La aerolínea japonesa Japan Airlines presentó ayer su declaración de bancarrota ante el Tribunal de Distrito de Tokio, con una deuda que asciende a 2.320 millones de yenes (17.822 millones de euros) en la que se ha convertido en la quiebra de una compañía no financiera más grande del país desde la Segunda Guerra Mundial, según informa hoy la agencia de noticias local Kyodo.

El Estado nipón, no obstante, ha presentado un plan de rescate de la aerolínea valorado en 900.000 millones de yenes (cerca de 7.000 millones de euros), que durante los próximos tres años intentará reflotar la compañía aérea y que incluye grandes recortes de empleo y de rutas.

De estos 900.000 millones, cerca de 300.000 millones de yenes serán destinados en inversión directa en la aerolínea y se articulará una línea de crédito de 600.000 millones de yenes que tiene el sello del Banco de Japón de Desarrollo.

JAL despedirá al 30% de su plantilla, lo que representa 15.700 empleos, hasta marzo de 2013 y cerrará 31 rutas, tanto domésticas como internacionales, que en la actualidad no reportan beneficios.

El plan gubernamental de rescate de JAL también incluye el reemplazo de algunas de sus aeronaves por modelos más eficientes energéticamente. Concretamente, supone la sustitución de todos sus 37 aviones Boeing 747-400 y 16 aeronaves por 33 aviones pequeños y 17 para vuelos regionales.

"Hoy es el punto de partida para la resurrección de JAL", aseguró en rueda de prensa el ministro de Transporte nipón, Seiji Maehara, quien subrayó que la empresa seguirá a flote. El primer ministro nipón, Yukio Hatoyama, aseguró, por su parte, que el Gobierno dará soporte a JAL para evitar cualquier conflicto operativo de la compañía que pueda afectar al cliente.

El consejero delegado de la aerolínea, Haruka Nishmatsu, presentó ayer su dimisión y será sustituido en febrero por el carismático fundador de Kyocera, Kazuo Inamori.

La compañía, rescatada tres veces por el Gobierno japonés en los últimos diez años, solicitará la protección temporal de sus acreedores, con un procedimiento similar al Capítulo 11 de la ley de bancarrota de EEUU, lo que le permitirá continuar operando mientras procede a su reestructuración con el respaldo del Estado.

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