El ex presidente de Caja Castilla La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, defendió anoche su gestión en la entidad al afirmar que todas las operaciones realizadas fueron aprobadas siempre por el consejo de administración, al tiempo que sostuvo que la caja hubiera podido seguir funcionando sin ser intervenida.

El ex diputado socialista, que presidió la caja desde 1999 hasta su intervención por parte del Banco de España en marzo de 2009, prestó hoy declaración durante dos horas ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que mantuvo su imputación por administración desleal, estafa y falsedad contable, entre otros delitos.

Según fuentes jurídicas, el ex presidente de CCM afirmó que buena parte de los problemas de la entidad estuvieron motivados por "la falta de reputación y credibilidad" causada por la salida de varios miembros del PP de su consejo de administración y por la campaña de desprestigio que sufrió la entidad, lo que derivó en la retirada de depósitos y liquidez por valor de 5.000 millones.

Contrariamente a lo afirmado por el PP, que presentó la denuncia que ha motivado la apertura de diligencias en la Audiencia Nacional, Hernández Moltó sostuvo que no impulsó la concesión de créditos a conocidos empresarios castellanomanchegos, al tiempo que dijo desconocer que la caja tuviera una excesiva acumulación de riesgos en el sector constructor e inmobiliario.

Según Hernández Moltó, todas las actuaciones llevadas a cabo por CCM fueron aprobadas por unanimidad por el consejo de administración, con los respectivos informes favorables de la comisión de riesgos y de la comisión ejecutiva, que entonces destacaban la "solvencia" de los receptores de los créditos.

Entre las operaciones que acometió la caja que han sido más criticadas destaca la concesión de préstamos a la familia Sanahuja para la compra de Metrovacesa, los créditos concedidos a la familia Díaz de Mera para importantes inversiones inmobiliarias o los préstamos para la construcción del aeropuerto de Ciudad Real, cuya gestora (CM Aeropuertos) fue declarada en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).

Por su parte, el abogado defensor de Hernández Moltó, José Ángel González Franco, indicó que pedirá el sobreseimiento de la causa en cuanto se terminen de practicar las diligencias pendientes, como son las declaraciones de los miembros de la comisión de riesgos y de otros órganos que analizaron las operaciones crediticias llevadas a cabo por CCM.

A su salida de la Audiencia Nacional, Hernández Moltó aseguró encontrarse "satisfecho" y mostró su esperanza de que "este proceso acabe felizmente". La declaración del antiguo diputado socialista había sido solicitada por el abogado del PP Ignacio Gordillo (ex fiscal de la Audiencia Nacional y socio del despacho Martínez Echevarría), así como por la Fiscalía Anticorrupción, que además pidió que se imputara al ex director general de CCM, Ildefonso Ortega.

Ortega, que también declaró hoy ante el juez, aseguró que actuó en CCM como un directivo más de la entidad financiera, y nunca de forma individual. La denuncia del PP señala que la concesión de créditos impulsada por Hernández Moltó supuso a la entidad pérdidas de 746 millones en 2008 (frente a los beneficios inicialmente anunciados) y de 563 millones en 2009.

De acuerdo con el Banco de España, se habían producido deterioros en el valor de los activos de 35 de las 45 sociedades participadas por CCM, con un impacto total de 417,2 millones.

Hernández Moltó, que es el primer directivo de una caja de ahorros en ser imputado por su supuesta mala gestión, presidió la caja hasta marzo de 2009, cuando fue intervenida por el Banco de España, que tuvo que aportar 1.300 millones de euros a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), a lo que hay que sumar 1.150 millones garantizados con aval del Estado.