“Nos han jodido bien, si tuvieran vergüenza se pegarían un tiro”, me decía mi amigo Cela sobre los padres de la Transición, quienes nos impusieron este engendro de Estado y de dictadura partitocrática. La casta política jamás renunciará a su enorme entramado de expolio y corrupción: 17 estados, 8.000 ayuntamientos, 4.000 empresas públicas y el 70% del presupuesto, que manejan como les place. Están dispuestos a hundirnos para varias generaciones. Sin embargo, el dilema es muy simple: o ellos o nosotros; o la casta política o nuestros hijos y su futuro.

Rajoy, quien gusta de desaparecer siempre que hay problemas, no ha cambiado el rumbo. Se inclina por mantener el tamaño del Estado a costa de la economía productiva. Mientras, PNV, CiU y Amaiur exigen que escojamos ya entre pagarles un tributo, ahora que estamos en ruina, o la independencia. Y ni lo uno ni lo otro, tal y como hace Francia con los catalanes y vascos franceses.

No solo nos han arruinado, sino que han infligido  un daño irreparable al  tejido productivo, rematado por Rajoy al colocarnos a la cabeza de Europa en impuestos a la renta y al ahorro, una medida que generará una recesión sin precedentes. “Ha puesto a España en una espiral descendente”, afirma The Economist. Mientras la casta política no solo no reduce un sector público gigantesco, que mantiene dos millones de personas a nuestra costa, Rajoy anuncia que no dejará suspender pagos a ninguna comunidad ni ayuntamiento. Es de locos: “Gasten lo que quieran, el Estado les avala”.

Sin embargo, nada como las cifras para conocer el grado de engaño y de expolio al que nos somete la casta política. El pasado miércoles este diario publicó un artículo que narraba cómo las CCAA han creado miles de empresas públicas para colocar a familiares y amigos -520.000 enchufados en conjunto con sueldos superiores a los de los funcionarios- y esconder su deuda. Son empresas que escapan a todo tipo de control: sus empleados se contratan a dedo y no tienen que rendir cuentas a nadie, ni siquiera a los parlamentos autonómicos, una práctica que no tiene parangón en el mundo civilizado.

Pues bien, según el Banco de España su deuda asciende a 15.500 millones de euros, una cifra disparatada que no coincide ni de lejos con la real. En el desglose me encuentro con Valencia, comunidad que conozco bien, cuya deuda en el informe se cifra en 1.694 millones. ¿Qué engaño es este? Solo CIEGSA, la empresa pública para la construcción de escuelas, tiene una deuda de 2.000 millones; la de EPSAR, dedicada a la construcción de depuradoras, alcanza los 1.000 millones; Canal Nou y otros medios suman una deuda de 1.300; la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, después de haber recibido 1.900 millones de fondos públicos, tiene un agujero de 500; y así 46 más. El total arroja una deuda de 9.200 millones, ¡cinco veces superior a la oficial, Doña Soraya!   

No cierran empresas pero encargan un estudio

Tras el hachazo al ahorro y al salario de las familias -en palabras de Alberto Recarte, “nadie pasa ya a Rajoy por la izquierda”, dado que ha colocado el tipo máximo del IRPF en el 52% frente al 50% que pedía Izquierda Unida- se había filtrado que el Gobierno cerraría el jueves 350 empresa de las 454 del Estado -lo de subir el IVA, hidrocarburos, Patrimonio y demás lo dejan para después de las elecciones andaluzas-. No han cerrado ni una. En lugar de eso Sáenz de Santamaría ha encargado un estudio y ha anunciado un maravilloso plan antifraude para recaudar 8.171 millones y 25 céntimos. Bruselas lo ha definido como una tomadura de pelo. Ya puestos, ¿por qué no recaudar 81.710? El viejo plan antifraude de Zapatero pretendía recaudar 70.000 millones y, claro, una abogada del Estado no va a ser menos que un abogadillo de cuarto y mitad.

Sin embargo, el disparate con mayúsculas, el que demuestra que no saben ni dónde tienen la mano derecha, ha sido la fiscalidad sobre las ganancias de capital, que han subido hasta un nivel sin precedentes. La medida no solo no incrementa la recaudación sino que la reduce. Todo hacendista sabe que hay una relación inversa entre tributación sobre las ganancias de capital y recaudación que es muy superior a lo proporcional. Una reducción de un punto en los impuestos sobre las ganancias de capital eleva un 10% la recaudación por este  impuesto. Más graves son, incluso, los efectos devastadores sobre el conjunto de la economía: reduce la inversión, reduce la competitividad y aumenta el paro. No se puede hacer peor. Sus incondicionales, y las almas cándidas, argumentarán: “No les dais tiempo, esperad y veréis”.  Zapatero nos llevaba al abismo. Rajoy, cuanto menos, debería haber cambiado de dirección. Pero ha hecho lo contrario, ha acelerado el camino a la perdición.

Pongamos un ejemplo en cifras. Valencia, que ostenta el récord de endeudamiento/PIB, no modificará los gastos de 2011 en sus presupuestos para el presente año. Será por dinero: 13.754 millones de la administración general, más 2.420 millones de empresas públicas, fundaciones y chiringuitos… en total: 16.174. Ingresos no financieros (suponiendo un incremento del PIB del 1%) de 12.000 millones. Y ahora, su gran plan de ahorro: “Vamos a ahorrar 280 millones subiendo impuestos”. La cita es textual. ¿Desde cuándo subir impuestos es ahorrar? Pretenden reducir 440 millones de gastos sanitarios “gracias a una mejora en la eficiencia sin mermar la calidad del servicio” -una burla- y  otros 270 millones reduciendo salarios y horario de eventuales. Después, el no va más del engaño, reducirán las 46 empresas públicas a seis, pero sin cerrar ninguna; las juntan todas en seis holdings para ocultar deuda. El ahorro total es de 1.000 millones. ¿Y los 3.000 restantes?, ¿y los 1.000 o más porque la economía caerá en torno al 4%?

Ya no pagan a las concesiones sanitarias, a la universidades, a las farmacias… deben a proveedores no menos de 7.000 millones. Deben devolver 500 millones en febrero y no tienen un céntimo. Eso sí, de recortar en despilfarro nada. Ni una palabra de fastos, eventos encargados a dedo, televisiones, empresas públicas inútiles, embajadas, coches oficiales, oficinas de lujo y aeropuertos sin aviones. No es de extrañar que estos insensatos hayan elevado la deuda oficial en un 75% desde 2008, hasta los 20.469 millones.

Si se suma lo camuflado en las empresas públicas, intereses e impagados, el déficit real es de unos 43.000 millones, el doble que el oficial. ¿Qué hace mientras Rajoy? Obligar el jueves a la banca a darles 1.200 millones con nuestro aval para que sigan gastando y mintiendo, mientras asfixia a las Fuerzas Armadas  -menos elogios, Majestad, cuando las dejáis inoperativas para que la casta política mantenga el despilfarro- y recorta en Sanidad y gasto social.

Referéndum inmediato sobre el sistema autonómico

Por ello, repito lo dicho al principio: hasta aquí hemos llegado. O acabamos con la casta política o ésta acaba con nuestras familias y nuestro futuro. Así de claro y dramático. Fíjense en el Congreso o en el Senado, órgano inútil, que se niega a ahorrar un solo céntimo mientras piden austeridad con una desvergüenza pasmosa. O la alcaldesa de Madrid, con 1.500 asesores y 137 coches oficiales, dado que todos los concejales tienen uno, y pretende recortar… ¡10 millones de euros! O la Comunidad de Madrid, definida como el “ejemplo de austeridad a seguir”, que mantiene el mismo nivel de gasto que en 2011 y cuyo déficit se incrementa en un 80%, de 1.435 a 2.583 millones. O Cataluña, donde el despilfarro y la corrupción alcanzan tales niveles que convierten los casos acaecidos en el resto de España en una broma. Hasta las subvenciones de la UE a los agricultores y el dinero de las infraestructuras se las queda la casta política para pagar embajadas y televisiones, coches oficiales y oficinas de lujo.

Pero, sobre todo, fíjense en los gigantescos tentáculos de la clase política en comunidades y ayuntamientos, donde han colocado a dedo a dos millones de amigos y parientes, entre empleados públicos y asesores. La misma casta política que ha aniquilado sin piedad a decenas de miles de pymes y a cientos de miles de autónomos (33.000 solo en 2011) porque no les pagan (deben más de 70.000 millones de euros a proveedores), condenando a millones de españoles productivos al paro para que sus enchufados, totalmente improductivos, puedan seguir comiendo la sopa boba.

En conjunto, un despilfarro de 120.000 millones de euros año, 34.000 de los cuales se disuelven en duplicidades y el resto en despilfarro absolutamente innecesario. Esto no es todo: las siete cajas intervenidas por el BdE, cuyo deber era cerrarlas, necesitarán más de 40.000 millones de dinero público. Y eso para empezar, pues solo representan el 10% del total. El “banco malo” incrementaría la deuda de España en 104.000 millones. Ninguna nación puede sobrevivir con tal grado de irresponsabilidad.

Todo lo anterior solo tiene una salida democrática. Convocar de inmediato un referéndum para la supresión del sistema autonómico. No adaptar, ni optimizar, esto tiene que acabarse de raíz. Para convocarlo se necesitan 500.000 firmas. Rosa Díez las sacaría con mover el dedo meñique. Si se consigue, ni Rajoy, ni Rubalcaba, ni su Majestad, aunque lo intentarán, podrían impedirlo si la gente sale a la vez a la calle. Y el resultado del referéndum sería aplastante contra el sistema autonómico. ¿Qué lo sustituirá? Pues cualquier sistema democrático actual, ninguno de los cuales se asemeja a este engendro. Recojo dos posibilidades, que podrían constituir una segunda pregunta del referéndum: centralismo descentralizado tipo Francia, o Estado federal, tipo Alemania. Cualquiera serviría. Fuera de esto, España no tiene salida. Y quien no sea capaz de movilizarse para defender el futuro de sus hijos, merecerá lo que le pase.