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El 17% de las personas con trabajo en España trabajan en el sector público. El peso de estas entidades en la economía nacional es tal que los niveles del gasto público respecto al PIB suponen más del 46% y, sin embargo, sólo un 8% de estas empresas se someten a auditorías, según ha explicado Valentí Pich, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas en las jornadas sobre "Administraciones Públicas: Auditoría y Transparencia".

Y es que, la transparencia en el sector público brilla por su ausencia a pesar de que debería ser el más cristalino de todos. La situación se hace más sangrante todavía en el caso de las administraciones locales, donde sólo un 5% de las entidades son auditadas. Así, el año pasado, de las 20.630 instituciones y empresas públicas existentes, sólo 1.719 fueron auditadas.

No obstante, si bien Pich reconoció la buena labor de las instituciones de control y demás ejercientes en la fiscalización pública, que contribuyen con sus informes a la transparencia de su gestión, aseguró que se deben implementar los cambios legislativos necesarios, que establezcan la obligación periódica de someter a auditoría externa las entidades públicas, por lo que es necesario disponer de una Ley de Transparencia para el Sector Público y en este momento se da una coyuntura política muy oportuna, por estar negociándose entre el gobierno central y la Federación Española de Municipios (FEMP), el cambio en el sistema de financiación del sector local, para aumentar su capacidad financiera.

Además, desde el Consejro General de Colegio de Economistas defienden que se da una significativa contradicción entre el hecho de que el sector público crece de forma importante y tiene cada vez mayor peso en la economía nacional y el hecho de que se realizan muy pocas auditorías como se pone de manifiesto en un reciente estudio publicado por CGCE-REA y FIASEP, que indica que sólo son auditadas el 8% del total de entidades, organismos y empresas públicas de nuestro país.