El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que el Ministerio de Trabajo actuará con la "máxima exigencia" en la toma de decisiones respecto al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por Telefónica, si bien ha subrayado que afecta a una empresa con "distintas divisiones" que actúan en varios países y cuyos datos serán, por lo tanto, "evaluados adecuadamente", como ocurre "en todos los demás" casos.

"Pero por supuesto que comparto con su señoría la máxima exigencia por parte de las Administraciones Públicas a la hora de la toma de decisiones en esta materia por parte de las empresas", ha destacado Zapatero en respuesta al diputado del BNG Francisco Jorquera durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja.

El nacionalista gallego ha denunciado que una empresa que cerró el año 2010 con las mayores ganancias de su historia, "más de 100.000 millones de euros de beneficio neto", y anuncia el reparto de "multimillonario de dividendos" se disponga a suprimir el 20% de su plantilla.

Enmienda sobre los EREs

Zapatero ha incidido en que "cuestión distinta" de si el ERE está justificado es si las arcas públicas deben asumir costes cuando empresas disponen de recursos suficientes, lo que justifica la enmienda impulsada por el PSOE en el Congreso para que las empresas en esta situación compensen al Estado por este coste para los servicios públicos de empleo.

En este sentido, ha asegurado que la enmienda se enmarca en las medidas adoptadas por el Gobierno en relación a los EREs para fomentar los de reducción de jornada en vez de los de extinción de empelo. Así, ha asegurado que a día de hoy, los primeros se han multiplicado por cuatro hasta suponerse el 35% del total.

Elude cambiar la ley

No obstante, Jorquera ha remarcado que "no es suficiente" con adoptar medidas para que el coste del desempleo recaiga en las arcas públicas sino que es necesario dar un paso más e impedir estos EREs.

En este sentido, Zapatero se ha limitado a recordar lo que determina la legislación vigente, modificada tras la última reforma laboral, y que, a su juicio, ya aporta las suficientes garantías para evitar "abusos" y "corroborar" que los EREs están suficientemente justificados