por parte de los contribuyentes afectados eventualmente por estas medidas debería entenderse que el esfuerzo fiscal realizado contribuye directamente a reducir un nivel de riesgo que les afecta a su seguridad.

 Desde mi punto de vista éstos son los mismos:

- Impuesto sobre el valor Añadido. Los tipos españoles todavía están por debajo de la media comunitaria, se trata de un impuesto con un alto poder recaudatorio, de efecto inmediato, que aunque puede influir negativamente en el consumo, especialmente en los bienes de inversión, la experiencia es que el tiempo acaba por moderar el efecto. Tiene como ventaja adicional que se convierte en una forma de tributación de la renta de aquellos contribuyentes que eluden los impuestos directos: a través del IVA pagan un  impuesto por la renta consumida.

- Impuestos especiales. Cabe decir otro tanto de los mismos. La demanda de los bienes gravados por estos impuestos no reacciona excesivamente a su subida.

- Impuesto sobre grandes fortunas. Es cierto que en España el volumen de ahorro financiero es muy escaso y la capacidad de recaudar por esta vía es limitada.  Argumentos de justicia pueden aconsejar dirigir el punto de mira de la recaudación en esta dirección antes que en otras. Mi opinión personal es que este gravamen no debería afectar a los patrimonios afectos a actividades empresariales que requieran de cierto número de trabajadores. Este impuesto debería incidir sobre el patrimonio consolidado de la persona física, y su cuota más la del IRPF no debería ser superior a un porcentaje razonable (en torno a un 40%) de la renta obtenida (realizada o no) del contribuyente.

- Limitación de exenciones a empresas españolas internacionalizadas. Las multinacionales españolas se han beneficiado de múltiples medidas fiscales que han favorecido su apertura al exterior. Esto les ha permitido competir, subsistir y en varios casos crear grandes corporaciones globales. Sucede, no obstante, que la creación de empleo en España por estas empresas es muy reducida y que el pago de impuestos por los negocios desarrollados en el exterior, no se produce en España (salvo por la parte que pueda imputarse a servicios centralizados en España). Podría plantearse una reducción de la exención de plusvalías y dividendos de que gozan, que podrían evitar en caso de que atiendan ciertos servicios que redunden en favor de otras empresas o de la generación de empleo. Por ejemplo, que desarrollen programas de becas para la colocación en el exterior de jóvenes demandantes empleo o que contribuyan a la expansión internacional de otras empresas españolas apoyándolas en este trance, facilitándoles apoyo logístico, informaciones y experiencias y otros medios.

Tiendo a pensar que las medidas dirigidas a reducir el gravamen en el Impuesto sobre Sociedades podrían llegar a afectar de manera negativa y directa en la recaudación y que, dada la actual coyuntura poco contribuirían a favorecer su autofinanciación.

Si se quiere favorecer la autofinanciación de las empresas urge cambiar la reciente modificación de la Ley de Sociedades de Capital que concede derecho de separación a los socios cuando no se atienda su derecho al reparto como dividendo de por lo menos el 30% de los beneficios anuales.

Por otra parte, la lucha contra el fraude, debe constituir una prioridad, pero centrando especialmente los esfuerzos en la investigación en actividades no declaradas y en contribuyentes que viven al margen de la fiscalidad. Se tiene que empezar a aprovechar las capacidades de comprobación en el extranjero derivadas de los últimos convenios de doble imposición suscritos y acuerdos de intercambio de información tributaria.

Aunque el momento puede no ser el más oportuno, debe, al menos,  tenerse en mente la sustitución del régimen de módulos por otro de estimación directa que evite el fraude  que el uso improcedente del sistema de estimación objetiva posibilita.   

La Administración tributaria debe ganar en eficacia, tratar de evitar conflictos y buscar fórmulas de consensuadas de resolución de los mismos, así como explorar la posibilidad de fórmulas, muy implantadas en otros países de nuestro entorno, en virtud de las cuales se le ofrece al contribuyente un marco específico y definido de actuación, con carácter previo al inicio de una actividad, una operación o una inversión, confiriéndosele de este modo una gran seguridad jurídica.   

En fin, se trata de medidas, muchas de ellas puntuales, que deberían valorarse conjuntamente con el resto de las iniciativas vinculadas al gasto público que se decidan adoptar.