ACS e Iberdrola se verán de nuevo en los tribunales este miércoles, 19 de octubre, cuando se celebra la vista previa de la demanda de impugnación que el grupo de construcción y servicios presentó contra varios acuerdos de la última junta de accionistas de la eléctrica, celebrada el pasado mes de mayo.

La vista se enmarca en el contencioso que las dos compañías mantienen desde hace casi dos años para determinar si el grupo de construcción y servicios puede entrar en el consejo de la eléctrica, de la que es primer accionista con una participación del 19%.

La nueva vista judicial tendrá lugar en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao, según informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.

En su demanda, el grupo que preside Florentino Pérez impugna dos acuerdos de la última asamblea de Iberdrola, los correspondientes a las modificaciones que la eléctrica realizó en sus estatutos sociales y que, entre otros cambios, supusieron reducir hasta catorce el número máximo de miembros de su consejo.

El juicio por esta demanda de impugnación arrancará en tanto aún está pendiente de resolución definitiva la demanda de impugnación que ACS también presentó contra la junta de Iberdrola de 2010.

El grupo constructor tiene recurrido ante la Audiencia Provincial de Bilbao el fallo que el Juzgado Mercantil emitió el pasado mes de enero por el que desestimó íntegramente su demanda, al considerar a ambas empresas "competidoras" en energías renovables e ingeniería industrial y tener intereses contrapuestos en otras áreas como el coche eléctrico.

En paralelo, ACS e Iberdrola están además pendientes de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso presentado por Iberdrola a la ley 'antiblindajes' que entró en vigor el pasado 1 de julio.

La vista de este miércoles supone así un nuevo paso en la 'batalla' judicial que ACS e Iberdrola mantienen desde hace casi dos años, en la que el grupo de construcción y servicios defiende que tiene derecho a contar con representación en el consejo de la eléctrica, mientras que la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán se opone por considerar que se trata de una empresa competidora en varios de sus negocios.