El consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, y otros tres directivos de la entidad han negado ante la juez haber facilitado la salida a determinados clientes del fondo Santander Banif Inmobiliario en octubre de 2008, tres meses antes de pedir la suspensión de los reembolsos, según fuentes jurídicas.

"No se dio información privilegiada a nadie para facilitar el reembolso de octubre de 2008. Es más, no había información privilegiada alguna, ya que la razón principal por la que hubo un número elevado de reembolsos dicho mes fue sin duda la crisis", según explicaron fuentes jurídicas de la entidad.  

Así, los directivos de la entidad cántabra defendieron que estos clientes (cerca del 16%) salieron bajo iniciativa propia y que la suspensión de los reembolsos del fondo durante dos años, que afectó a  43.971 ahorradores, se debió a la crisis financiera desatada en septiembre de 2008 y a la desconfianza generada por la quiebra de Lehman Brothers.

El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid tomó declaración este martes como imputados a Sáenz, así como al vicepresidente tercero del grupo, Matías Rodríguez Inciarte; al vicepresidente de Banif, Rodrigo Echenique Gordillo, y al consejero delegado de Santander Real Estate, Pedro Ruiz Olivares García.

Los directivos del Banco Santander defendieron que el fondo no era especulativo y consideraron "normal" que los fondos inmobiliarios obtengan su rentabilidad tanto de los alquileres de los inmuebles como de su revalorización. Los querellantes aseguran que todos los ingresos iban destinados a pagar a los partícipes que salían del fondo.

La juez Belén Sánchez abrió esta causa penal a raíz de la querella presentada por la asociación Activa, bajo la dirección del bufete Moreno-Luque y del abogado Antonio Panea, a la que se sumó el Ministerio Fiscal y cinco acusaciones particulares, entre las que se encuentra la Mutualidad de Procuradores, que tenía 21 millones de euros invertidos.

Piden prisión eludible bajo fianza

La juez aceptó celebrar una vista para estudiar las medidas cautelares de prisión eludible bajo fianza solicitadas por la asociación Activa contra Sáenz, Rodríguez-Inciarte y Ruiz-Olivares. La fecha quedó pendiente de fijar y no afectará a Echenique, ya que la acusación considera que desconocía la operativa, según fuentes de los querellantes.

Por su parte, la asociación Activa considera que Banif ya conocía el riesgo al que se enfrentaban los partícipes del fondo, porque la crisis de las hipotecas 'subprime' estadounidense tuvo lugar en agosto de 2007. Asimismo, los querellantes recordaron que en febrero de 2008 el fondo sólo tenía 2,5 millones de euros.

Los abogados de la entidad presentaron un informe en abril en el que informan a la juez de que el pasado mes de marzo Santander Banif Inmobiliario devolvió a sus partícipes 2.500,7 millones de euros gracias a las aportaciones de distintas entidades del Grupo. Estos reembolsos equivalían al 93,01% del patrimonio del fondo.

Los directivos de la entidad cántabra están imputados por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, maquinación para alterar la libre formación de precios en el mercado, publicidad engañosa, información privilegiada y delito societario.