La actual situación de la banca lleva consigo una inevitable caída del crédito disponible para las empresas en los próximos años. La dificultad de acceso al crédito no afecta a todos por igual, siendo las PYMES las más perjudicadas.

Las empresas no reclaman crédito para apalancarse alegremente, sino que necesitan la financiación externa para poder crecer. Son numerosos los casos de empresas con capacidad de expandirse más de lo que lo hacen, pero la falta de financiación se lo impide. La explicación es sencilla. La empresa paga los costes de producir o de ofrecer un determinado servicio en un plazo muy inferior al periodo de cobro de las ventas realizadas a sus clientes. Los salarios se pagan a fin de mes. De los clientes no se cobra hasta pasados unos cuantos meses. Por tanto, cuanto más vende la empresa más necesidad de financiación requiere. Con escasez de financiación el crecimiento le puede llevar, incluso, a la suspensión de pagos.

Para facilitar el acceso a la financiación que proporcionan los mercados de capital, en el año 2009 comenzó a operar en España el Mercado Alternativo Bursátil para empresas en Expansión (MAB). Como su nombre indica, el MAB es un mercado dirigido a empresas en expansión que desean recibir financiación de terceros a cambio de abrir su accionariado. El MAB pretende replicar los éxitos alcanzados por el AIM (Alternative Investment Market) británico que ha financiado 1.152 compañías en 16 años de historia y por ALTERNEX (Mercado Alternativo de Euronext) que ha hecho lo propio con 181 compañías en sus seis años de vida.

El éxito de estos mercados alternativos en Europa no habría sido tal sin la existencia de medidas fiscales que favorecen la inversión en los mismos. Así, en Francia se impulsó la creación de fondos de inversión “de crecimiento y emprendedores” para captar inversión de todo tipo de inversores a cambio de deducciones del 25% de la cantidad invertida y de la exención en las plusvalías, siempre que la inversión se mantenga al menos cinco años.

En el caso británico, también existen fondos de inversión especializados con una fiscalidad preferente, que permiten a los inversores deducirse el 30% de su inversión en los mismos. En el caso de inversiones realizadas por particulares, la tributación de las plusvalías se reduce progresivamente en función del número de años de mantenimiento de las acciones en cartera. Adicionalmente, el inversor se puede deducir un importe equivalente al 20% de la inversión, quedando exentas las plusvalías si transcurren tres años desde la adquisición.

En España, desgraciadamente, las medidas de apoyo fiscal al MAB que se han tomado sólo tienen aplicación autonómica, pero no nacional. Los catalanes, madrileños, gallegos y aragoneses disfrutarán de una deducción del 20% de su inversión (con un límite de importe) si, y solo si, invierten en empresas de su propia comunidad autónoma. Se produce una situación tal, que un madrileño no podrá disfrutar de la deducción si invierte en una empresa gallega o andaluza o catalana, y un catalán tampoco se beneficiará si invierte en una empresa vasca o extremeña. 

Si la capacidad conjunta de los inversores españoles no es elevada en comparación con otros mercados, la capacidad de diecisiete comunidades autónomas, cada una por su lado, es ínfima. Visto de forma positiva, al menos algunas CC.AA. se han preocupado de apoyar a sus empresas locales en expansión ante la ausencia de sensibilidad por parte del gobierno central. Sin duda, lo deseable sería que las medidas de apoyo existirán para todas las empresas españolas que eventualmente coticen en el MAB, sea cual sea el lugar de residencia de sus inversores.

En la actual situación de incertidumbre sobre la economía y sobre los mercados financieros, los inversores se sentirían mucho más proclives a invertir y financiar a empresas del MAB si contasen con una deducción del 20% del importe de su inversión y con una exención en las plusvalías generadas si reinvierten en otras empresas del MAB.

El impacto económico fiscal de dicha medida para las arcas públicas es prácticamente nulo o positivo. Por cada millón de euros que lograra financiar la empresa en el MAB, Hacienda dejaría de ingresar por deducciones, como máximo, 200.000 €. A cambio, por cada millón de euros de ventas adicional de la compañía, recibiría 160.000 € en concepto de IVA y en torno a 46.500 € de impuesto de sociedades estimado. Sin contar con los puestos de trabajo creados y los impuestos generados por los nuevos empleos.

Dentro del esperado primer paquete de medidas, el nuevo gobierno tiene una buena oportunidad de crear un sistema de incentivos fiscales para el MAB a nivel nacional que lanzaría varios mensajes positivos:

-          pasos hacia la recuperación de la “unidad de mercado”,

-          estímulo a vías de financiación a empresas en expansión alternativas a la financiación bancaria,

-          medidas de apoyo que no suponen un coste económico fiscal a las arcas públicas,

-          apoyo a la creación de empleo al facilitar la financiación de empresas en expansión.

Por supuesto  esta medida no será la panacea que resuelva los problemas de financiación del grueso de PYMES, pero dentro de un paquete de medidas económicas más global, ayudaría a crear un entorno más adecuado para que en pocos años el MAB pueda ofrecer cifras de financiaciones a empresas españolas superiores a las actuales de ALTERNEX.