Comentaba un empresario europeo de los que se juegan sus dineros y que conoce muy bien cómo funcionan estos eriales, que apostó y sigue apostando por España, bicho raro en peligro de extinción y necesitado de exquisitos cuidados paliativos, que aquí solo gana dinero aquel que está pegado al poder político. Y el que no posee tales y costosos arreos, pagando la prima correspondiente a costa del sufrido cliente, mejor que se largue a otro lugar. Y así seguimos, sin empresas capaces de crear empleo.

Una gran verdad sobre todo en aquellos negocios oligopólicos, que una vez fueron servicios, que gozan de los precios más elevados de Europa. Contribuyendo a disminuir la productividad del país, penalizando al resto de la economía. Protección que les permite dar un servicio penoso a los ciudadanos y aprovecharse vilmente de sus hipócritas privilegios, gestionados con incompetencia bajo el manto de un aparente libre mercado bendecido por reguladores nefandos.

Un ejemplo cualquiera

Como hay nada mejor que esclarecer la teoría con una aplicación práctica, allá va un caso bien real, uno de tantos, ocurrido teniendo como protagonista a una pérfida compañía del gremio.

Una microempresa contrata telefónicamente, recalco esto último, un nuevo terminal donde le piden un contrato de permanencia de un año, sin más condiciones relevantes. Lo aprueba firmando su responsable ese papel imposible de leer sin gafas llamado contrato. Ya que al ser estándar y no tener capacidad de negociación, piensa en su buena fe que no hay nada relevante en él que cambie la naturaleza de lo convenido telefónicamente y que no haya sido avisado por el mismo medio que se contrató: el teléfono. Craso error: estamos es España. Se le había olvidado al pobre infeliz.

Donde los reguladores de oligopolios esenciales, en este caso la inoperante Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que deberían vigilar que esa falta de equilibrio entre el abonado, que no cliente, y el todopoderoso operador no se convirtiera en abuso, no solo no lo hacen si no que protegen sus tropelías con su inacción si no con su activa participación.

El caso es que al cabo de año y medio, cuando se supone que el contrato de permanencia había vencido, y hace gestiones para cambiar de terminal porque se había estropeado el que tenía, se encuentra con una cláusula camuflada, más que relevante, de la cual no le habían avisado expresamente al contratar: si en un plazo de tres meses antes de finalizar el año de permanencia no lo comunicaba expresamente, dicho contrato se extendería obligatoriamente por otro año más. Y ya sabemos las facilidades que dan estas compañías para comunicar fehacientemente nada…

En definitiva, un fraude como una catedral que puede que sea legal, pero no es ético. Y si en España hubiese unos legisladores eficaces, un organismo regulador digno de tal nombre y una justicia ejemplar, tampoco sería legal. Porque si uno contrata algo a través de un medio, en este caso el teléfono, debería ser obligación del operador avisar a través del mismo sistema, o en su defecto dar publicidad suficiente de aquello que fuese ciertamente relevante y cuya falta de conocimiento pudiese causar perjuicio.

Los operarios de tan infausto operador, al ver que otro ingenuo había picado, se escudaban en la obligación, casi con recochineo, de que hay que leer la letra pequeña. Y en eso tienen razón. El problema es que las justamente vilipendiadas compañías de telecomunicaciones emiten precisamente este tipo de contratos largos, farragosos e ilegibles con la intención de que nadie se los lea. Se necesita bastante tiempo para ello, algo escaso para los pocos lunáticos que de verdad trabajan y producen algo más que miseria en este país.

Ciertamente, no muchos lo leen. Porque todas las cláusulas son palabrería vana puesta adrede, aunque se camufle la información importante con los perjuicios que se pretenden ocasionar. Saben que solo los tribunales pueden corregir eso, al cabo de muchos años. Con lo que les compensa su cinismo y el dinero embolsado hasta entonces, aún en el caso de que algún imprudente se anime a adentrarse por la maquiavélica senda jurídica patria.

El indefenso abonado español

Si hubiese en España algo parecido a un regulador, obligaría a que estas compañías ofreciesen publicidad adecuada con obligaciones simétricas, y se ocuparía de que todas estas prácticas torticeras fuesen efectivamente penadas y prohibidas. Con contundencia. Desde las facturaciones abusivas hasta las desproporcionadas tarifas internaciones cuando uno viaja por la Europa sin fronteras pero con gravámenes privatizados basados en activos públicos, como es el espectro radioeléctrico. Luego se quejan algunos de los operadores dominantes de que pierden clientes. La mala fama no la han conseguido gratis. El abonado español se siente demasiado a menudo desprotegido.

Los apóstoles del libre mercado dirán que es un acuerdo privado entre dos partes y que cada uno puede hacer de su capa un sayo. Eso es efectivamente así en aquellos sectores con competencia más o menos real, pero no en aquellos necesariamente oligopólicos por su propia estructura donde, para más desconsuelo, están protegidos por el propio regulador de sus clientes (por llamarlos de alguna manera). Ya que la libre competencia en muchos sectores constreñidos geográficamente, necesitados de masivas inversiones y de economías de escala, no es más que una ilusión debido a sus propias características.

Otro día, si les apetece, explicamos por qué pagamos por este servicio esencial en el siglo XXI más que cualquier otro país civilizado. Las cosas no ocurren habitualmente por casualidad y la historia enseña mucho. Y menos en un lugar en donde el capitalismo de ladrillos y amiguetes sigue haciendo estragos en su competitividad, como comentaba el heroico empresario europeo que sigue confiando en que España acabará encontrando su camino. Si se lo propone y limpia estos eriales de corrupción y porquería.

Mientras tanto, dejo a los agudos lectores que identifiquen de qué compañía se trata.