Quedarse a vivir en la ciudad de
Fukushima “eleva ligeramente el riesgo a desarrollar un cáncer, pero también lo elevan factores como una mala dieta”. Esa es la opinión que me envía por correo electrónico Evan B. Douple, el jefe de Investigación de la Fundación de Efectos de la Radiación de Hiroshima. Este científico confía en las medidas y recomendaciones del Gobierno japonés y trata de exponer en su justa medida el peligro que corren quienes aún sienten de cerca el peor desastre nuclear desde Chernobyl. Insiste: “En las zonas que han sido declaradas habitables los riesgos son bajos. ¿Me preguntas si es seguro vivir a 30 kilómetros de la central? Pues depende de lo que entendamos como seguro ¿Es seguro conducir sin cinturón?”.

Los problemas de Fukushima han quedado relegados a un discretísimo segundo plano tras el atracón y los excesos mediáticos de la pasada primavera. Sin embargo, la opinión de expertos como Douple la siguen escuchando atentamente, día tras día, los dos millones de habitantes que viven en esta preciosa región situada al norte de Tokio. Porque lo cierto es que la mayoría de ellos no han huido. Siguen viviendo allí.
Pero ¿qué dicen? ¿cómo se sienten?
Tuve oportunidad de preguntarles la semana pasada. Regresé a Japón por primera vez desde finales de marzo y me encontré más o menos lo que me esperaba: una vertiginosa recuperación y una admirable sangre fría a la hora de calcular el impacto de la crisis nuclear. En un céntrico restaurante de “sushi” de la ciudad de Fukushima, Yozaburo Ishihara, diputado del Partido Demócrata, explicaba que la cifra de quienes decidieron marcharse a otras provincias del país no pasa de los 50.000. A él le parecen muchos y, de hecho, ofrece el dato como prueba del enorme impacto que ha sufrido la región. Pero lo cierto es que no representan más de un 2,5 por ciento de la población total de la región. Una cifra que ni siquiera cubre a los cerca de 80.000 familias desalojadas de las zonas limítrofes a la central, la situadas a menos de 20 kilómetros a la redonda.
Una señora sonriente pedaleando en su bicicleta, un matrimonio paseando sin mascarilla... Medio año después de verse al borde del precipicio, la ciudad ha recobrado sus constantes vitales y, al menos de puertas adentro, funciona con la habitual eficiencia japonesa. Por la calle, es cierto, no hay demasiado trasiego de peatones, ya que muchos prefieren quedarse en espacios cerrados para minimizar riesgos. Las autoridades, con la colaboración de grupos de voluntarios, ha empezado a descontaminar miles de edificios, carreteras y caminos, así como a excavar la tierra en las zonas con mayores niveles de radiación. Empezando por las escuelas, para proteger a los niños.
En el plano de la prevención y la recogida de información, se han instalado por toda la región decenas de dosímetros de metro y medio, atornillados al suelo, conectados a una red y alimentados con energía solar. Los medidores de radiación personales, de diferentes tamaños y modelos, son ubicuos y se han elevado a la categoría de complemento. Algunos, de aspecto industrial, se presentan con varios cables y un cuello alargado con el que direccionar el medidor. Otros son tan pequeños que pueden llevarse colgados al cuello. La compañía Docomo comercializa un teléfono móvil con dosímetro incorporado. Mientras tanto, los hospitales y universidades realizan revisiones médicas periódicas, con especial atención a un grupo de 360.000 menores de 18 años, ya que son ellos quienes más riesgos corren.
Por descontado, la mayoría de los habitantes de Fukushima sigue albergando ciertos temores. Algunos, incluso, se han asociado para exigir que el Gobierno desaloje la ciudad y reconsidere qué índices de radiación son seguros y cuáles no. “Los científicos no se ponen de acuerdo y aquí superamos con creces los 0.6 microsieverts/hora que establece la ley como máximo permitido. Están especulando con la salud de nuestros hijos”, explica Mieko Toyama, portavoz de la asociación “Niños de Fukushima”, quien asegura que “los límites de contaminación del agua son aquí mil veces mayores que los autorizados en Estados Unidos y cien veces mayores que los autorizados en Ucrania, el país de Chernobil”.
Para otros muchos habitantes de Fukushima el principal problema es afrontar las consecuencias económicas de la crisis. Su prioridad ahora es mejorar la imagen de la region para evitar la ruina. La provincia, apartada de las grandes areas industriales situadas más al sur, sostenía su nivel de vida sobre dos sectores que han quedado fuertemente perjudicados: la agricultura y el turismo. Sus granjas, que generaban más de 15.000 millones de euros anuales, tardarán décadas en recuperarse. Algo menos se demorarán en volver los cerca de 56 millones de turistas anuales que venían a respirar aire puro y disfrutar de los paisajes y el marisco. Hoy por hoy, a Fukushima solo acuden periodistas y científicos El Gobierno japonés está realizando estrictos controles de contaminación sobre los productos agrícolas y ganaderos procedentes de la zona.
En opinión de Douple, las pruebas son eficaces y estrictas y no entraña ningún riesgo en consumir todo aquello que pasa el corte. En la práctica, casi nadie compra y el precio del vacuno, por ejemplo, se ha hundido a la mitad, con un esperanzador rebote en el último mes. Dado que hay donde elegir, la mayoría de las familias japonesas prefieren no arriesgarse, ni siquiera aquellas que viven en las zonas limítrofes. La desolación de los campesinos es palpable alrededor de la “zona de exclusión”, allí donde los niveles de radiación hacen saltar la alarma del dosímetro. Los cultivos languidecen abandonados, los huertos echados a perder y los establos vacíos. Según comentaba un funcionario del Ayuntamiento de Kawamata “los campesinos simplemente no tienen nada que hacer. Están de brazos cruzados, esperando las ayudas”.