Bruce Sewell, responsable de asuntos legales de Intel

El fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, ha presentado una demanda federal por prácticas contrarias a la competencia contra el fabricante estadounidense de microprocesadores Intel  en la que acusa a la multinacional de violar la normativa estatal y federal antimonopolio mediante una "campaña sistemática mundial" de prácticas ilegales con el objetivo de mantener su posición dominante y los precios en el mercado de microprocesadores .

En los últimos años, Intel consiguió acuerdos exclusivos con grandes fabricantes de ordenadores, incluyendo a los tres grandes del sector en EEUU (Dell, HP e IBM) en los que éstos accedían a utilizar los microprocesadores de Intel a cambio del pago de miles de millones de dólares, señala la Fiscalía.

Asimismo, la demanda presentada por Cuomo, que incluye multiples comunicaciones a través de correo electrónico y documentos internos de la compañía, apunta que Intel también amenazó y castigó a algunos fabricantes a los que consideraba "demasiado próximos a sus competidores". Entre las represalias con las que se amenazó a estas compañías se incluía dejar de pagar las cantidades que recibían de Intel, financiar directamente a los rivales de esos fabricantes o dar por terminados las alianzas para el desarrollo de productos.  

"En vez de competir limpiamente, Intel utilizó el soborno y la coacción para mantener el estrangulamiento del mercado", dijo Cuomo, quien señaló que estas acciones no sólo afectaron a sus potenciales competidores, sino también a los consumidores. "Estas tácticas ilegales deben terminar y la competencia debe ser restaurada en este importante mercado", añadió.

La Fiscalía de Nueva York señala que para obtener estos acuerdos exclusivos, Intel pagó anualmente centenares de millones de dólares a través de los denominados "reembolsos" a los fabricantes de ordenadores.

"Estos reembolsos eran en realidad sólo pagos sin ningún propósito empresarial legítimo que Intel inventó para ocultar su naturaleza anticompetitiva", precisa la Fiscalía, que apunta que estos pagos podían llegar a representar la diferencia entre beneficos y pérdidas para algunos fabricantes o algunas divisiones de negocio, excediendo en algunos casos el propio beneficio neto del fabricante.

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