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La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra el ex presidente de Metrovacesa Joaquín Rivero por la comisión de un presunto delito de abuso de información privilegiada en la compra en 2005 de acciones de la inmobiliaria que entonces presidía.

Según la querella, Rivero "obtuvo un beneficio ilícito de 2,80 millones de euros al incumplir las obligaciones impuestas a quienes están en posesión de información privilegiada, y aprovechar este conocimiento reservado para comprar acciones de Metrovacesa por medio de sociedades de las que era beneficiario último (Quimafe y Eusko Levantear)".

La querella de la Fiscalía Anticorrupción se suma a las demandas que los actuales gestores de Metrovacesa presentaron el pasado mes de septiembre contra Rivero y el ex consejero delegado de la inmobiliaria Manuel González ante los Juzgados Mercantiles de Madrid.  Las demandas, admitidas a trámite, atienden a dos operaciones mercantiles concretas realizadas en la inmobiliaria en 2003 y 2007.

En el caso de la querella de Anticorrupción, se refiere a compraventas de acciones de Metrovacesa que tuvieron lugar a finales de 2005, cuando Joaquín Rivero era su presidente.

El 24 de diciembre de 2005 el empresario Luis Portillo alcanza un acuerdo con Román Sanahuja (entonces primer accionista de Metrovacesa) y Joaquín Rivero para venderles las acciones que tenía de la inmobiliaria a 57,5 euros por acción, un precio "notablemente superior" a la cotización de esas fechas (51,5 euros). El pacto no se hizo público para el mercado hasta el 30 de diciembre, provocando una "notable revalorización" de las acciones.

Entre esas dos fechas, y según la querella de la Fiscalía, "Joaquín Rivero decidió aprovechar en su propio beneficio esa información a sabiendas de que, una vez hecha pública, elevaría la cotización de las acciones".

Así, entre el 24 y el 30 de diciembre de 2005, Rivero preparó cuatro operaciones, que se contrataron el 29 de diciembre, por las que Metrovacesa vendió 617.500 acciones de su autocartera a distintas entidades financieras y a precios de mercado. Tras la publicación del acuerdo con Portillo, dichas entidades transfirieron las acciones a las sociedades Quimafa y Eusko Levantear, al precio convenido más una comisión, "en todos los casos muy por debajo del precio del mercado".

Según Anticorrupción, Joaquín Rivero era en esas fechas beneficiario económico último de esas dos sociedades y concluye que el empresario "incumplió las obligaciones impuestas a quienes tienen información privilegiada".

La Fiscalía recuerda que "atendiendo al beneficio obtenido" (más de 600.000 euros), el presunto delito puede ser castigado con una pena de entre cuatro y seis años de prisión, multa por hasta el triple del beneficio obtenido, e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad por un periodo de entre dos y cinco años.

Posible blanqueo de capitales

Anticorrupción indica además que se han descubierto "operaciones de movimientos de efectivo y entre cuentas bancarias que resultan compatibles con posibles conductas de blanqueo de capitales". Según explica, fueron detectadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la investigación que realizó para demostrar la vinculación de Rivero y la firma Euko Levantear.

En este sentido, indica asimismo que la CNMV "pone de manifiesto otros movimientos realizados en las cuentas bancarias españolas de las sociedades Steneberg y Gramano (sociedades a través de las que Rivero tenía las acciones de Metrovacesa) en las que se producen entradas y salidas de fondos de no residentes radicados en Mónaco y Luxemburgo, en algún caso relacionadas con salidas de fondos de Metrovacesa y que no han sido explicadas".

"Tales operaciones, indirectamente relacionadas con los hechos objeto de la querella deben ser denunciados y objeto de investigación en el marco de las correspondientes diligencias previas que se incoen a tal efecto", añade la Fiscalía.

Joaquín Rivero presidió Metrovacesa desde que su empresa Bami la adquirió en 2002 hasta que en 2007 la familia Sanahuja tomó el control de la inmobiliaria tras la 'guerra de OPAs' mantenida entonces por la compañía. En la actualidad, Metrovacesa y Rivero son primer y segundo máximo accionista, respectivamente, de la inmobiliaria patrimonialista francesa Gecina, donde cuentan con una participación del 26,9% y del 16,1%.