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El último Informe de la Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria, elaborado por Técnicos del Ministerio de Hacienda, enuncia que trabajadores y pensionistas declaran anualmente a la Hacienda Pública una media de 7.200 euros más que los profesionales y los pequeños y medianos empresarios.

Así, asalariados y pensionistas declararon el pasado año una media de 19.288 euros, un 59,5% más que los profesionales y pequeños y medianos empresarios, que declararon unos rendimientos medios de 12.089 euros. El diferencial entre ambos colectivos se ha multiplicado por cinco en los últimos quince años.

Por otro lado, si la cifra de trabajadores y pensionistas se compara con los ingresos de los microempresarios –albañiles, fontaneros y  otros gremios- la cuantía diferencial asciende a 7.600 euros. Los ingresos declarados por los microempresarios también se movieron en el umbral del "mileurismo", situándose en una media de 11.567 euros al año.

Partiendo de estos datos, trabajadores y jubilados parecen obtener  más rendimiento de su actividad laboral que los propios empresarios. Sin embargo, los Técnicos del Ministerio de Hacienda reseñan que el sentido común "hace saltar las alarmas" ya que, realizando una comparativa, resultaría a primera vista "más rentable" ser trabajador o pensionista antes que empresario.

La explicación a este comportamiento tan dispar entre los ingresos declarados por trabajadores y empresarios reside en los altos niveles de fraude fiscal que viene arrastrando España durante los últimos años, según expresan las mismas fuentes. En el país, la bolsa de dinero negro crece ininterrumpidamente.

El informe señala que la economía sumergida aumentó en España en 25.000 millones entre 2000 y 2009, alcanzando actualmente los 245.000 millones. Esta cifra representa el 23,3% del PIB, diez puntos por encima de la media de los países de nuestro entorno, donde el índice de evasión ronda el 13%.

Las alternativas propuestas

Según este colectivo, las cifras evidencian, una vez más, que la Agencia Tributaria del Estado está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal. La razón esencial es que su estrategia se centra en el control de las rentas del trabajo y de las microempresas en lugar de inspeccionar algunas de las principales bolsas de fraude como las ventas sin IVA, el registro de gastos personales como gastos de la sociedad, o el "manejo" de facturas falsas para contabilizarlas como gasto y poder deducirse un IVA no generado por el desarrollo de su actividad.

Ante tal casuística, los Técnicos del Ministerio de Hacienda proponen que el Ministerio y la Agencia Tributaria dirijan sus investigaciones hacia las grandes fortunas y el control de las subvenciones y del gasto público.  En este sentido, se aboga por la elaboración de estudios plurianuales de economía sumergida desagregados por territorios, sectores e impuestos, para calibrar con mayor precisión dónde y cómo se produce el fraude existente. Con ello, el Parlamento podría fijar objetivos prioritarios de reducción del fraude fiscal y en las subvenciones y de aumento de la eficiencia del gasto público, verificando anualmente los resultados de la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado.

Asimismo, los Técnicos plantean otras iniciativas como el Consorcio o la colaboración efectiva entre Administraciones tributarias estatal, autonómicas y locales, la creación de una base de  datos tributaria compartida entre ellas, así como la adopción de medidas fiscales sobre la tributación de PYMES y autónomos, los contribuyentes y las sociedades con ingresos muy altos, Sicavs y ganancias patrimoniales especulativas con las que se mejoraría la prevención del fraude.

Finalmente, aboga por aumentar la responsabilidad de los técnicos del Ministerio de Economía  Hacienda con la creación de un Cuerpo Superior (CSTH) que autorice a los más de 8.000 técnicos a investigar en relación a esta cuestión. Con esta habilitación y un plan eficaz de prevención del fraude, la Agencia Tributaria podría reducir en diez puntos la bolsa de economía sumergida en España, situándose en niveles de fraude similares a los países de la Unión Europea.