La desconfianza sobre los políticos y los banqueros, a los que el pueblo señala como responsables de la que nos está cayendo, es tal que cualquier dato sobre sus salarios genera un cabreo de mil demonios. Hasta hace no mucho nadie se molestaba por los cinco o seis millones que ganaban y siguen ganando los Emilio Botín y Francisco González, ni los 90 millones de euros acumulados en pensiones por el presidente de BBVA, por poner solo dos ejemplos. Aún menos atención se prestaba al trapicheo de puestos y excelentes remuneraciones de nuestras cajas de ahorro, repletas de amiguetes indocumentados que se lo llevaban crudo.

 

A Rodrigo Rato le tocó esta semana justificar por qué cobró el pasado año 2,2 millones de euros por dirigir Bankia –sin contar el variable- después de que en el último día del pasado ejercicio el Banco de España obligase a retratarse a todos los directivos de la banca española que han recibido algún tipo de ayudas. El exdirector general del FMI, que cobra casi lo mismo que Isidro Fainé pese a que Caixabank gana tres veces más, justificó matizó primero que su entidad no ha recibido ninguna ayuda, sino financiación. Bonito eufemismo. Después, sin perder la sonrisa, aseguró que "todos los salarios de Bankia son transparentes, han sido aprobados por sus órganos de gobierno y sometidos a las autoridades regulatorias".

 

Sería bueno recordarle que sin esos 4.650 millones que el Estado, nosotros, prestó a Bankia a finales de 2010, don Rodrigo no sería presidente de ningún banco, puesto que su antigua Caja Madrid y la denostada Bancaja hubieran sido intervenidos como CCM, Cajasur y CAM o rescatadas como Novagalicia, CatalunyaCaixa y Unnim. Entidades todas estas quebradas que pagaban también generosos sueldos con el visto bueno de sus consejos y del BdE a unos directivos que hoy siguen de rositas disfrutando de aquellos expolios. Sin olvidar la peculiar OPV del pasado verano, en la que, a toque de corneta del Gobierno de Zapatero, todos los grandes de España acudieron a la operación de salvación de Bankia con la cantinela de que se trataba de un riesgo sistémico.

 

Musiquita esa que vuelve a sonar por estos lares por la amenaza del ministro de Economía, Luis de Guindos, de obligar a la banca a reconocer sus pérdidas reales en el ladrillo. Una necesidad imperiosa para que los inversores vuelvan a confiar en nuestras entidades y éstas a su vez reabran el grifo de los créditos. Una maniobra de mark to market que pone a Bankia contra la espada y la pared, como reconoció esta misma semana el propio Rato en una cena con su íntimo amigo De Guindos. “¿A ver de dónde sacamos la pasta”, vino a decir el exministro cuando comentaba la ampliación de capital de 7.400 millones de Unicredit en el caso de que su colega tenista se atreva a desnudarlo.

 

Precisamente, ese carácter de sistémico –alguien la salvará again- hace precisamente que Rato esté más tranquilo que José Maria Castellano. El ex de Inditex anda con el agua al cuello de esa caja creada ad hoc por Alberto Núñez Feijoo, ese joven valor a quien Mariano Rajoy ponía de ejemplo hasta hace bien poco. El muchacho se enfrentó a su propio partido para tener un banco gallego nacional con la famosa ley de cajas local. Se le olvidó que, a ser posible, debía no estar quebrado.

 

Por eso, dicen que De Guindos no le va a dejar a Castellano hasta el 30 de septiembre, como tiene de plazo, para levantar al menos 530 millones de euros para hacerse con el 20% del capital de una Novagalicia ya en manos del Estado. El ex presidente de Lehman en España no le cree capaz de conseguir la tela por mucho contacto internacional que vende el catedrático, más si le aprieta con nuevas provisiones. Necesita un salto mortal para que el Estado, otra vez nosotros, no pierda dinero con ese rescate. Al tiempo.

 

Más sosegado está Antonio Brufau, que esta semana ha culminado la venta de la mitad del paquete del 10% de Repsol que compró obligado a Sacyr Vallehermoso. Se lo ha quitado de encima para evitar cualquier complicación judicial desde el exterior y lo ha hecho ganando incluso unos millones. Brillante operación, salvo que se haya saltado el artículo 5d del reglamento del consejo –en Repsol aseguran que está todo autorizado, como no puede ser de otra manera- que obliga a pedir permiso para cualquier venta de más de 30 millones.

 

Un éxito por el que los bancos colocadores –BBVA, Deutsche Bank, UBS; Goldman Sachs y JP Morgan- le reclaman una comisión extra que Repsol rehúsa pagarles y que se suma a la gran acogida de la colocación de bonos por 750 millones a siete años en la que, por cierto, ha pagado un 17% más de intereses de los que abonó con una emisión de 850 millones a cuatro años en diciembre.

 

Cosas de los mercados –tuvo una demanda de 5.000 millones- y de un valor al alza por la gracia del histórico precio del petróleo. Esperemos que los que han comprado las acciones tengan más suerte que los que suscribieron el pasado año las Ofertas Públicas de Venta (OPV) de YPF, la filial argentina, En especial los clientes de Lazard, que arrastran una palmada de más del 12%, caída que hace un mes y poco era del 25%.

 

Un racaneo ese de la comisión similar con el que Inditex provocó el pasado año la destitución del jefe de responsabilidad social corporativa, Javier Chércoles. Este tipo, que se encargaba de contrastar que en las fábricas del eficiente grupo gallego se cumplieran las leyes laborales más elementales, fue echado por su rigurosidad con una indemnización de 1,57 millones. En

diciembre, Inditex tuvo que pagar 1,4 millones para zanjar un polémico caso de esclavitud en Brasil.

 

Qué sean felices porque la luz, muy al fondo, se empieza a ver. Esta semana, empresas españolas -Repsol, Abertis y Acerinox- han vendido papel por cerca de 4.000 millones. Algo insólito desde desde hace más de siete meses, lo cual demuestra que los mercados se abren por fin. Una excelente noticia.