El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció hoy que ha reformado su marco anticorrupción para acelerar la investigación y sanción de las denuncias de irregularidades en los proyectos financiados por el organismo. Las medidas, que revisan el marco para combatir la corrupción creado en el 2001, contemplan una mayor protección de los denunciantes, así como el fortalecimiento del apoyo a los países en su lucha contra la corrupción.

El organismo informó también en un comunicado que está explorando formas de coordinar con otras instituciones multilaterales de desarrollo sus sanciones contra prácticas prohibidas. El marco anticorrupción del BID fue revisado por un grupo externo encabezado por Richard Thornburgh, ex fiscal general de EEUU y ex gobernador de Pensilvania.

El BID señaló hoy que Thornburgh presentó varias recomendaciones a finales del 2008 para reforzar los procesos de investigación y las sanciones, así como medidas para brindar mayor apoyo a los países miembro para combatir las prácticas corruptas. Basándose en esas recomendaciones, el BID decidió ampliar la protección a los denunciantes para incluir a terceros.

A partir de ahora, el BID podrá notificar a las autoridades nacionales cuando recibe denuncias de represalias de o contra terceros y que involucren a los programas del banco. Dentro del nuevo marco se reafirmó también la política de proteger de represalias al personal. Como parte de la nueva política el BID ha elevado a la categoría de oficina de asesoramiento independiente a la Oficina de Integridad Institucional (OII), que investiga denuncias de corrupción y era una unidad dentro de la presidencia.

El BID indicó que para aumentar los recursos disponibles en el proceso de sanciones ha aprobado la creación de un nuevo puesto de Oficial de Casos. Esos oficiales revisan los resultados de las investigaciones de la OII y tienen autoridad para sancionar a los involucrados en prácticas prohibidas, incluyendo la suspensión de la participación en programas financiados por el Banco.

Las recomendaciones de los oficiales de casos pueden ser apeladas ante el nuevo Comité de Sanciones, que incluirá por primera vez a cuatro miembros externos así como a tres funcionarios del Banco. Los siete integrantes del comité serán nombrados por el presidente del BID.

Los casos individuales serán juzgados por un panel de tres miembros designados por el presidente del Comité de Sanciones, que también tendrá jurisdicción sobre la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), la institución afiliada del BID que apoya a la pequeña y mediana empresa. El BID apuntó que el Comité de Sanciones juzgará casos, función que antes competía al Comité Supervisor de Fraude y Corrupción, integrado por altos directivos del Banco.

El citado comité supervisor se ha convertido en un Comité de Política contra la Corrupción, que se centrará en el desarrollo de políticas y la supervisión de las iniciativas del Banco contra la corrupción. Por otro lado, el BID destinará más recursos presupuestarios para ayudar a los países a analizar mejor y hacer un diagnóstico de las prácticas contra la corrupción. El organismo destacó que el objetivo es detectar a tiempo las posibles deficiencias e identificar oportunidades que permitan el fortalecimiento de las instituciones. El año pasado el Banco sancionó a 25 personas y ocho empresas por incurrir en prácticas prohibidas. EFE tb/mla/sm

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