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“Es verdad que la banca -no la española- ha hecho un daño inmenso, pero la solución no es imponer un impuesto”. Así, de esta manera tan rotunda se ha manifestado el gobernado del Banco de España sobre la posibilidad de imponer un tributo que paguen las entidades financieras para contribuir a financiar la crisis. Según Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el impuesto no sirve para evitar futuras crisis, por lo que muestra su “escepticismo” sobre su funcionamiento. Y a modo de contrapartida propone articular alguna fórmula para que las propias entidades paguen el saneamiento del sector, pero no destinada a gravar su cuenta de resultados por los daños ocasionados por la hecatombe financiera.

“El impuesto no resuelve los problemas, es mejor evitar accidentes que pagar a las víctimas”, ha dicho el gobernador ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. “Lo que ha pasado en como si hubiera estallado una central nuclear, pero la solución no es que los propietarios indemnicen a las víctimas, sino que ese dinero se destine a evitar que no haya más accidentes”, señaló gráficamente.

Fernández Ordóñez se pone de esta manera al lado de los principales banqueros del mundo, entre ellos Emilio Botín, que en las últimas semanas han mostrado su rotunda oposición a la creación de un impuesto sobre la banca. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha apoyado esta iniciativa que se debatirá esta semana en la cumbre de Toronto del G-20. La propuesta, como se sabe, ha partido de la Unión Europea, pero cuenta con serias reticencias en EEUU y Reino Unido, con una industria financiera especialmente potente.

Fernández Ordóñez ha aprovechado su comparecencia para dar por liquidado el funcionamiento del FROB, el fondo de restructuración del sistema financiero. En su opinión, “el FROB se ha acabado”. No da más de sí después de que la práctica totalidad de las cajas de ahorros hayan culminado –o estén a punto de hacerlo- procesos de fusión o de integración de sus activos, las llamadas ‘fusiones frías’.

Ordóñez ha defendido este tipo de integraciones porque han facilitado los acuerdos y, además, permiten mantener las marcas regionales, lo que en su opinión es importante en un contexto tan competitivo como es el de las cajas de ahorros. Asegura el gobernador que el hecho de que la ley obligue a las entidades a estar 10 años ‘en matrimonio’ hace extremadamente difícil la reversibilidad de esos procesos cuando la tormenta financiera haya escampado.

En su opinión, el hecho de que el FROB haya acabado –su mandato legal acaba el 30 de junio- explica que ahora sí se puedan hacer públicas las pruebas de esfuerzo (los célebres stress test), ya que en estos momentos es posible determinar qué necesidades de capitalización tienen las entidades financieras. Y en este sentido aclaró que las necesidades financieras en la megafusión encabezada por Caja Madrid y media docena de pequeñas cajas de ahorros (que dará lugar a la primera entidad de ahorros del país) superarán ampliamente los 4.000 millones de euros. Es decir, por encima de lo estimado inicialmente.

Fernández Ordóñez ha dicho que el FROB ya alcanza a 38 de las 45 existentes (39 contando a la recientemente intervenida Cajasur) y al 92% de los activos de estas entidades en 12 proceso de integración. De estos procesos, siete se plantean con ayudas del FROB por un importe estimado de 10.000 millones -aunque la cifra no es definitiva, porque en cuatro de ellos las autorizaciones están pendientes- y conllevarán un recorte del 15% de las plantillas y de hasta el 25% de las oficinas.

A este importe se suman los 800 millones destinados a la intervención de Cajasur -al margen de una línea de liquidez de 1.500 millones-, si bien queda pendiente el importe definitivo hasta que se resuelva el "proceso competitivo" de su venta, que requerirá ayudas públicas.  Por otro lado, ha recordado los 3.775 millones de euros concedidos a través el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de las cajas destinados a la intervención de Caja Castilla La Mancha (CCM), ahora embarcada en un proceso de integración con Cajastur.

 "Estas cantidades, aun siendo importantes, son muy reducidas si se comparan con las aportadas por los contribuyentes de otros países", ha indicado Fernández Ordóñez, quien ha recalcado el "positivo efecto" de la decisión del Banco de España en 1999 de obligar a las entidades a constituir una provisión genérica. Desde 2008 se han utilizado 18.200 millones de estas provisiones, lo que alivia el impacto de la crisis con una cantidad mayor destinada por el FROB y el FGD a la reestructuración.