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Los trabajadores de la Administración Pública están preocupados por sus posibilidades de supervivencia financiera ante una merma en sus ingresos.

Después de que el pasado mes de mayo, el Gobierno anunciara un recorte del 5% en los salarios de los funcionarios y empleados públicos, la mayoría de estos se han puesto manos a la obra y han acudido en masa a solicitar información sonre operaciones de refinanciación.

Tanto es así, que en el último mes, la Agencia Negociadora ha registrado un incremento de las peticiones del 15% con respecto a los cuatro primeros meses de 2010, debido a la importancia de afrontar con desahogo sus compromisos de pago a corto plazo.

Por su parte, las entidades bancarias han centrado sus objetivos comerciales de activo (préstamos y créditos) en los colectivos más salvaguardados del mercado laboral. Por ello, los funcionarios son un importante foco de atención de bancos y cajas, que valora, asimismo, la capacidad de reembolso del solicitante, sobre todo en estos momentos de crisis económica y elevadas cifras de paro.

En el caso de los trabajadores del sector público, aquélla está garantizada debido a la estabilidad laboral de la que gozan, que supone toda una ventaja a la hora de plantear operaciones de refinanciación.