La Comisión Europea ha decidido este lunes llevar ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) la tasa que España ha impuesto a los operadores de telecomunicaciones para financiar Televisión Española (TVE) y compensar así la supresión de publicidad.

Bruselas considera que esta tasa "es incompatible con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones, que disponen a que las tasas específicas cobradas a los operadores de telecomunicaciones estén relacionadas directamente con la cobertura de los costes de regular el sector de las telecomunicaciones", según ha dicho en un comicado.

La Comisión estima que la tasa iba a generar unos ingresos de aproximadamente 230 millones de euros en 2010.

El Ejecutivo comunitario ha denunciado también ante el Tribunal de Justicia el modelo de financiación de la televisión pública francesa, en el que se basa el español. En octubre de 2010, la Comisión ya emplazó a las autoridades francesas y españolas a suprimir esos "impuestos sobre las telecomunicaciones", pero tanto Madrid como París han desoído esta petición, por lo que Bruselas ha decidido llevar el caso ante la justicia.

El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, se reunió el pasado 1 de febrero con la comisaria de Telecomunicaciones, Neelie Kroes, para defender la legalidad de la tasa y le ofreció introducir "algunas precisiones técnicas" con el fin de evitar una denuncia ante el TUE.

Jáuregui alegó que el nuevo sistema de financiación de TVE "no violenta los Tratados ni las directivas" y que el Gobierno quiere "sostenerlo".  

Según las normas europeas sobre telecomunicaciones, las tasas específicas cobradas a los operadores sólo pueden sufragar determinados costes administrativos y de reglamentación (principalmente las autorizaciones y las tareas de regulación) y deben ser objetivas, transparentes y proporcionadas. También se debe consultar oportunamente a las partes interesadas.

Sin embargo, Bruselas considera que la tasa a las telecos para financiar TVE no está relacionada con los costes de regular el sector sino que responde a la ausencia de ingresos publicitarios de la televisión pública.

Kroes, lanzó el expediente contra España en marzo de 2010 y aseguró en aquel momento que la tasa "parece afectar indebidamente a los operadores de telecomunicaciones, pudiendo limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados y penalizando en definitiva a sus clientes".

El nuevo modelo suprime la publicidad en TVE y obliga a los operadores de telefonía a contribuir a la financiación de la televisión pública con el 0,9% de sus ingresos, a las cadenas privadas a aportar el 3%, y a las de pago el 1,5%.

El Ejecutivo comunitario archivó el pasado 20 de julio una segunda investigación que había lanzado contra el nuevo modelo de financiación de RTVE tras concluir que éste respeta la normativa comunitaria sobre ayudas públicas porque garantiza que la televisión pública "no recibirá una compensación excesiva por prestar servicios públicos de radiodifusión". El cierre del caso ha sido recurrido ante el TUE por una televisión privada, según Jáuregui.