La banca española podrá seguir recibiendo avales del Estado por un valor de 100.000 millones de euros al emitir bonos y obligaciones nuevas, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy haya decidido renovar esta medida aprobada en 2008 por el anterior Ejecutivo. Otros países europeos también avalan las emisiones de sus bancos para facilitar su financiación y la captación de fondos con menor interés que si acudieran en solitario a los mercados, algo prácticamente imposible en estos momentos para muchas entidades.
Según el texto del real decreto de medidas extraordinarias aprobadas en el último consejo de ministros, el aval del Estado garantizará tanto el principal de la emisión como los intereses ordinarios. Fuentes financieras explicaron hoy a Efe que la banca española recurrió a los avales con el estallido de la crisis financiera, pero dejó de hacerlo cuando la prima de riesgo española se disparó con la crisis de la deuda soberana del euro. La razón fue que el precio que empezó a tener que pagar la banca por estos avales resultaba mucho más caro que la financiación directa a través del Banco Central Europeo (BCE).
Ahora, sin embargo, se considera que
la prórroga de esta medida puede ayudar a la banca española que afronta unos vencimientos
cifrados en 120.000 millones por PwC, ya que el próximo año debe devolverse o renovarse
toda la deuda avalada por el Estado a tres años que las entidades emitieron masivamente en 2009, aparte de muchas emisiones sin aval.
2011 ha sido el año más duro de lo que llevamos de crisis para la banca, pero
2012 tiene mucha mejor pinta. No porque la economía vaya a mejorar (el nuevo Gobierno ya ha anunciado que España volverá a la recesión el próximo año), sino porque
se ha aliviado su principal angustia: la liquidez. Además, el cierre de la reforma financiera, con o sin
banco malo, permitirá que se recupere la confianza y se reactive el crédito. Eso sí, habrá ganadores y perdedores: muchas entidades actuales no lograrán sobrevivir y tendrán que ser absorbidas por otras.
El real decreto fija un máximo de 100.000 millones para otorgar avales del Estado, más de 92.500 millones para garantizar la aportación de España al fondo europeo de estabilidad financiera, y otros 3.000 millones para avales destinados a garantizar valores de renta fija emitidas por fondos de titulización de activos. Además, otra de las novedades aprobadas en el último consejo de ministros es que las cajas no tendrán ya que convertirse en fundación, como les obligaba el anterior Ejecutivo, cuando tengan menos del 50% del capital de sus bancos, siempre que mantengan el control de la entidad.