El conflicto del Gobierno argentino con el Banco Central por el uso de reservas monetarias para pagar deudas sigue envuelto en una maraña jurídica de final abierto con renovados choques entre las partes. La jueza que suspendió el decreto presidencial que dispone el uso de reservas para formar un millonario fondo destinado a pagar deudas y restituyó en el cargo al presidente del Banco Central, Martín Redrado, resolvió este lunes que la causa entre en un proceso común y deje de ser, como hasta ahora, un trámite urgente de acción de amparo.

La decisión de la jueza María José Sarmiento hace prever que el Gobierno volverá a insistir ante un tribunal de apelaciones con su decisión de usar divisas del Banco Central y cesar a Redrado, el motivo del conflicto que estalló la semana pasada.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, defendió su política al subrayar que el país necesita salir del cese de pagos de 2001, en referencia a que falta llegar a un acuerdo con los acreedores que rechazaron la refinanciación de 2005.

Legisladores de la oposición habían solicitado la acción de amparo a Sarmiento, una jueza de turno en período de receso judicial, quien el viernes pasado dio lugar al pedido de los parlamentarios al entender que el Congreso es el que tiene potestad para decidir sobre el uso de las reservas. Sarmiento también anuló el viernes la destitución de Redrado, al considerar que el jefe del Banco Central sólo puede ser destituido por el Parlamento.

Los dictámenes de la jueza fueron apelados el sábado por el Gobierno ante un tribunal de alzada que remitió ayer el asunto a la propia Sarmiento para su análisis. Según el Centro de Información Judicial, Sarmiento pasó el caso a un proceso judicial ordinario, con lo cual se extienden los plazos para resolver sobre el asunto y se permite a las fuerzas de oposición Coalición Cívica y Propuesta Republicana contestar la apelación del Gobierno.

En tanto, el juez federal Norberto Oyarbide habilitó el inicio de la instrucción en plena feria judicial de una denuncia presentada por la Fiscalía de Estado contra Redrado por presunta "mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público", como le acusó la mandataria para cesarlo por decreto el jueves pasado.

Otro capítulo judicial, del que no hubo novedades, es la denuncia penal radicada por el diputado y cineasta Fernando "Pino" Solanas contra Fernández y el ministro de Economía, Amado Boudou, por considerar "inadmisible" que el Gobierno pretenda "meter la mano" en el Banco Central. "Argentina necesita imperiosamente salir del default (cese de pagos de 2001) para que las empresas puedan conseguir financiación más barata en todas partes del mundo", remarcó la presidenta durante un acto en Buenos Aires.

Fondo del Bicentenario para pagar deudas soberanas

Fernández defendió la creación por decreto del denominado "Fondo del Bicentenario", que habilita el uso de 6.569 millones de dólares de las reservas monetarias del Banco Central (unos 48.10 millones de dólares) para el pago de deudas soberanas este año. En este sentido, consideró "clave" la instrumentación del fondo para volver "al mercado de capitales" y opinó que, por medio del uso de reservas en divisas, Argentina accederá a tasas "mucho mejores" en comparación a otros mecanismos de financiación.

En la vereda opuesta, Redrado ratificó su posición y evitó comentar informaciones que aseguran que fondos de inversión especulativa acreedores del país podrían embargar cuentas del instituto emisor si se cumplieran los deseos de la mandataria.
El conflicto estalló en momentos en que Argentina se prepara para ofrecer una refinanciación de bonos en mora por 20.000 millones de dólares en manos de acreedores que rechazaron la reestructuración de 2005, cuando el país salió del cese de pagos de 2001, el mayor de la historia financiera (unos 102.000 millones de dólares).

El vicepresidente argentino, Julio Cobos, enemistado con el Gobierno desde 2008, prevé reunirse con los jefes de los grupos parlamentarios del Senado para analizar si el Parlamento en receso puede convocarse en sesión para analizar la validez de los decretos gubernamentales, una posibilidad que rechaza el oficialismo.

Asimismo, la comisión parlamentaria que controla los decretos presidenciales, integrada por ocho oficialistas y otros tantos opositores, se reunirá el próximo miércoles para analizar el dictamen que habilitó el uso de reservas y el que cesó en su cargo a Redrado.

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