El ex secretario de Estado de Economía y director del centro financiero de Pricewaterhouse Coopers (PwC), Luis de Guindos, pronostica una segunda ronda de consolidación de cajas de ahorros antes del próximo 10 de marzo, fecha en que el Banco de España dé a conocer las eventuales necesidades de capital de las entidades caso por caso.

Considera que algunos de los 17 grupos de fusiones existentes en España optarán por fusionarse con otras entidades para alcanzar las nuevas exigencias de capital establecidas por el decreto ley de Reforzamiento Financiero ante las dificultades que van a tener algunas cajas para levantar capital privado.

En este sentido, De Guindos considera que es fundamental que haya transparencia y conocer con detalle los riesgos asumidos por las entidades, fundamentalmente, el inmobiliario, pero también la exposición a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, algo que cobrará imporntancia en los próximos meses. Si no existe transparencia, "los inversores no entrarán o lo harán con descuentos importantes" y el core capital que tenga cada entidad "no sirve para nada".

El hecho de que el decreto ponga el acento el el capital básico que deben alcanzar las cajas y los bancos es un problema, porque "el inversor no se fija solo en el ratio de capital, si no que mira la capacidad de generación de recursos fiables en el futuro, isi el negocio en 3 ó 4 años va a funcionar y ser eficiente".

Además, "sin transparencia no vamos a poner nunca a las entidades financieras en situación de conceder crédito", porque, según ha explicado "no se pueden reconocer ni dejar caer los riesgos 'malos', por lo tanto, la única forma de que se dé dinero a los que tienen un riesgo 'bueno' es que se reconozcan los malos".

De Guindos estimó que la inyección de recursos públicos a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que supone la nacionalización parcial o total de la entidad, "debe ser la última opción" por el coste que acarrea para el contribuyente la emisión de deuda pública y para la imagen exterior de España.

Según el informe elaborado por el Centro del Sector Financiero de PwC e IE Business School, del decreto-ley  publicado el pasado sábado pueden extraerse conclusiones positivas, como el hecho de que su aprobación significa reconocer que el sistema financiero tiene un problema de credibilidad, condición necesaria para solucionarlo, así como la posible aceleración de la reestructuración de algunas entidades.

Y el hecho de elevar la ratio de recursos propios por encima del umbral marcado por Basilea III supone, además de un reconocimiento implícito de la falta de credibilidad del sistema en su conjunto, una desventaja para las entidades españolas frente a sus competidores internacionales.